Ante el informe recibido por la edila nacionalista Gabriela Gómez Indarte de la Intendencia Departamental de Paysandú respecto a las medidas por el hurto de dinero en el Centro de Cercanía de Merinos, la curul considera que ha quedado comprobada la “incapacidad” para adoptar medidas en cuidado de los dineros públicos.
El 17 de diciembre de 2019, la citada edila realizó un pedido de información al intendente departamental, Dr. Guillermo Caraballo amparada en la Ley Nº 18.381 solicitando saber respecto de lo ocurrido en el Centro de Cercanía de Merinos en donde tuvo lugar un hurto ese mes.
Ante el pedido de indicar vínculo entre IDP y Correo Uruguayo para la gestión de ese centro se le respondió que “el Centro de Cercanía de Merinos quedó operativo a partir del día 19/7/19 mediante la firma de un convenio entre la Intendencia de Paysandú representada por el Sr. Intendente Guillermo Caraballo y la Administración Nacional de Correos del Uruguay representada por su presidenta, Sra. Solange Moreira”.
Acerca de garantías que se han ofrecido al personal en cuanto a su seguridad, ya que se manejan montos de dinero, se le señaló que el funcionario a cargo cuenta con Seguro de Caución, a la vez que no hay guardias de seguridad ni cámaras, en tanto la IDP considera que no se cuenta con guardia porque “es inviable por su ubicación del local y por el costo que significaría”.
A su vez, está permitido dejar dinero en caja, y las remesas están a cargo de una empresa especializada en traslados de caudales una vez al mes. En ese centro, además, hay un solo funcionario responsable que ingresó por concurso abierto y público realizado por la Intendencia y recibió capacitación del Correo. Sobre el hurto, el informe indica que el monto es de 178.878 pesos uruguayos, y que el funcionario detectó el hecho el lunes 16 a la hora 9.
En cuanto al motivo por el cual “no se tomaron las medidas de seguridad correspondientes”, la Intendencia dio cuenta de que el dinero estaba en una caja de seguridad debidamente cerrada, empotrada al piso, a tal punto que rompieron el piso para sacarla ya que no pudieron abrirla en el lugar.
Para la edila Gabriela Gómez, “estas respuestas demuestran la incapacidad en cuanto a tomar medidas que garanticen la seguridad de los dineros públicos. Además, si sucediera una rapiña mientras el centro permanece abierto, no existe seguridad ninguna para el único funcionario que atiende dicho centro ya que no se cuenta con la vigilancia correspondiente”.
“Tampoco existen cámaras, en las que debería quedar registrado todo el movimiento de dicho centro. Asimismo, es inseguro hasta para los propios clientes por carecer totalmente de medidas de seguridad básicas. Urge que se tomen cartas en el asunto por lo delicado del tema”, agrega la representante nacionalista.