La convivencia en democracia, entre otras premisas, significa aceptar las reglas de juego y no tratar de torcerlas al antojo para beneficio propio o para justificar actitudes en defensa de intereses sectoriales, corporativos o ideologías, disfrazándolos como si se actuara en aras del interés general.
Transcurridas las instancias electorales que se han establecido en vigencia de la institucionalidad democrática, caso de las elecciones generales de octubre y el balotaje del 24 de noviembre, por voluntad del pueblo uruguayo ha surgido un gobierno electo, encabezado por Luis Lacalle Pou, que iniciará formalmente su gestión el próximo 1º de marzo.
Para obtener el respaldo ciudadano a su vez la coalición multicolor presentó una plataforma de gobierno, con puntos de acuerdo tomando como base el programa propuesto por el nacionalismo en octubre. Y tomando esta propuesta se ha previsto aprobar una Ley de Urgente Consideración, tan pronto sea posible, con el apoyo parlamentario requerido, para llevar adelante estas políticas que contaron con el masivo apoyo ciudadano en elecciones libres y democráticas.
Es decir, como es precisamente la esencia de la democracia representativa, lo que se presenta en esta iniciativa responde al pronunciamiento del pueblo uruguayo, representado por sus elegidos, tanto en el Parlamento como por quienes sean designados en cargos ejecutivos, porque para eso precisamente el pueblo uruguayo decidió cambiar de partido de gobierno.
La actitud que corresponde, como ciudadanos que creemos en la democracia y el libre juego de las instituciones, es abrir un compás de espera razonable para que se instrumenten las políticas y programas que han contado con este respaldo, respetando el pronunciamiento del soberano en las urnas respecto a quienes serán sus representantes, y esa es la etapa en que ingresaremos a partir del 1º de marzo, más allá del período de transición y de los acuerdos interpartidarios con anuncios sobre próximas medidas de gobierno.
Uno de los actores representativos del pensamiento ciudadano es el movimiento denominado Un Solo Uruguay (USU), que en varias oportunidades presentó una serie de reclamos al gobierno saliente encabezado por Tabaré Vázquez, con el que tuvo desavenencias en cuanto a las medidas que se necesitaban para que el sector agropecuario y el Interior pudieran superar su difícil momento, sobre todo el de producciones con serios problemas.
Lamentablemente, el gobierno de Vázquez, lejos de contemplar al campo y al Interior se situó en la confrontación, simplemente atribuyendo exclusivamente intencionalidad política a este movimiento en lugar de por lo menos considerar que se hacía eco de legítimos reclamos sectoriales y de actores del Interior, al punto de que desde el gobierno se replanteó la vieja dicotomía campo-ciudad y derecha-izquierda, como razones para los planteos, cuando la verdad es mucho más compleja que estos maniqueísmos con los que se pretendió justificar el rechazo.
Transcurridas las elecciones, el movimiento celebró recientemente un encuentro en Durazno, oportunidad en la que se leyó una proclama “por los cambios que necesitamos”, y más de 3.000 personas se hicieron presentes en la convocatoria que el movimiento Un Solo Uruguay realizó en el predio de Santa Bernardina, de la Sociedad Rural de Durazno.
Entre otros aspectos, el mensaje leído ante la multitud expresaba que “este mensaje es impulsado por la preocupación y el compromiso de la gente, simple y valiosa gente, que dejando de lado sus problemas personales y/o sectoriales impulsa, propone y apoya cambios pensando en el bien común de los orientales”.
En la proclama central de la productora Virginia Vaz se indicó que “no venimos a reclamarle nada al nuevo gobierno. Venimos a decir que nos van a encontrar para apoyar y aportar a los cambios necesarios, muchos de los cuales son los que la gente eligió en las urnas”.
El mensaje de Un Solo Uruguay apuntó a temas claves y que han sido permanentes en todas las actividades que el movimiento ha desarrollado en los últimos dos años: descentralización, productividad, transparencia, infraestructura y UPM, el relato del gobierno y la seguridad. La proclama oficial cuestionó la obligación “de todo tipo de controles y trámites online” a los que está sometido el trabajador mientras debe soportar “una conectividad desastrosa que contradice el relato oficial, mientras se gastan cientos de millones de dólares en un edificio con fines recreativos y electorales en Montevideo”, en clara referencia, sin nombrar, a Antel Arena.
Lamentó los “caminos desechos que incrementan los costos de vida por el deterioro prematuro de los medios de locomoción mientras se obliga a pagar la misma patente que quienes jamás pisan barro, piedras ni pozos. Es un verso lo de la equidad y un eslogan lo de un país, una patente”. También apuntó a la central sindical Pit Cnt y al Ministerio de Trabajo que encabeza Ernesto Murro: “Las relaciones laborales son dictadas por la cúpula sindical y por un Ministerio instalado en el centro de Montevideo, con desconocimiento de la realidad e impidiendo a los trabajadores del interior participar y decidir sus destinos. Proponemos verdadera descentralización”, proclamó USU.
Vaz afirmó que “sin producción no hay comercio, ni fletes, ni puestos de trabajo, ni exportación y por tanto no hay ingresos de divisas”. Pero “sin bajar el costo país se hace cuesta arriba cualquier producción”. Reclamó “abaratar o aunque sea mantener el precio de la energía y el combustible y para eso las empresas públicas deben ser eficientes y eliminar gastos sin sentido, No faltó la crítica al “subsidio” que el sector productivo paga al transporte capitalino debido a las “ineficiencias de la Intendencia de Montevideo y que suma 100 millones de dólares anuales. En lugar de obligar a los productores a ser solidarios, es el Estado el que debe reducir el gasto”, dijo.
Es decir, una mención a grandes temas pendientes que tiene el país y que son compartidos por la enorme mayoría de los uruguayos, más allá de banderías y de intereses sectoriales, plasmados en el respaldo al futuro gobierno.
Sin embargo, desde el Pit Cnt parece importar poco y nada la voluntad popular expresada en las urnas y por la que se dio luz verde a las políticas propuestas por el gobierno electo: ya el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, anunció que el Pit Cnt analiza llevar a referendum la Ley de Urgente Consideración promovida por el gobierno electo, aunque para llevarlo adelante se esperarían los cambios que se introduzcan en el anteproyecto.
Es decir, ni siquiera una posible tregua en el primer año de gobierno, en el que se instrumentarán las principales medidas propuestas a la ciudadanía y que recibieron su apoyo, porque para algunos todo aquello que salga de la soberanía ciudadana solo sirve si sintoniza con sus ideas e intenciones. De lo contrario es “legítima” toda acción que se lleve adelante, con tal de que “el gobierno oligarca” no haga todo aquello para lo que fue elegido.
