La Intendencia de Paysandú fue encontrada civilmente responsable en el caso de ataque al entonces funcionario José Taranto, en las primeras horas del 5 de octubre de 2016 en el Vertedero. Si bien aún no ha quedado firme la cifra, podría sumar un millón de pesos, equivalentes a más de 22.000 dólares.
La sentencia en primera instancia del Juzgado de Sexto Turno de Paysandú, establece que “la Intendencia por su culpa grave al no observar el cumplimiento de normas de prevención y seguridad a la integridad física de Taranto, en el desempeño de tareas como funcionario municipal del Vertedero, contribuyó junto al agresor en la producción del evento dañoso, que fue el apuñalamiento de Taranto. Por lo que deberá repararle al matrimonio accionante el 40% en perjuicios resarcibles y cuantificados en la sentencia”.
Las abogadas representantes de Taranto y su esposa (se entiende que también fue afectada por el incidente) Cristina Zeni y Silvia Cabrera, aseguraron que “fue un caso con muchos testigos y además con una acción pericial en el propio Vertedero. En su mayoría los testigos probaron y demostraron que quienes concurren al vertedero como hurgadores no eran controlados de acuerdo al sistema de control que regía. No se controlaba el ingreso de hurgadores, no había alumbrado ni cercado perimetral. No se proporcionaba la debida seguridad a los trabajadores y por eso ocurrió este hecho”.
Aquel 5 de octubre de 2016, Taranto arribó en un camión recolector al Vertedero, junto a un compañero chofer. Cuando eligieron el lugar donde realizar la descarga, una maniobra molestó a uno de los hurgadores pues tenía sus bolsas ahí. Comenzó una discusión con el chofer, Taranto salió en su defensa y fue herido de una puñalada. Perdió el bazo, que debió serle extirpado. El atacante fue encontrado penalmente responsable y enviado a prisión efectiva.
“A Taranto le produjo además de las heridas físicas problemas emocionales, incluso tratamiento siquiátrico, el que aun hoy continúa”, indicaron sus abogadas. “Incluso cuando la diligencia en el Vertedero le propusimos, y aceptó nuestro consejo, que no concurriera, para preservar su condición emocional”.
“La responsabilidad de la Intendencia es compartida con el agresor, aunque este no está obligado a un aporte económico por su condición financiera, desde que continúa como hurgador y dentro del propio Vertedero”. La propia Intendencia pidió que fuera incluido como presunto responsable civil.
Aún está en vigencia el período de apelación y la Intendencia de Paysandú “tiene planeado llevar adelante una apelación”, indicó el secretario general Federico Álvarez Petraglia.
