En la última sesión plenaria de la Junta Departamental de Paysandú el edil frenteamplista Washington Gallardo subrayó la importancia de los proyectos sociales desarrollados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante la administración de la coalición de izquierdas, y dijo que están en peligro varios proyectos de relevante proyección en áreas prioritarias.
En la media hora previa de la sesión expuso que “quisiera plantear una interrogante que no solo afecta a Paysandú, sino a todo el territorio uruguayo, relacionada a los programas sociales ejecutados, la gran mayoría, por el Mides, a través de convenios celebrados con organizaciones de la sociedad civil mediante licitaciones públicas”.
Consideró que “en este contexto, muchos de esos convenios vencen en el primer semestre del año 2020, por lo que a fines del 2019, y tal como lo establece la normativa vigente, se abrieron licitaciones públicas para que aquellas organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos puedan postularse. Estas licitaciones han quedado sin efecto, sin que las autoridades brinden una respuesta a las organizaciones involucradas, así como tampoco se la han brindado a los trabajadores respecto a los argumentos que fundamentan esta decisión. Además, no tenemos constancia de que se estén llevando a cabo reuniones para analizar eventuales propuestas alternativas que permitan darle continuidad a los procesos de trabajo indicados a las familias beneficiarias y equipos técnicos”.
A su juicio, “esta situación es más que preocupante frente a la emergencia social que estamos atravesando, dado que estos programas atienden precisamente a una población en extrema situación de vulnerabilidad socioeconómica, tanto en la ciudad como en el medio rural de cada departamento. Específicamente en Paysandú, son varios los programas afectados, como el programa Cercanías, programa interinstitucional que propone mejorar la eficiencia de las intervenciones del Estado ante situaciones de extrema vulnerabilidad social, considerando a la familia como sujeto”.
Evaluó que “otro de los programas es ‘Servicio público de atención a mujeres en situación de violencia basada en género’, convenio lnmujeres que, a través de una organización, brinda asesoramiento sicológico y social, y apoyo legal a aquellas mujeres mayores de dieciocho años que se encuentran en situación de violencia basada en género, con una perspectiva de género y derechos humanos”.
Asimismo, observó que el Programa INJU Impulsa tiene como objetivo “contribuir al desarrollo del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos de las personas jóvenes, mediante la creación de espacios que promuevan la participación y protagonismo juvenil. En estos programas trabajan más de treinta técnicos, que se vinculan con más de cinco mil sanduceros, los cuales han recibido respaldo y oportunidades de desarrollo en estos momentos de crisis social y sanitaria”.
Consecuentemente, para Gallardo “es de suma urgencia considerar una prórroga de estos programas por un plazo razonable hasta que la emergencia sanitaria ceda y estemos ante un escenario que permita valorar su existencia o no, utilizando este tiempo para que las autoridades del Mides puedan ir gestionando y estructurando los llamados a licitación que contemplen sus prioridades e intereses”.
