La oportuna y proactiva actitud del gobierno nacional va en consonancia con los esfuerzos que realizan otros países afectados por el coronavirus. Días atrás el Banco Central Europeo (BCE) anunció un Programa de Compras de Emergencia para Pandemias (PEPP) por valor de 750.000 millones de euros, destinado a enfrentar los efectos económicos de esta enfermedad. En un reciente comunicado oficial, el Consejo de Gobierno del BCE sostuvo que “se asegurará de que todos los sectores de la economía puedan beneficiarse de condiciones de financiación favorables que les permitan absorber este impacto. Esto se aplica igualmente a las familias, las empresas, los bancos y los gobiernos”. Diversos países como por ejemplo Alemania, España, Francia, Italia y Estados Unidos han adoptado medidas similares. En efecto, en las últimas horas, la cámara de representantes estadounidense aprobó un paquete de 2,2 billones de dólares, el más grande en la historia del país, para ayudar a las personas y las empresas a hacer frente a la recesión económica causada por el coronavirus. Esta cifra triplica la ayuda resuelta durante la crisis financiera del año 2008 y equivale a un 10% del Producto Bruto Interno (PBI) estadounidense. Medidas de similar importancia acaba de adoptar Alemania, cuyo Parlamento destinará a esta lucha un volumen total de unos 750.000 millones de euros, cifra equivalente a casi el 22% del PBI de ese país. Según el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, la actual crisis es “un reto para toda la humanidad” que “no tiene precedentes”.
En Uruguay, la crisis causada por el coronavirus también generará un complicado escenario de las finanzas públicas para un gobierno que comenzó con un déficit fiscal de casi el 5% del PBI y casi el 9% de desempleo. Consciente de la necesidad de contar con fondos para el financiamiento de la protección de los sectores más necesitados de nuestra sociedad, el pasado jueves el presidente Luis Lacalle Pou anunció importantes medidas orientadas a esa finalidad. A modo de ejemplo, se creará el denominado “Fondo Coronavirus” el cual se nutrirá con el descuento salarial a los funcionarios públicos y políticos que se hará por franjas (5, 10 y 20%) y que durará dos meses, con la posibilidad de extenderlo. Sería bueno que en ese descuento se incluyera asimismo a los directores y empleados de las sociedades anónimas propiedad del Estado y a los representantes del Poder Ejecutivo o de otros organismos en los Directorios de las personas públicas no estatales dentro de las cuales se encuentran el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), el Instituto Uruguay XXI, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) o el Fondo Nacional de Recursos (FNR), entre otros. A estos recursos se suman las utilidades provenientes de empresas públicas y bancos estatales, como el Banco República, y de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), recursos obtenidos por préstamos con organismos multilaterales de créditos y de las partidas de prensa del Parlamento.
Entre otros conceptos, el presidente expresó que “no les vamos a descontar del salario a los funcionarios públicos y a los políticos para ahorrar, es para gastar”. “Esto es solidaridad pura para la gente”, reafirmó. “Cuando decidimos tomar esta medida extrema es porque vamos a gastar, se necesita gastar. Sabemos que no es una medida simpática, pero entendemos que es solidaria. No voy a entrar en discusión ni con las gremiales ni con los sindicatos. Quiero dejar claro que el concepto de trabajador es más abarcativo que el de trabajador público, trabajadores son todos y el desempleo está creciendo por el sector privado”. Esta medida se suma a otras de singular importancia tales como el aumento de las canastas alimenticias, de las asignaciones familiares y de la Tarjeta Uruguay Social, que duplicará su monto beneficiando a 87.000 hogares. Convencido de la decisión adoptada, Lacalle Pou indicó “Es momento de que todos hagamos un esfuerzo”. Lacalle Pou aclaró que lo recaudado no alcanzará para cubrir todos los gastos que genera la actual situación y manifestó que el paquete de medidas tomadas desde que comenzó esta crisis totaliza un valor aproximado a los 400 millones de dólares. Asimismo se ha resuelto crear nuevos refugios para personas en situación de calle, fortalecer los planes del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y otorgar facilidades de pago ante la Dirección General Impositiva (DGI) o el Banco de Previsión Social (BPS) para monotributistas, unipersonales y sociedades personales con hasta diez empleados, cuyo régimen de aportación sea Industria y Comercio, así como flexibilizar el régimen de seguro por desempleo con la finalidad de evitar que se pierdan puestos de trabajo.
De todas las medidas adoptadas, la más polémica ha resultado la relativa a la rebaja de los salarios de empleados públicos y de políticos. Fiel a lo que ha sido su conducta histórica, la oligarquía sindical salió rápidamente a defender los privilegios que le pagamos todos los uruguayos y el propio presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina se refirió en un audio difundido en las redes sociales con términos agraviantes al Presidente Lacalle Pou, afirmando que “realmente fue muy inteligente lo que este hijo de remil putas hizo”. Horas más tarde, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) emitió un comunicado el cual sostiene, entre otras consideraciones, que “se nos hace difícil poder entender como una vez más vamos a ser los trabajadores, mediante un impuesto, los que vamos a aportar para paliar la crisis”. Sin entrar a considerar la totalidad de los conceptos vertidos por COFE en dicho comunicado, creemos oportuno formular algunos comentarios. En primer lugar, los trabajadores públicos nunca aportaron nada para paliar crisis alguna, porque hasta ahora han sido una casta priviligiada con salarios intocables y a los que no les llega el Seguro de Desempleo ni los despidos masivos que sí ocurren en la actividad privada, que no tiene al Estado para mantenerlos. En segundo lugar, la propuesta del “Fondo Coronavirus” no tiene nada que ver con un impuesto sino que se trata de una contribución excepcional y solidaria de algunos empleados públicos en un momento difícil para todos los uruguayos y especialmente para aquellos que han perdido su trabajo o han visto disminuido su ingreso. Queda claro que el presidente de Sutel no quiere ver afectado ninguno de sus beneficios como empleado público y sobre todo como dirigente sindical. En tercer lugar, Molina parece olvidar que quienes ya están aportando para paliar esta crisis son los empleados de la actividad privada, con más de 70.000 envíos al seguro de paro en los últimos días con la incertidumbre sobre si volverá o no a su trabajo. Por último, los que aportarían serían aquellos privilegiados que ganan más de 80.000 pesos mensuales, un sueldo que en la actividad privada sin dudas que no lo recibe un obrero, por decir un ejemplo. Queda claro que Molina pretende que los trabajadores privados paguen la crisis y sigan siendo “los nabos de siempre” (al decir del periodista Tomas Linn) así el presidente de COFE, Joselo López, puede seguir navegando en un lujoso yate por las aguas del río Ródano cerca de la ciudad suiza de Ginebra tal como sucedió en el año 2015.
Mal que le pese al presidente de Sutel, es hora de que todos (incluidos los funcionarios públicos y los políticos) pongamos algo nuestra parte y dentro de nuestras posibilidades para poder asistir a quienes se encuentran en una situación de evidente fragilidad social y requieren de la ayuda de un Estado que, a través de una gestión eficaz, transparente eficiente de los dineros públicos debe estar junto a ellos para brindarles el mejor apoyo posible. En un momento como el actual, en el cual se necesita estar juntos y demostrar solidaridad, Gabriel Molina sólo aporta su ira y sus insultos a un presidente cuyas decisiones podrán ser compartidas o no, pero que fue electo democráticamente el pasado noviembre por la mayoría de la población.
