Con la próxima entrega –posiblemente a fin de mes, de acuerdo a su grado de avance– de cuarenta y cinco viviendas productivas que se están construyendo en la zona del Parque Municipal y otras cuatro en San Félix, que están a punto de ser terminadas, se dará un paso más en la relocalización definitiva de familias que han construido irregularmente –por lo menos en su mayoría– en zonas inundables de la ribera del río Uruguay, un tema histórico que sin dudas no ha recibido un tratamiento integral en nuestra ciudad, aunque en los últimos años se ha actuado con mejor perspectiva y otra disposición en sucesivos gobiernos.
El director general del Departamento de Obras de la Intendencia Departamental, Marcelo Romero, al dar cuenta de esta entrega de viviendas dijo que se estará “cumpliendo el objetivo trazado de que, por debajo de la cota 6,50 del río Uruguay, no haya gente residiendo. Este abordaje nos permite avanzar y ya tenemos planificado cómo seguir hacia cotas más altas, coordinando con los ministerios que correspondan, para desarrollar nuevos emprendimientos habitacionales”.
Por cierto que la problemática de las inundaciones, potenciada sobre todo en sus consecuencias a partir del devastador desborde de 1959, el mayor que haya azotado Paysandú y las zonas costeras del río Uruguay desde que se llevan registros, es un tema recurrente desde que afecta por regla general a familias de escasos recursos que han levantado en forma irregular sus viviendas con materiales precarios en terrenos fiscales, y generado asentamientos junto a otras edificaciones que habían sido construidas en zonas inundables, aunque respetando la normativa vigente en la época.
La respuesta a esta precariedad de situaciones desde los sucesivos gobiernos ha sido parcial y generalmente tan costosa como ineficaz, porque se han volcado recursos a realojos durante décadas, cada vez que ocurría una crecida, pero a la vez dejando las construcciones y sin impedir que nuevas familias ocuparan estas viviendas, por lo que el problema no solo no se erradicaba, sino que con el crecimiento urbano se incrementó el número de habitantes en zonas anegables, tanto en el área del río Uruguay como en la margen del arroyo Sacra.
Recién en los últimos años, además de instrumentarse normas que prohíben la edificación por debajo de los 6 metros 50 sobre el cero del puerto de Paysandú, se ha atendido el problema de que habían sido dejadas en el lugar muchas precarias viviendas que han mantenido vivo el problema. Es así que más recientemente, junto con los realojos, se han instrumentado medidas que incluyen el derribo de las edificaciones para evitar la radicación de nuevas familias en la zona, a la vez de destinar a parques urbanos y servicios las áreas comprendidas por debajo de esta cota.
Igualmente, con controles que en ciertos momentos no fueron lo suficientemente severos como para prevenir estos asentamientos, en cierta medida se ha podido ir reduciendo el número de sanduceros que son desalojados en crecidas importantes de sus hogares, lo que no quiere decir que el problema se haya solucionado completamente.
Por lo tanto, estas políticas de realojos y parquizado han resultado plausibles cuando se trata de la asistencia a familias de escasos recursos, que son las que requieren asistencia desde la Intendencia Departamental y recursos desde Estado en cada creciente, que implica la entrega de alimentos y alojamiento, materiales de limpieza, atención en salud y abrigo, entre otras medidas de contención social.
El sentido común indica que incluso para estos casos habría que llevar la exclusión a por lo menos 7,50 metros de cota, de forma de estar más a cubierto de las consecuencias de los desbordes que se dan con bastante frecuencia, aunque estén bastante lejos de los más de 11 metros, de la excepcional creciente de 1959.
El punto es que debería apuntarse a no establecer una prohibición absoluta respecto a todo tipo de construcciones, porque de lo que se trata es de evitar que familias más vulnerables deban enfrentar recurrentemente los embates de las aguas y ser asistidos para superar la situación comprometida, en tanto otra cosa es dejar esa zona semiabandonada, cuando es precisamente un área de particular interés para Paysandú en cuanto a las posibilidades de recreación, esparcimiento y urbanismo.
Por lo tanto las normas deberían incluir la posibilidad de que en esa zona se construya edificación de calidad, que no represente un problema para el Estado, porque quien construye una vivienda de lujo no requiere recursos ante la emergencia y se vale por sí mismo, lo que tiene además el doble beneficio de captar inversiones en la industria de la construcción para determinado poder adquisitivo y con capacidad transformadora de una zona de indudable interés. También existe la posibilidad de construir sobre pilotes o elevado, por ejemplo si en algún punto en especial se decidiera establecer un área de discotecas o pubs, lejos de zonas densamente habitadas. O, como forma de evitar todos los problemas de modo definitivo, elevando el terreno hasta niveles de seguridad.
Este criterio, a su vez, es clave para poder potenciar por ejemplo un proyecto removedor, como el de Distrito Park, para resignificar gran parte de la zona costera, con destino a turismo y vivienda, lo que expone la pertinencia de regular con sentido común, encarando la problemática desde su diversidad de ángulos, pero con la idea central de generar más trabajo e infraestructura para Paysandú, con mente abierta y sin prejuicios.
