Los directores sociales del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, y de los jubilados, Sixto Amaro, propusieron estímulos y medidas para las empresas, condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo.
Reconocieron que ambos colectivos representados “han sido notoriamente afectados, en una primera instancia por la crisis sanitaria, pero que poco a poco se ha transformado en una crisis social y económica”. Ruiz y Amaro consideran que las medidas adoptadas por el gobierno “aún son insuficientes”, si bien “apuntan a la dirección correcta”.
“Podríamos decir que todas las medidas que se han tomado han sido reclamadas por los sectores sociales, pero consideramos que se tienen que profundizar, porque hay sectores que aún no han sido atendidos. Esta situación nos obliga a analizar y enfrentar esta realidad extraordinaria con creatividad y audacia”.
Las propuestas de los representantes sociales se enfocan en estímulos y medidas para las empresas golpeadas por las crisis y condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo. Solicitan un “aumento diferencial para jubilaciones mínimas, a partir del 1° de julio 2020, garrafas de supergás, no solo para la cocina de los alimentos, sino para combatir el frío. En tal dirección creemos de primera necesidad la entrega de una garrafa de 13 kilos o su equivalente en garrafas más pequeñas”.
Reclaman, además, una canasta de invierno para los pasivos, “máxime por ser un colectivo de riesgo epidemiológico que requiere medidas de dimensión social y humana excepcionales, que permita a este importante sector de compatriotas que trabajó durante 30 años o más, atravesar esta crisis sanitaria y económica de la mejor forma posible”.
SEGURIDAD SOCIAL EN LA LUC
La Ley de Urgente Consideración (LUC), modifica las elecciones en el BPS, luego de la reforma de la Ley 16.241 que regula dichos actos eleccionarios, a raíz de acuerdos entre las cámaras empresariales, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) y el Poder Ejecutivo. “A partir del 24 de setiembre de 2019, la Ley 19.786 amplió la inclusión de votantes, se recogieron las observaciones de la Corte Electoral y se establecieron criterios de representatividad. En la LUC se cambia nuevamente dicha ley, sin consultar a nadie, violando las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Los directores sociales proponen “que el artículo 406 se retire del proyecto de ley”, al recordar que la OIT expresó en el Parlamento que sus normas “recomiendan el fortalecimiento de la gestión tripartita de los programas de seguridad social. Los gobiernos no pueden ocuparse solos de la seguridad social”.
Por otro lado, Ruiz dijo a EL TELEGRAFO que “a pesar de todo, en la LUC se mantuvo la creación de la comisión de expertos para diagnosticar y proponer un reforma de la seguridad social”.
Según el director en representación de los trabajadores, “eso no es diálogo social. No nos oponemos a que una comisión de expertos analice lo que pasa con la seguridad social. Pero diálogo es cuando participan, no solo los expertos, sino los sectores sociales porque son distintos actores los que intervienen en la seguridad social. Lo que está vigente es producto del diálogo y la LUC lo deja sin efecto”, aclaró.
