La Justicia envió a la cárcel a dos mujeres y un hombre al comprobarse su responsabilidad en la trata de mujeres inmigrantes para que trabajaran en Whiskería Las Vegas de Guichón, por lo cual su responsable ya había sido formalizada el 10 de junio. Por el hecho, además, resultaron penados dos policías a quienes la dueña del prostíbulo llamó para pedir colaboración con un dato y quienes, pese a enterarse de que ésta le había disparado a su expareja, hicieron caso omiso y no denunciaron el hecho como les corresponde.
La investigación es realizada por Interpol –en coordinación posterior con la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y de Género de Cuarto Turno de Montevideo– desde el 12 de setiembre de 2019 cuando, contando con varios elementos, se empezó a ejecutar el Operativo Minkar.
Mediante un chequeo de las redes sociales, precisamente Facebook, la regente del lugar publicó en varias páginas que necesitaba chicas “preferentemente cubanas” para “trabajar en prostíbulo”. A su vez indicaba que “no se cobra porcentaje”, que contarían con “alojamiento permanente” y podían ser “con o sin experiencia”, publicando un número de celular para las interesadas.
Las averiguaciones permitieron establecer, de acuerdo al documento de formalización al que accedió EL TELEGRAFO, que la mujer identificada como M.B, de 52 años, estaba a cargo de una whiskería en Guichón y un prostíbulo en Montevideo, que regenteaba además su hija P.S.M.B. Ambos lugares eran clandestinos, ya que si bien eran de acceso público no contaban con habilitación. En una primera instancia, la Justicia formalizó a M.B por “un delito de trata de personas especialmente agravado por haber puesto en peligro la salud de personas migrantes”, y se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva por 180 días.
TRABAJABAN EN LA WHISKERÍA A CAMBIO DE ALOJAMIENTO
En la continuidad del operativo, el miércoles se efectuaron allanamientos en ambos lugares. En Montevideo fue posible encontrar documentación que vincula a P.S.M.B con los negocios clandestinos, así como dinero producto de la explotación de éstos. En tanto, en Guichón se encontraba Y.M.D. –que resultó detenida–, la que había quedado a cargo de la whiskería en lugar de su titular.
Las evidencias que manejan los agentes de Interpol daban cuenta que P.S.M.B cooperaba “directamente” con su madre en “la captación, reclutamiento, transporte y explotación sexual de las víctimas”. Y que, una vez encarcelada su progenitora, continuó cumpliendo con la actividad.
Asimismo, se pudo establecer que las víctimas, en su mayoría de origen cubanas y de otros países caribeños, eran trasladadas al negocio en Guichón a cambio de alojarse en la whiskería por M.B quien “cobraba 1.200 pesos por atención sexual de 30 minutos, dándole la llave de la habitación a las chicas una vez que el cliente pagaba”. De ese monto,“ella se quedaba con 200 pesos y al final de la noche las víctimas percibían 1.000 pesos por cliente. Asimismo cada una de las jóvenes debía abonar semanalmente 500 pesos por concepto de agua y luz. Y se obtenían 80 pesos como ganancia de las copas que los clientes invitaban a las mujeres”.
Las mujeres “trabajaban en el lugar de miércoles a domingos a partir de las 22 horas llegando a terminar en algunas ocasiones cerca de las 8 de la mañana del día siguiente, dependiendo de la cantidad clientes de la noche”. En tanto, según confiaron las víctimas, debían vestirse y arreglarse según las indicaciones de su patrona, como ellas mismas la llamaban. Los sábados, asimismo, M.B “se preocupaba” de que las chicas estuvieran “bien maquilladas, vestidas más lindas y no tan provocativas como otros días”, porque concurrían clientes con sus parejas y eso hacía que el negocio se viera como de otro nivel.
Las extranjeras ejercían la prostitución en las mismas habitaciones en las que residían, que eran compartidas con otra compañera. En caso de estar con un cliente, la compañera de pieza debía esperar afuera. Tenían que limpiar todo el negocio, “cambiar la colcha que usaban con sus clientes (con todos usaban la misma) y tirar los preservativos en el canasto que les indicó la patrona”, lo que usaba como forma de controlar el número de clientes exactos de cada trabajadora.
