Cuesta arriba, ante un déficit desmesurado

No puede sorprender a nadie a esta altura que las recientes y primeras medidas de gobierno –que por supuesto no podían nunca resultar simpáticas, salvo que se apelara a una demagogia que todos sabemos termina en el caos económico y social– van en la línea de un “ajuste fiscal” para tratar de paliar el déficit fiscal que dejaron los tres gobiernos del Frente Amplio, que llega casi al cinco por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
Pero además, el correctivo ha sido mayor en porcentajes porque el gobierno saliente, que cada 1º de enero aumentaba las tarifas, esta vez, con el resultado adverso de las elecciones a la vista, optó por no incrementar los valores, y dejar que lo hiciera el próximo gobierno, pese a que hacía un año que no se modificaban las tarifas, lapso durante el cual aumentaron tanto la inflación como el déficit fiscal.
Por lo tanto, la reflexión inequívoca es que se dejó intacto el desajuste para que el costo político lo pagara el gobierno de Luis Lacalle Pou, cuando el déficit es plena responsabilidad de una izquierda que hizo trepar el gasto público muy por encima de los ingresos, y este desfasaje, lejos de nivelarse, se duplicó en los últimos dos o tres años, pese a que el exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori anunció que iría abatiendo gradualmente el déficit fiscal, porque era “completamente manejable”.
La realidad se encargó de poner en su lugar este delirio, y en cuanto a los aumentos, concretamente la tarifa de UTE subirá 10,5 %, la de OSE 10,7 % y la de Antel 9,78 %, a partir del 1º de abril, en tanto no subirán las de Ancap (por ahora). Al respecto la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, aseguró que “el objetivo es reactivar la economía, generar mayores puestos de trabajo”, por lo que “es importante tener en cuenta que esta adecuación tarifaria se hace por debajo de la evolución de costos para cada una de las empresas”.
El mandatario dijo en rueda de prensa que este aumento de la mayoría de las tarifas se hace para “cumplir con compromisos electorales”, porque en enero hubo “inacción u omisión del gobierno” para subirlas, por un trabajo “muy arduo de todo el equipo económico” del nuevo gobierno y por “la inestabilidad económica a nivel mundial”.
Lacalle subrayó que “esta adecuación es por debajo de los costos y al ser por debajo de los costos queda claro que no lo vamos a utilizar como forma de tapar el agujero que generaba el gobierno con su malgasto excesivo”.
Respecto a la no suba de los combustibles, Lacalle dijo que “en estos días, con la baja muy grande en los precios del petróleo, nuestro equipo económico trabajó fuertemente para conseguir buen combustible a buen precio para el segundo semestre del año”.
Explicó que “Ancap ya había comprado petróleo para el primer semestre al precio anterior a la caída. El trabajo de estos días en la compra del mercado futuro que nos permitió comprar para los próximos seis meses puede llegar a resultar en que la adecuación en el precio sea bastante menor a la que planificábamos”, para acotar que “somos optimistas en generar buena compra. Preferimos no adelantar cuál va a ser la adecuación en el precio de los combustibles”.
Paralelamente, Lacalle adelantó que continuarán “algunos beneficios en lo que hace al combustible y electricidad para determinados sectores productivos”, en tanto posteriormente, y con el compromiso de ahorrar 900 millones de dólares en su período de gobierno, Lacalle dijo que acordó con distintos ministros empezar a “delinear algunas auditorías que habíamos comprometido en la campaña electoral”.
“Auditorías que deben ser acotadas en el tiempo, tener profundidad y que no tenemos muchos recursos para destinar. Lo que pedimos a los ministros es que nos anticipen algunas áreas, algunas direcciones, rubros de sus ministerios en los que creen pertinentes realizar auditorías”, explicó.
Adelantó que la primera auditoría tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a pedido del ministro Pablo Mieres, quien “solicitó una auditoria en el Inefop (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional)”.
“En estos próximos días vamos a estar informando cuál va a ser la auditoría, que será la primera de muchas o de varias que este gobierno prometió en campaña electoral y va a cumplir”, concluyó.
Más allá del cumplimiento o no de promesas electorales, es sabido que no hay almuerzos gratis, porque siempre hay alguien que lo paga, y este axioma rige especialmente para la economía, en este caso para hacer frente a un desnivel entre ingresos y egresos que ha dado lugar a un déficit que pesa sobre todos los actores de la economía.
Como contrapartida a este incremento tarifario, por otro lado, se procurará, de acuerdo a los anuncios, contener gastos en el Estado, tanto en la Administración Central como en los entes del Estado, lo que igualmente no alcanza para abatir el déficit fiscal, por lo que de la misma forma que en los gobiernos del Frente Amplio y las administraciones anteriores, se requerirá a las empresas públicas remitir a Rentas Generales parte de la recaudación por las tarifas.
En este caso, según indicó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se ha pedido a las empresas que aporten los mismos recursos que en los gobiernos del Frente Amplio, más precisamente con un promedio de los últimos tres años, lo que habla a las claras del escaso o nulo margen de maniobra con que se dejó el gobierno por la coalición de izquierdas con su gasto público tan desenfrenado como rígido.
Y como en economía no hay milagros ni una varita mágica que pueda solucionar en un abrir y cerrar de ojos todos estos entuertos, sin dudas el ajuste inicial no será neutro, sino que tendrá costos por afectación de calidad de vida de muchos ciudadanos, porque ya un dólar en alza y tarifas públicas que no se han abatido, sino reajustado al alza, repercutirán en un incremento de la inflación, y las respuestas positivas no podrán lograrse en lo inmediato, sino en el mejor de los casos, en el mediano plazo. Llevado a la economía doméstica, es como el padre de familia que gastó lo que no tenía para la fiesta de cumpleaños de la hija, pero que después deberá pagar con el sudor en la frente, por más tiempo de que desearía; por más lindo que hayan estado los festejos.
De eso precisamente se trata, porque el nuevo gobierno, que promovía en su campaña electoral que debían bajarse los combustibles y los precios de la energía para reactivar el país, se encuentra por lo menos en esta primera etapa con que sí deberá incrementar estos insumos, para no tener aún más impacto en el déficit fiscal, a cuenta de otras medidas que sí apunten a mejorar la competitividad y reactivar el país.
El sentido común indica que hay que aguardar un plazo prudencial para que se instrumenten determinadas acciones y correctivos a efectos de obtener resultados, con plazos y expectativas a satisfacer, ante acciones que debieron haberse implementado ya hace bastante tiempo y que dieron lugar a esta encerrona en la economía del país.