La pandemia aceleró la crisis que ya existía en el mundo del trabajo en los últimos años, al menos en Uruguay. Los cambios en la forma de trabajar y producir se manifestaron en forma visible bajo el coronavirus, pero habían sido alertados por diversos informes internacionales –incluso la OIT– que hacia el año 2040 iban a desparecer la mitad de los trabajos tal como los conocemos. Y ya no falta tanto: son apenas 20 años en un mundo vertiginoso.
Mientras caían grandes empresas internacionales, otras invertían en nuevas tecnologías y se posicionaban en un mercado exigente, donde hoy sus acciones valen por encima de cualquier estimación. Las industrias manufactureras o aquellas que corresponden al pasado virtuoso sobre el cual se mira Paysandú, también muestran caídas importantes. Incluso ya no existen.
Por lo tanto, no sorprende el cálculo del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien aproxima el desempleo al 15 %. Esto es un 6% por encima del informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), que al mes de mayo lo ubicaba en 9,7%.
El jerarca aseguró que la pandemia revela una “situación oculta” en el mundo del trabajo, porque el INE mide el desempleo en la base a una pregunta relacionada a la búsqueda de un puesto laboral. Sin embargo, Mieres interpreta que desocupados son aquellas personas que, queriendo trabajar, no lo consiguen.
Y claramente la situación no es compatible con la realidad, porque al 29 de febrero el desempleo era 10,5% y remontaba así a una cifra histórica antes de la pandemia. No es posible que al mes de mayo baje al 9,7%.
Las explicaciones, acordes a las connotaciones subjetivas de cada encuestado, pueden aplicarse a cualquier momento y no solo a una coyuntura sanitaria. Sin embargo, el alcance global de las cifras de personas en el seguro de desempleo, lo acercan a un registro histórico.
Porque alguien en el seguro de desempleo simplemente espera, o bien otro con causal de despido aguarda ahora mismo a que mejoren las circunstancias porque el panorama está difícil.
Es decir que el indicador que mide la realidad es a partir de las personas ocupadas y su comparativo con meses anteriores indica un descenso en 90.000 personas. No obstante, en estos meses vence la mayoría de los seguros de desempleo y un porcentaje de ellos refiere a causales de despido que llegarían a unos 25.000 trabajadores.
Por lo tanto, la espalda financiera del Banco de Previsión Social (BPS) requiere de una asistencia presupuestal y este miércoles aprobó la solicitud de 648 millones de dólares o 1,2% del PBI, con un recorte del 15% de gastos e inversiones.
El año próximo, la estimación deficitaria alcanzará a 728 millones de dólares o 1,34% del PBI. En el primer caso no está calculado el impacto del coronavirus, pero la crisis sanitaria afectará las finanzas del ente en 537 millones de dólares.
En cualquier caso, los primeros índices de recuperación empezaron a mostrarse tímidamente y hay uno que particularmente interesa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y al Ministerio de Economía y Finanzas: la venta de nafta se incrementa en los últimos meses y en junio llegó al mismo nivel del año pasado con 18%. Lo mismo ocurrió con la venta de energía no residencial, que mejora levemente.
El impacto sociológico también deberá medirse con otra vara. Pero irrumpen en este plano tanto el ausentismo laboral como el trabajo a distancia, y la llegada de la “nueva normalidad” implica una responsabilidad compartida entre abrir los espacios de producción tan necesarios y el monitoreo del escenario sanitario que incrementa los casos en los últimas semanas.
Y si tomamos en cuenta que la fuente principal de ingresos y puestos laborales en Paysandú sale del circuito comercial y los servicios, hallaremos allí el mayor impacto. Incluso a nivel nacional, el poder de compra de los salarios cae en el último año y se acentúa en los últimos cuatro meses. Y si se excluye la inflación llega a más del 3%.
En todos los casos, es decir trabajadores y empleadores, está afectada la cadena de pagos y los reclamos están centrados en los impuestos, alquileres y tarifas públicas. Hay sectores que especulan que entre setiembre y octubre abordarán un panorama general sobre el total de las empresas que acabarán clausurando sus actividades de manera definitiva.
Las empresas y trabajadores del sector turístico serán las últimas, ante la falta de visitantes extranjeros y la posición de país caro frente al dólar.
La esperanza está puesta en 2021, tanto para la recuperación de los puestos de trabajo como del poder de compra de los salarios. Sin embargo, ni los círculos académicos ni científicos tienen la certeza del final de esta pandemia. Por lo tanto, la apertura de las fronteras no está en el horizonte cercano.
Es así que, si las esperanzas están puestas en el turismo interno, harán falta tanto los incentivos para el turista como para las pequeñas y medianas empresas en sus diferentes rubros. Por otro lado, en Uruguay son más de 106.000 las PYMES que emplean a más de 600.000 trabajadores, de acuerdo a los datos del BPS. Y ese dato es, además, un espejo de la realidad en que debemos mirarnos.
