Las últimas semanas han estado marcadas por un progresivo deterioro de la situación económica en la República Argentina, realidad que debe preocuparnos en cualquier caso, pero especialmente si tenemos en cuenta la importancia que ese país tiene para Uruguay en varios ámbitos.
La manifestación más notoria de ese deterioro ha sido el default que se ha producido hace unos días. De acuerdo con una de las definiciones más corrientes y aceptadas, el default es “la situación financiera en la que un Estado no puede hacer frente a los pagos derivados de una deuda pública contraída, en la forma establecida en las condiciones de emisión, cesando los mismos”. A pesar de que el gobierno argentino ha tratado de quitarle dramatismo a la situación afirmando que se trata sólo de una renegociación de los plazos de pago, lo cierto es que el país vecino no respetó los mismos de acuerdo con el plan original pactado con sus acreedores. Según la agencia de noticias EFE para algunos funcionarios del gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, emplear esa definición en este escenario no es del todo correcto dado que, en esta oportunidad, dicho cese de pagos se da en medio de lo que su gabinete califica como un “impás” registrado mientras esperan que las negociaciones con los fondos de inversión lleguen a un estado de “madurez”. Sin embargo, Fernández aseguró, en declaraciones que ofreció desde Santiago del Estero, que su Argentina está en ‘default’’ desde antes de diciembre de 2019, cuando llegó a la Presidencia”. Como suelen decir los abogados: “a confesión de parte, relevo de prueba”.
El hecho que Alberto Fernández supiera de la delicada situación financiera de su país no hace más que agravar su responsabilidad, máxime teniendo en cuenta que el mismo asumió su cargo el pasado 8 de diciembre (tras un prolongado proceso electoral donde su victoria era clara) pero esperó a marzo de este año para presentar su primera propuesta a los tenedores de los títulos de deuda pública argentina, o sea a los acreedores a los cuales ahora se niega a pagarles en las condiciones acordadas originalmente. Gabriel Torres (vicepresidente de la calificadora de riesgo Moody’s para América Latina) ha destacado que “el Gobierno de Argentina incumplió un pago de intereses. (…) por lo que Moody’s anticipó que el panorama para la reestructuración de la deuda de Argentina muy probablemente se tornará más complicado”. El propio Torres fue claro a la hora de despejar dudas sobre la situación: “Veo mucho que se menciona que es un default técnico; no lo es. Argentina está en default”. El propio Torres confirma lo expresado por Alberto Fernández al destacar que esta situación de default fue iniciada durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, porque según el funcionario de Moody’s “sabemos que va a suceder este default desde mitad del año pasado, el primer paso fue del gobierno anterior cuando hicieron el default de corto plazo. Un reperfilamiento para nosotros es un default. Porque todo cambió el pago de condiciones originales de la deuda”. En el mismo sentido el diario español “El País” fue claro y contundente al calificar la situación argentina: “la situación de default puede ser adjetivable, pero no discutible”.
Sin perjuicio de que la situación planteada es preocupante, la misma no alcanza a ser novedosa, ya que se trata del noveno default argentino en su historia como país independiente (dos de ellas en este siglo), al no realizar el pago de tres cupones de intereses por un total de 500 millones de dólares, lo cual estaba programado originalmente para ese día. Esos intereses tienen relación con bonos emitidos en el año 2016 los cuales se habían lanzado para poder salir de la situación de default creada en el año 2005. Para describirlo en forma sencilla pero gráfica: Argentina está “bicicleteando” su deuda y no tiene capacidad ni siquiera para poder pagar los intereses generados por la misma. De acuerdo con el diario argentino “Clarín”, “hoy se está entrando en default con bonos que se emitieron para salir de otro default. Debe ser difícil encontrar un antecedente igual en la historia de las finanzas mundiales”.
Ante esta situación, es importante tener en cuenta que la totalidad de la deuda externa de Argentina (323.192 millones de dólares estadounidenses) equivale al 90% del Producto Interno Bruto (PIB). Adicionalmente, y tal como ha informado EFE, “en los últimos 12 meses, la inflación en el territorio argentino llegó al 53% y la pobreza se elevó al 33%, lo cual ha influido en la capacidad del país para salir a financieramente a flote incluso desde antes de que su industria se paralizara a causa de la propagación del coronavirus”. De acuerdo con la agencia de noticias alemana Deutsche Welle, “solo en los últimos dos años, el endeudamiento estatal se ha elevado desde el 57 hasta el 90 por ciento del Producto Bruto Interno, no solo por la deuda contraída sino también por haber devaluado el peso. Un dólar cuesta hoy más de cuatro veces más que el peso a principios de 2017”. Para el diario español “El País” Argentina suma más datos a una situación económica que califica como “pavorosa” y menciona que Argentina “lleva tres años en recesión. En marzo, la economía se contrajo un 11%. Abril, mes completo de confinamiento, arrojará datos mucho peores. Para 2020 se espera una caída anual de la producción del 10%, como mínimo. A falta de crédito, el Banco Central está emitiendo 300.000 millones de pesos cada mes. El 70% del presupuesto se cubre ya imprimiendo moneda”.
Para colmo de males, la política de confinamiento total adoptada por Alberto Fernández para combatir la pandemia causada por el coronavirus COVID-19 ha causado y sigue causando profundos daños a la economía y a la sociedad argentina, los cuales se traducen en pérdida de millones de puestos de trabajo y en la quiebra de empresas que no lograrán superar un cierre de actividades que muchos países han descartado a nivel mundial. Queda claro que el default argentino no ha sido causado por el COVID-19, pero también queda igualmente demostrado que el confinamiento total no es el camino correcto para conciliar salud y fuentes de trabajo. Lograr ese equilibrio no constituye una tarea fácil, pero sin duda es necesaria, porque como lo ha indicado la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muchos trabajadores a nivel mundial “enfrentan un dilema que no puede ser resuelto: morir de hambre o por el virus”.
Resulta deseable que toda esta situación sea prontamente superada para devolverle a la propia Argentina y a varios países de la región la seguridad jurídica y el prestigio que deriva de cumplir con las obligaciones asumidas. Al fin y al cabo, cuanto más fuertes y sanos sean nuestros países, más beneficiosa para sus pueblos será la relación entre ellos.
