Dos adolescentes de 17 años fueron formalizados por la Justicia e internados en una dependencia perteneciente al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) al comprobarse su responsabilidad en al menos tres delitos de rapiña. Las víctimas fueron taxistas por los cuales se hacían trasladar a diferentes puntos de la ciudad, donde eran amenazados con un arma de fuego, para quedarse con el dinero.
La investigación realizada por la Unidad de Investigaciones dio inicio a raíz de una denuncia radicada a fines de enero. En esa instancia, un taxista de 63 años dio cuenta que había sido víctima de una rapiña. Tal como informara EL TELEGRAFO, en la noche había concurrido a la Terminal de Ómnibus para trasladar a una pareja hacia la zona de barrio Norte.
Los pasajeros indicaron que una vez llegado a destino, un conocido estaría esperando para pagar el viaje. Al arribar al lugar, el automóvil detuvo la marcha por indicaciones de uno de los pasajeros, ocasión en que una pareja que estaba en la calle le salió al cruce. Mientras los pasajeros descendían, el muchacho que estaba esperándolos se paró delante del automóvil y extrajo un arma de fuego. Mediante amenazas y gestos intimidantes, logró despojar al taxista de 3.000 pesos.
Posteriormente, la Policía reunió elementos de otros dos casos con similares características, que terminaron dando pistas respecto a quienes podrían ser los responsables. Así se informó a Fiscalía y luego de cotejar pruebas detuvieron a una muchacha y un joven de 17 años, señalados como quienes le salían al cruce a los vehículos.
Una vez en la órbita penal, se dispuso la formalización de la investigación para el menor, imputado por la presunta comisión de tres infracciones gravísimas a la ley penal tipificadas como delito de rapiña; y de la adolescente por dos infracciones gravísimas a la ley penal tipificadas como delito de rapiña. Como medida cautelar se les impuso la privación de libertad consistente en la internación en Inisa hasta el dictado de sentencia definitiva, teniendo presente que el proceso de ambos adolescentes no puede exceder los cinco meses de duración a partir del día siguiente a la audiencia.