(EL OBSERVADOR)
El gobierno comenzó a negociar los cargos de las empresas públicas con los socios de la coalición y en los próximos días remitirá las venias al Parlamento. Dentro de las negociaciones, definieron que la mayoría de las presidencias sean del Partido Nacional, aunque eso no quiere decir que se trate de cargos políticos. Por el contrario, el objetivo es que quienes presidan los entes y servicios descentralizados sean técnicos.
En la Torre Ejecutiva se realizó la primera de las reuniones, en la que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado –en quien delegó el presidente Luis Lacalle Pou las negociaciones–, dio a los socios la lista con los cargos a ocupar. Allí explicó que el 52% de los directores pertenecerán al Partido Nacional, mientras que 22% serán colorados, 20% de Cabildo Abierto, 2% del Partido Independiente y otro 2% del Partido de la Gente.
Del encuentro, que fue liderado por Delgado, participaron el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, en representación del Partido Nacional; el senador Adrián Peña y el dirigente Tabaré Viera por el Partido Colorado; el subsecretario de Defensa Nacional, Rivera Elgue, por Cabildo Abierto; y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, por el Partido Independiente. El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, no estuvo porque viajó al exterior.
Los delegados volverán a reunirse esta semana, y presentarán a Delgado nombres y perfiles de los lugares en los directorios que aspiran a ocupar. La conformación de los directorios es proporcional a la votación obtenida en octubre. El ingeniero industrial Alejandro Stipanicic será el nuevo presidente de Ancap, confirmó El Observador con fuentes políticas y del gobierno. Stipanicic se desempeña actualmente como gerente de control de gestión en la empresa e integra el sector Ciudadanos del Partido Colorado, que lidera el canciller Ernesto Talvi. Además de ser un técnico con conocimiento de la empresa, Stipanicic será designado a pedido expreso del ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, quien a principios de año le transmitió que lo quería como mínimo en el directorio. En la presidencia de UTE habrá un técnico de filiación nacionalista, también de confianza de Paganini.
Alianza Nacional, el sector liderado por Jorge Larrañaga, aspira a que Gustavo Delgado ocupe la presidencia de Antel. El dirigente actualmente es el director de esa empresa pública en representación de la oposición. Alianza también aspira a que Washington Ribeiro pase de ser director del Banco Central del Uruguay a la vicepresidencia de la autoridad monetaria, ya que la presidencia la ocupa Diego Labat, exdirector de Ancap y hombre de confianza de Lacalle Pou.
Juan Curbelo, dirigente del Espacio 40 que lidera el ministro de Defensa Javier García, continuará en la Administración Nacional de Puertos (ANP) aunque no está claro si como presidente o vicepresidente.
Entre los colorados, Ciudadanos tendrá la presidencia del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el nombre elegido es el ingeniero agrónomo Fernando Mattos, expresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). El sector de Talvi también quiere integrar el directorio del Banco República (BROU) a través del contador Max Sapolinski. Batllistas, por su parte, aspira a que Susana Montaner esté en el directorio de UTE, Adrián Juri sea vicepresidente de OSE y Silver Estévez esté en el Banco de Previsión Social (BPS).
Los colorados quieren presidir el Instituto Nacional de Colonización, al igual que Cabildo Abierto. El partido liderado por Guido Manini Ríos también quiere ocupar un lugar en el BROU y propondrá al contador Pablo Sitjar, mientras que postularán al asesor del sector Enrique Pees Boz para otra empresa pública.
Al Partido Colorado se le asignaron unas 25 direcciones y otras 25, aproximadamente, fueron confirmadas por Lacalle Pou para Cabildo Abierto. Durante la transición el presidente quiso primero definir los cargos para el Frente Amplio y luego concretar los de su partidos y los demás socios del nuevo gobierno.
FALLECIÓ POLICÍA HERIDA
(EL PAÍS)
Murió Daniela Da Silva, la agente que fue herida de un disparo en el cuello en la tarde del viernes, en Matilde Pacheco y San Martín, cuando fue rapiñada al arribar a su vivienda. La mujer estaba uniformada cuando fue abordada por dos delincuentes que intentaron rapiñarla. La pareja de la mujer, también policía, vio desde adentro de la vivienda lo ocurrido y repelió la agresión. Los delincuentes lograron llevarse el arma y la mujer de 33 años fue derivada al hospital Policial de inmediato, pero falleció ayer.
Según informó Patricia Rodríguez, del sindicato policial, Da Silva se había recibido de auxiliar de enfermería y esperaba ingresar al Hospital Policial. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, lamentó el fallecimiento y envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter.
El presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, escribió en su cuenta de Facebook que Da Silva era “una madre joven que trabajaba para superarse”.
El dirigente agregó que “estas actitudes que yo no puedo comprender le costaron la vida a una mujer trabajadora, que todos los días se levantaba para llevar el pan a la casa y que murió por trabajar”. Pereira señaló que siente “el dolor de la injusticia” y dijo que es “un día de duelo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras uruguayas. La vida es el bien supremo a preservar y ese bien nadie lo debería perder por trabajar”.
MINISTROS FIRMAN LEY
(SUBRAYADO)
El presidente Luis Lacalle Pou anunció que mañana los ministros firmarán el proyecto de ley de urgente consideración, para luego “darlo a conocer a los senadores y diputados de la coalición”.
Consultado acerca de si el proyecto de ley sufrió cambios con respecto al borrador inicial, el mandatario respondió:
“La columna vertebral está porque es el Compromiso por el País que todos firmamos, pero hay algunos cambios, para mí hay mejoras”. El proyecto definitivo contempla los aportes de los Partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y de la Gente, los socios de la coalición multipartidaria.
La iniciativa recoge además las contribuciones de los sindicatos, las asociaciones y grupos de ciudadanos que acercaron sus propuestas al gobierno. El borrador original contenía 457 artículos, abarcando áreas como seguridad, educación, economía y empresas públicas, eficiencia del Estado, sector agropecuario, relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social y salud, y vivienda, entre otras.
El Frente Amplio criticó duramente el borrador conocido de la ley de urgencia, tanto por la forma como por el contenido. Por ser una ley de urgente consideración el Parlamento tiene 90 días para aprobarla. Si no lo hace por falta de acuerdo, el texto se aprueba por defecto y el Poder Ejecutivo queda habilitado para poner en práctica la ley.
