(EFE-SUBRAYADO)
El presidente Luis Lacalle Pou guardará cuarentena hasta que se conozcan los resultados del análisis que se efectuará este sábado por posible contagio de COVID-19, informaron este viernes fuentes oficiales.
En un mensaje difundido por la Secretaría de Presidencia, se informa que el mandatario y otras autoridades del Gobierno se someterán a análisis después de que una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con la que se reunieron este lunes, dio positivo.
La reunión con la directora del Mides, Natalia López, se dio en el marco de la visita del presidente a la ciudad de Rivera donde se detectaron decenas de casos en los últimos días.
El mandatario y otros jerarcas departamentales y del gobierno nacional estuvieron en contacto con López en la misma reunión. La jerarca utilizó su tapabocas durante todo el encuentro.
Otros jerarcas que estuvieron en la misma reunión son el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Defensa, Javier García, y el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani.
Presidencia informó que todos ellos también se harán el test de COVID-19 en las próximas horas. Mientras esperan el resultado, el presidente y los demás jerarcas del gobierno permanecerán en aislamiento.
Debido a este positivo, las autoridades del Mides decidieron cerrar las oficinas del Ministerio en Rivera y enviaron a su domicilio a todos los funcionarios. En total son 23 los funcionarios que se hicieron el test de COVID-19 y esperan el resultado en sus casas. Según supo Subrayado, la pareja de la directora del Mides de Rivera presentó síntomas y allí decidieron hacerse el test. Ella dio positivo y ahora esperan por el resultado de su pareja.
Lacalle Pou visitó el lunes Rivera por primera vez y volvió el jueves de esta semana. El lunes de noche Lacalle vistió al expresidente Tabaré Vázquez en su casa del barrio del Prado. Allí hablaron durante una hora sobre el documento con sugerencias para combatir la COVID-19 que preparó el exmandatario con asesores técnicos.
TERMINÓ VOTACIÓN POR LUC
(RADIO URUGUAY)
La Comisión Especial del Senado terminó de votar el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC). El proyecto de ley quedó aprobado y ahora ingresará a la Cámara el miércoles 3 de junio. Se espera que quede aprobado el 6 de junio y al día siguiente pase a la Cámara de Representantes. Este viernes la Comisión trató cerca de 80 artículos que habían sido dejados para el final, ya que requirieron más negociaciones.
En particular se destacó el acuerdo logrado en el tema Ancap, con lo que se aseguró que no habrá desmonopolización de la importación de combustibles y se acordó un sistema para la fijación de paridad de precios. El senador colorado Adrián Peña marcó la relevancia de esto, al decir que “aquello que iba rumbo a un referéndum termina en un acuerdo entre todos los partidos políticos”.
El presidente de la Comisión, el nacionalista Gustavo Penadés, se manifestó “muy conforme” con la votación, a la vez que destacó el apoyo del Frente Amplio (FA) a un buen número de artículos.
En cuanto a los cambios sobre Ancap, indicó que si bien se cambió el proyecto presentado por el gobierno, sí se logró ir hacia el objetivo central, que es una rebaja del precio de los combustibles.
Desde el FA, la senadora Carolina Cosse también subrayó que se logró cerrar el camino a la desmonopolización de Ancap, así como evitar “que hubiera retrocesos” en temas como Antel y Educación. Y agregó que también pudieron mitigar algunos daños y riesgos. “En otros, perdimos”, acotó.
DIFERENCIA SOBRE ETIQUETADO
(ECOS)
El etiquetado obligatorio que alerta sobre alimentos con exceso de azúcares, grasa o sodio planteó una diferencia entre el ministro Daniel Salinas y otros cuatro secretarios de Estado, por lo que definirá el presidente Luis Lacalle Pou.
El etiquetado obligatorio de alimentos envasados comenzó en agosto de 2018 cuando un decreto del gobierno de Tabaré Vázquez otorgaba un plazo de 18 meses –hasta marzo de 2020– para que la industria se adaptara a la normativa. Apenas asumió en el gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou estableció un nuevo decreto con un compás de espera que postergaba la obligatoriedad en el etiquetado para su estudio en profundidad y creaba la comisión que debía presentar un informe escrito 30 días antes de vencida la prórroga.
Ese informe hoy cuenta con dos propuestas diferentes ya que los ministerios que la integran no se pusieron de acuerdo. Por un lado el Ministerio de Salud Pública que conduce Daniel Salinas se mostró de acuerdo con aplicar el decreto tal cual proviene de la administración anterior y fundamentó su postura como una herramienta clave en el combate del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles.
Por otro lado el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen otra visión.
Estas cuatro carteras proponen aprobar una nueva prórroga en la obligatoriedad hasta julio de 2021 para continuar negociando con el Mercosur una normativa en conjunto.
El Ministerio de Salud Pública se opone a esta propuesta, ya que el nuevo etiquetado a nivel regional podría extenderse hasta 2023, por lo que Uruguay perdería años en el combate a estas enfermedades ante la falta de información.