(EL PAÍS)
Durante una rueda de prensa realizada este miércoles, el ministro del Interior Jorge Larrañaga anunció que se retomará el “Operativo frío polar”, que tiene el objetivo de trasladar a las personas en situación de calle para no pasar la noche a la intemperie. “Vamos a estar con muchos de los agentes policiales y con los vehículos del Ministerio del Interior trasladando a personas en situación de calle hacia los refugios”, indicó Larrañaga.
El ministro expresó que “hay personal destinado con varias decenas de policías que van a estar trabajando durante muchas horas”, para poder realizar el traslado y evitar así “situaciones complicadas”.
Por su parte, Santiago González, director de Convivencia del Ministerio del Interior informó que se trabajará en equipos, entre las 21 y las 3 para “dar una mano solidaria”.
Las personas serán trasladas a dos cuarteles que se dispusieron específicamente para esta situación, otorgados por el Ministerio de Defensa.
González indicó que, en base a experiencias pasadas, varias personas mostraban resistencia a irse del lugar por reparos acerca de lo que podía pasar con sus pertenencias o sus mascotas. “Estuvimos coordinando mucho con el Mides y la Policía les lleva absolutamente todo, con el tiempo del mundo se espera a que recojan todo, si hay un perro también, porque hay caniles, entonces esa resistencia inicial hoy no la tenemos”, expresó.
Por otra parte, la bancada del Frente Amplio presentó el martes un proyecto para declarar el 19 de agosto como el “Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle”.
“En nuestro país asistimos en los últimos meses a diferentes situaciones que deben preocupar al conjunto del sistema político, la sociedad toda y las instituciones públicas y privadas”, expresa el documento. Menciona también los casos ocurridos en este año en referencia a fallecimientos o agresiones contra personas que se encuentran en situación de calle, así como la existencia del grupo denominado “antipasta”. El objetivo de la declaración del “Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle” es, según indica el proyecto, que “las instituciones y organismos vinculados a la temática organizarán y articularán esfuerzos, acciones y actividades tendientes a difundir la problemática de las personas en situación de calle, así como un abordaje integral que reconozca los derechos vulnerados de este segmento de la población”.
DETECTARON NUEVE CASOS POSITIVOS
(SINAE)
El Sistema Nacional de Emergencias anunció que este miércoles “se llevaron a cabo 2.035 análisis y se detectaron nueve casos positivos nuevos”. Siete de esos casos corresponden a Montevideo, uno a Artigas y otro a San José. Entre los casos de la capital, solo dos corresponden al brote originado en el asentamiento 6 de Enero.
“Actualmente hay 225 casos activos”, indica el informe, con cinco personas internadas en CTI.
Los departamentos con casos activos son 15: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.
TRES IMPUTADOS POR OPERACIÓN OCÉANO
(SUBRAYADO)
La Justicia imputó a tres de los cinco nuevos detenidos en el marco de la Operación Océano, que investiga casos de explotación sexual adolescente; dos por el delito de retribución o promesa de retribución a cambio de sexo y uno por comunicaciones de índole sexual mediante vías electrónicas con menores de edad.
Los hombres tienen entre 40 y 50 años y sus perfiles son similares a los de los otros 21 imputados anteriormente. Profesionales, de buena posición económica y que contactaban a sus víctimas menores de edad a través de redes sociales o aplicaciones de citas para pagarles o hacerles regalos a cambio de mantener relaciones sexuales.
La imputación se logró luego de analizar los chats de las adolescentes. Se dispuso además prohibición de comunicación con las víctimas y fijar domicilio. Los otros dos detenidos en el marco de la indagatoria fueron liberados.
La fiscal del caso, Darviña Viera, pedirá que el caso sea juzgado en base a la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres, basada en género. En su artículo 80 establece penas económicas para los acusados de abuso o explotación; entre ellas, el pago de 12 ingresos mensuales a la víctima o en su defecto el de doce salarios mínimos. También prevé el embargo de los bienes de los condenados.
La fiscal Viera aclaró a Subrayado que este punto todavía no fue analizado, ya que primero hay que llegar a una condena.