En el caso del prostíbulo de Montevideo, fue indagada la encargada, quien manifestó que llegó al lugar a través de una publicación en Facebook. Contó que trabajaba como meretriz de 9 a 16 horas y que pagaba 500 pesos por día por el uso de la pieza más 50 pesos por gastos de luz, agua y gas. Reconoció que la dueña era P.S.M.B.
RED DE CAPTACIÓN DE EXTRANJERAS EN CONTEXTO DE VULNERABILIDAD
Este jueves, por su parte, se efectuó un allanamiento en la casa de L.J.W.V., el hombre que se encargaba junto con P.S.M.B de captar a las mujeres para luego introducirlas en el negocio. Personal de Interpol lo detuvo y de la evidencia se pudo comprobar también que participaba en el reclutamiento y transporte de las víctimas extranjeras, operando de nexo en el negocio.
La situación de vulnerabilidad de las mujeres, expresa el documento de Fiscalía, “llega al extremo que las mismas tuvieron un largo y penoso recorrido para ingresar solas al país como refugiadas, vía terrestre, escapando en algunos casos de la pobreza y estado de necesidad de sus países, dejando sus familiares, incluso sus hijos menores de edad y enfermos en busca de trabajo en nuestro país para poder enviarle dinero para su subsistencia”. Hicieron el recorrido de Guyana hacia Brasil y luego mediante frontera seca entraron a Uruguay para finalmente ser captadas en Montevideo por los imputados y traídas hasta Guichón. Algunas de ellas, incluso, debieron cruzar “caminando por Brasil, demorando muchos días en llegar a nuestro país”.
Conociendo su estado, “los imputados se aprovecharon para explotar su negocio y obtener un provecho económico”. Luego de captarlas, en virtud de su necesidad, “les manifestaban que tenían alojamiento gratis y en realidad era el lugar donde se las explotaba”, incluso exponiéndolas “aún más, dada la situación de pandemia que se vive en nuestro país, no cumpliendo con los protocolos de emergencia sanitaria, teniendo abierto y en actividad su negocio en plena cuarentena”.
Finalizada la instancia, la Justicia resolvió la formalización de la investigación para P.S.M.B; L.J.W.V; e Y.M.D, por un delito de trata de personas especialmente agravado en calidad de autores para los dos primeros y coautora la última, disponiéndose como medida cautelar la prisión preventiva por el término de 180 días.
POR ESCUCHAS TELEFÓNICAS
En el marco de la investigación, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 42° Turno autorizó escuchas telefónicas al celular de la madama de la whiskería de Guichón.
Dentro de las escuchas surgió que el 2 de enero, a las 19.03, la mujer se comunicó con el oficial principal R.F.F (policía en Montevideo) al que le contó que se había peleado con su expareja. En la charla, ésta cuenta que como venganza le había efectuado dos disparos al hombre, uno en la ingle y otro en un pie. Y le pide que le consiga la dirección de dicho hombre.
El 27 de marzo, a las 10.12, la mujer llamó al suboficial mayor D.A.P.C de Paysandú, al que le pregunta si tiene contactos con Interpol para averiguar si su exmarido estaba en el país. El policía sanducero le respondió que averiguaría con alguien de Migraciones. De las escuchas también se desprende que M.B le confesó a D.A.P.C que se había peleado con su ex, al que le había dado dos disparos.
La fiscal Silvia Lovesio, a cargo del procedimiento, entendió que “los dos funcionarios policiales, por ende funcionarios públicos, teniendo conocimiento de la ejecución de un delito no intervinieron y omitieron formular la denuncia correspondiente, teniendo asimismo una relación de amistad o personal con la imputada”. Por ello, fueron detenidos y formalizados por un delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos. Se dispuso como medida cautelar la obligación de fijar domicilio; la prohibición de salir del país, disponiéndose el cierre de fronteras oficiándose a la Dirección Nacional de Migraciones; la prohibición de concurrir a Whiskería Las Vegas y toda comunicación con las víctimas por cualquier medio, por el término de 180 días.