La web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) recuerda que en Uruguay se realizan “evaluaciones nacionales del desempeño del sistema educativo” desde hace veinte años y, según la ley, desde 2016, esta tarea quedó a cargo de dicha entidad. Un organismo “autónomo e independiente”, de acuerdo a su propia definición. Informa, además, que “es así como surge Aristas, la nueva Evaluación Nacional de Logros Educativos”.
Hasta allí la definición técnica de una buena evaluación que ha tenido idas y venidas motivadas por los vaivenes políticos. El informe en cuestión debió presentarse en octubre de 2019, pero las sucesivas postergaciones arrojaron dudas sobre el fino límite entre lo político y lo técnico que cruza a la educación, que también tiene puntos de convergencia en temas sociales.
Y tanto costó que uno de sus integrantes, Pablo Cayota, acabó por renunciar en setiembre antes las complicaciones por tratar a las pruebas Aristas en la directiva del Ineed. Pero ya habían dejado el cargo Pedro Ravela y Mariano Palamidessi, por el mismo desgaste.
En una sociedad dinámica y en constantes transformaciones, los aportes de una evaluación de este tipo, resultan trascendentales. Más que antes y con las anteriores generaciones.
Evaluaciones como Aristas existen en el mundo entero y no son utilizadas como una variable de ajuste a la hora de medir la ventaja política o el costo que puede tener un resultado negativo. Porque sus protagonistas son más importantes. Son niños y adolescentes que representan el presente de un país y no pueden mirarse al trasluz de los beneficios que pueda tener un partido político. Como ocurre hasta ahora.
Las sucesivas prórrogas anunciaban que el informe se presentaría a fines de este mes. Sin embargo, urge dar a conocer los resultados para actuar en consecuencia y no, simplemente, para saber cómo estamos en determinados subsistemas donde ya sabemos que existe un “cuello de botella”.
De hecho, la web del Ineed le adjudica particular importancia a sus informes, en tanto la información “sirve para debatir y reflexionar, generando insumos útiles y válidos para el diseño de futuras políticas educativas”. Pero nada se ha dado, porque el informe se aplazó en conformidad a los tiempos electorales ocurridos en 2019.
La primera parte del documento, difundida en agosto, demostraba que el 80% de los estudiantes de tercer año de escuela que viven en barrios de contextos vulnerables, son incapaces de calcular un promedio.
Sin embargo, la parte aún no publicada precisa que además del contexto, los centros educativos evaluados también tienen diferencias y la UTU se encuentra en una “peor ubicación”.
La base de datos no menciona a las escuelas rurales y presenta una mirada sesgada sobre los liceos públicos de gestión privada, que tienen similares desempeños a liceos de gestión pública, pero instalados en contextos más desfavorables.
Aristas compara los desempeños de Matemática y Lengua en tercero de Primaria y en tercero de Educación Media y, en los sucesivos informes, reitera el mejor desempeño en los privados.
El 31% de los alumnos de liceos privados no pueden calcular un promedio, en los liceos públicos se eleva al 66% y en ciclo básico de UTU es el 80%. En Formación Profesional Básica (FPB), no puede hacerlo el 90%. Y si se toma en cuenta que este perfil educativo está orientado a los estudiantes de mayor rezago y con 18 años aproximadamente, se observan resultados similares en las pruebas anteriores.
La diferencia se sostiene entre el ciclo básico de los liceos y la educación técnica, cuyo tronco común ha recibido un mayor flujo de matrícula. En este caso, el 75% no sabe calcular un promedio matemática, cuando en los liceos públicos ese nivel es de 57% y en los privados del 28%.
Las desigualdades son marcadas en todos los quintiles y es una educación técnica que ha sido impulsada por las actuales autoridades de la ANEP, tanto en aspectos de inversión como en inscripciones recibidas. Aún no se presentaron los resultados de los centros educativos ubicados en ámbitos rurales, pero el panorama tampoco es alentador allí.
La divulgación de estos informes que confirman la realidad educativa en nuestro país, han sido el motivo de sendas discusiones entre autoridades de la educación y el Ineed. Incluso, a mediados del año pasado, el titular del Codicen Wilson Netto pidió postergar los resultados técnicos porque el documento “podía ser utilizado en contra de la educación” y con fines políticos electorales. También cuestionó las “fragmentaciones” en el manejo de las conclusiones, en una prueba donde los resultados son o no son favorables a una pregunta concreta. Como en este caso, el cálculo de un promedio matemático.
Es que la educación es un tema de debate político partidario y las futuras autoridades –que responden a un partido o coalición de partidos– deberán resolver. Y lo harán con la base de este escenario que permanece complicado, con elecciones o sin ellas.
No es posible darle tantas vueltas a un asunto complejo desde hace años, porque así lo señalan las pruebas efectuadas en 2017 y que están al alcance de la web. Las presiones políticas fueron más fuertes que la independencia técnica para el manejo de las conclusiones que, al menos en Uruguay, son importantes. Los informes son reveladores. Y revelan, precisamente, que la educación no es igualadora, sino todo lo contrario. Los estudiantes de tercer año de ambos subsistemas atraviesan por una importante inequidad. De otra forma, no hay explicación a las bajas tasas de egreso de la Media Superior.
Esa es la realidad. Todo lo demás, es una discusión bizantina que conduce a la nada. Con esta herencia deberá lidiar el próximo gobierno y será necesario que separe los tantos de entrada. Deberá hacerlo para no continuar en la confusión de los resultados de una política social rectora en la vida de un ser humano, como es la educación, con el cálculo electoral que dura solo cinco años.
