La atención que demanda la crisis sanitaria ha tenido entre sus consecuencias el distraer prioridades en cuanto a la atención de problemas en una diversidad de temas que presentan complejidades de corto, mediano y largo plazo, lo que indica que la problemática reaparecerá en toda su magnitud y trascendencia tan pronto se disipe la espuma originada por la coyuntura.
La reforma de la seguridad social es precisamente uno de los puntos que se han venido postergando sistemáticamente en su tratamiento por el sistema político, el que igualmente tendrá que hacerle frente y considerar alternativas en base a medidas que deben reflejar coincidencias no solo del espectro político, sino de organizaciones sociales y actores involucrados, donde indudablemente además hay desde ya planteados conflictos de intereses y posturas contrapuestas.
Así, pese a la atención que concentra la pandemia, el ministro de Trabajo y Seguridad social, Pablo Mieres, acudió esta semana al Parlamento para explicar los lineamientos con que se llevará adelante “una reforma que es urgente, muy importante y absolutamente necesaria”, según la definió en la Comisión que analiza la Ley de Urgente Consideración. Se trata de la reforma del régimen de jubilaciones o sistema de seguridad social, cuyas bases “metodológicas” están plasmadas en un capítulo del proyecto.
La propuesta que elaboró el gobierno consiste en la formación de una comisión de expertos de 15 miembros que funcionará en los ámbitos del Ministerio de Trabajo y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que en 90 días deberá primero elaborar un “diagnóstico preliminar” del régimen previsional y en otro plazo igual elevar al gobierno “un informe con recomendaciones”.
“La situación de déficit, de sustentabilidad de la seguridad social, rompe los ojos. Hay un grave problema que se ha ido adelantando en el tiempo y se nos vuelve urgente”, dijo Mieres en el Parlamento, y recordó que el exministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, expresó en varias ocasiones que debía reformarse el sistema en este período.
Reflexionó el secretario de Estado que “nuestra estructura demográfica acompaña la no sustentabilidad del sistema tal como lo conocemos. En los próximos dos años los mayores de 60 años serán más que los menores de 15 y los mayores de 60 años van a ser cada vez más un porcentaje mayor del conjunto de la sociedad. Entonces, el tema es que hay que entrarle a este asunto y hay que hacerlo con premura”.
A su vez sobre la idea de que una comisión de expertos recomiende los cambios al Poder Ejecutivo –el que tiene la exclusividad para elevar al Parlamento leyes relacionadas con el sistema previsional–, dijo que se ha utilizado en países como Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca e Italia, “para llevar adelante una reforma de este tipo”.
Una de las cuestiones fundamentales es lo que abarcará la reforma, dado que el sistema de seguridad social no lo compone solo el Banco de Previsión Social (BPS) –que gestiona el pilar solidario de la jubilación–, sino también las cajas paraestatales –Bancaria, Militar, Policial, Notarial y de Profesionales–. “Se propone que sea integral y sistémica, es decir, que analice todos los regímenes previsionales existentes en el sistema”, señaló Mieres.
El trabajo de los expertos, según destacó el ministro, será estudiar “los impactos de la dinámica demográfica y de los procesos de automatización, la experiencia internacional”, entre otros aspectos, y proponer “formulaciones contributivas y no contributivas, formas de financiamiento, fórmulas de sustentabilidad, definir los períodos de transición”.
La comisión debe “proponer una alternativa, un proyecto de reforma, con propuestas concretas sobre todo el sistema de la seguridad social, incluyendo todas las miradas y concepciones sobre la temática”.
Respecto a esto último, Mieres dijo que es uno de los énfasis y por eso se estableció que la comisión tenga 15 miembros. “El objetivo es que haya presencia de expertos que representen todo el arco de opiniones desde el punto de vista académico, social y político. Estamos pensando en gente idónea y especializada en esta temática pero proveniente de todas las formas de pensamiento”, indicó.
Es decir, de lo que se trata es de tomar el toro por las astas y empezar a hacer algo, en lugar de seguir diciendo que “tenemos que hacer una reforma de la seguridad social”, con salidas a los medios de vez en cuando de jerarcas de todos los gobiernos y de actores vinculados a la problemática, pero sin que se haya dado hasta ahora el puntapié inicial para un tratamiento integral del tema.
La búsqueda de coincidencias no será una tarea fácil ni mucho menos, en tanto como expresa el secretario de Estado la comisión deberá “recibir e incorporar todas las opiniones de las diferentes partes interesadas en la seguridad social”, realizando convocatorias a “distintos actores”.
Mieres sostuvo en la Comisión parlamentaria que la aspiración es que “más o menos a mediados del año que viene podamos estar iniciando el tratamiento legislativo de ese proyecto” para reformar el sistema de seguridad social.
Desde el Frente Amplio, el senador Mario Bergara dijo que comparte que “es necesario diagnosticar, evaluar y generar propuestas” para el régimen previsional. También planteó, tras destacar su “agrado” porque se pretenda incorporar “la diversidad de visiones y opiniones sobre el tema”, que esto quede “explicitado” en la redacción para “dar más legitimidad y credibilidad a la comisión”.
Evidentemente, el aspecto sustancial de la problemática, más allá de la calidad de las prestaciones y atención a los sectores involucrados, tiene que ver con la sustentabilidad, desterrando tentaciones voluntaristas que después no pueden financiarse y que conlleven que el sistema haga agua por falta de financiación.
En este sentido es pertinente traer a colación conceptos vertidos por el director en representación de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, quien alertó contra el riesgo de reformar la Seguridad Social con la “injustificada” premura prevista en la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Ruiz señaló “en primer lugar” que “una reforma no se puede realizar en pocos meses”, objeción derivada de que los autores de “la LUC están planteando” crear “una comisión de expertos” que “en seis meses diagnostique y sugiera reformas. Entendemos que no se puede hacer en tan poco tiempo y sin diálogo de seguridad social,” porque entonces “no hay tiempo suficiente para discutir este tema” y menos aún ahora, que con la pandemia “quedó clara la importancia que tiene la seguridad social para la sociedad”, razonó.
Más allá de algún concepto entendible pero no necesariamente compartible, el punto es que no se puede seguir postergando indefinidamente el tratamiento exhaustivo de una problemática tan compleja, y que es preciso recibir aportes, debatirlos desde el punto de vista técnico, político y social, e ir delineando por lo menos el rumbo para llegar a un esquema sustentable y con respuestas a mediano y largo plazo.
Es que es preciso ir construyendo los cimientos de un nuevo proyecto en base a un acuerdo social sensato y lo más amplio posible, que resista las tentaciones de “seguir tirando” hasta que crujan las estructuras, para que no haya que salir desesperadamente a apagar incendios, con respuestas imperfectas, insuficientes e insostenibles en el tiempo, que son pan para hoy y hambre para mañana.