El consumidor tiene derecho a ver los precios, si no están y lo denuncia puede haber multas

La funcionaria instó a los ciudadanos a denunciar los casos de abuso por parte de los comercios

Uno de los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19 y la emergencia sanitaria, fue el temor de parte de los ciudadanos de no contar con los productos de primera necesidad ante un posible desabastecimiento. Paralelamente, se notó también, según lo informado a EL TELEGRAFO por varios de nuestros lectores que -en algunos casos- hubo una sensible diferencia de precios en los productos que tienen mayor demanda.
Asimismo, mensajes llegados a la redacción hacen saber que muchos comercios, incluyendo carnicerías y panaderías, no cuentan con la lista de precios de sus productos, lo que puede llevar (y lleva) a confusión de los clientes que, apurados para volver a sus domicilios, muchas veces no preguntan los precios, pensando que se mantienen como ayer, o la semana pasada.
El valor de la mercadería depende de cada comerciante, pero tampoco debe haber abusos según dijo a EL TELEGRAFO la abogada Mariana Mazzilli, funcionaria de la Intendencia de Paysandú que está a cargo de la oficina que coordina acciones con la dirección de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

LA OFICINA OFICIAL ES LA DGI

Mazzilli dijo que “en Paysandú, el organismo que tiene la obligación de controlar los precios es la Dirección General Impositiva (DGI), y la oficina de Paysandú no es de Defensa del Consumidor, sino que hay una oficina por convenio entre la Intendencia y el MEF con un abogado -que en este caso soy yo- que cumple la función de prestar asesoramiento inmediato al consumidor. Pero lamentablemente no tenemos la potestad de control de los comercios, ante una denuncia poder ir y advertir sobre el precio que tiene. Alguna vez lo hice, cuando no coincide el precio de góndola con el que se paga en la caja, pero porque sé que es así por ley”.
No obstante, aclaró que “salir a controlar supermercados, almacenes o carnicerías es la DGI, y por lo que me ha manifestado la gente eso no se está haciendo. Y como en Uruguay lo único tarifado es la leche, cuando uno va por ejemplo a una carnicería y le quieren vender la carne picada -voy a exagerar- a 500 pesos el kilo, eso sería un abuso, pero en ese caso el consumidor debería optar por no ir más a ese lugar”.

DEBEN TENER LOS PRECIOS DENTRO DEL SALÓN

En cuanto a cuando no ponen los precios de los productos o artículos que venden, lo que puede llevar a confusión del comprador, dijo que “no es obligación que tengan los precios en un pizarrón en la calle, pero adentro y junto a cada producto sí deberían tenerlo, o con una lista pegada a la vitrina, y eso es obligatorio. El problema es que nadie controla eso en Paysandú, y no viene ningún inspector de Montevideo a realizar ese contralor”. De todas maneras, “si la gente va a la oficina de la DGI y denuncia el hecho, hace que haya un expediente y que se mueva, y también se puede hacer la denuncia en el formulario para completar en línea en la página web de Defensa del consumidor www.consumidor.gub.uy y también está la línea directa y gratuita 0800 7005. Y tengo casos en que se han hecho las denuncias, y a la semana aparecen los inspectores, que siempre son de otro departamento por un tema de seriedad, y pueden multarlos. Lo que pasa es que la gente, a veces, se queja pero no donde corresponde”.
“Yo hago de nexo con Montevideo, pero esta oficina no tiene poder sancionatorio. Ojalá este gobierno ponga una oficina en Paysandú, porque hoy no hay forma de que haya una defensa inmediata del consumidor, y hay oficinas solo en Montevideo y Salto. De allí viene el doctor Marcelo Lira, contratado por el MEF, a hacer audiencias, pero solo dos veces al año, y sería bueno que viniera una vez por mes”.

INSTAR A FORMALIZAR LA QUEJA

Reconoció que “muchas veces en la oficina mi función es instar a los ciudadanos que tienen una queja a formalizarla, y que en realidad es un aporte que hace para todos, porque es bueno que haya controles y quejas”, y agregó que “debemos quejarnos, porque de otra manera la DGI piensa que está todo bien y no mandan a nadie. Pero sé que vienen inspectores y multan, porque muchas veces los mismos comerciantes vienen a preguntarme como se pueden hacer los descargos”.
Puso como ejemplo un comercio muy conocido, que “pone mal los precios o directamente no los pone en sus productos. Han sido multados con más de 20 Unidades reajustables (unos $ 25.000) porque son reincidentes, pero luego presentan recursos con abogados, que el precio estaba pero se había caído, o que la vidriera estaba en reparación”.
La abogada afirmó que quien tenga alguna duda sobre el precio de un producto o un servicio o quiera informarse de cualquier tema de defensa del consumidor, puede hacer el trámite en la oficina de la Intendencia en Sarandí 1139 y Luis Alberto de Herrera (no en estos días que está cerrado) o comunicarse telefónicamente al 4722 6220 interno 126 o por correo electrónico a mariana.mazzilli@paysandu.gub.uy.