El pasado lunes ingresó a diputados el proyecto para la Ley de Presupuesto, y se destinan 45 días para que la cámara de representantes estudie el proyecto, por lo que estima que antes de fin de año esté aprobada dicha Ley.
Algo que es muy importante y que se encuentra en el capítulo que habla de recursos, del área vinculada a los impuestos, es que “no hay la creación de ningún impuesto nuevo, ni aumento de impuestos vigentes”, señaló a EL TELEGRAFO el contador Diego Vuille Lafourcade.
Para el profesional sanducero “es muy importante remarcarlo porque muchas veces, en las leyes, se hace referencia de manera muy sutil a algunas subas o cambios de franjas, y por lo que vimos este Proyecto de Ley de Presupuesto no va a incluir ninguna creación de impuestos nuevos, lo que es muy importante y viene en línea con lo que fue la promesa electoral del actual gobierno”.
Otro aspecto importante, “es que en vez de aumentar vienen a minimizar la carga tributaria. Se vino a atender una situación puntual que sucedió en este cierre fiscal de la industria agropecuaria”, explicó el director de VL Consultores.
Quienes pagan impuesto al patrimonio por los inmuebles rurales, “son aquellos que tienen activos, inmuebles rurales, bienes y semovientes que superan los 12 millones de Unidades Indexadas (UI), algo así entre U$S 1.200.000 a U$S 1.300.000 de activos”, precisó. Y aclaró que “si tengo inmuebles y activos por ese valor, voy a pagar impuesto al patrimonio agropecuario”.
Al analizar cómo se evalúa para determinar si el productor está por encima o por debajo de esos 12 millones de UI, explicó que “se debe mirar el valor catastral a 2012 y lo voy a revaluar a noviembre de 2019, por lo que se conoce como inflación agropecuaria, el índice de precios de los bienes agropecuarios”.
Aquí destacó una particularidad muy importante. “Debido al precio del ganado del año pasado, esta inflación agropecuaria fue próximo a un 36%. Por lo que cuando revalúo mi cédula catastral de 2012 a la fecha, me encuentro que mi inflación agropecuaria, hizo que en muchos casos los activos agropecuarios superen los 12 millones de UI y quede alcanzado por el impuesto”.
“Fue algo extraordinario por el precio del ganado”, indicó Diego Vuille. “Pero si lo comparamos a esto con el Impuesto a Primaria, con la Contribución Inmobiliaria no se ajusta por esta inflación agropecuaria, sino que se ajusta por el IPC, por un promedio de 10% que es lo que históricamente ronda el IPC”.
“Ahí tenemos una discordancia muy grande y eso provocó que algunos productores agropecuarios de establecimientos medianos a grandes, hayan quedado incluidos en el Impuesto del Patrimonio agropecuario, cuando antes no estaban”, dijo.
El Proyecto de Ley de Presupuesto “viene a recoger lo que pasó puntualmente este año. Para quienes el año que viene cierran en junio de 2021, se va a poder optar entre tomar el valor anclado a 2012 revaluado por la inflación agropecuaria o bien el valor de la cédula catastral vigente, como se hace con Primaria o contribución”.
Señaló que “son muy pocos establecimientos que quedan comprendidos, pero atiende un reclamo muy importante, que quedó anclado el año pasado y se vio afectado en junio, y deberán pagar en octubre cuando vence el plazo de los cuatro meses. Junto con esto, da una clara señal de estar mirando al Interior del país y atendiendo de a poco las problemáticas más allá de la capital”.
LA CIR
Vuille aclaró que no tiene nada que ver con la Contribución Inmobiliaria Rural (CIR). “Recordó que la CIR en 2017 y 2018, tuvo una exoneración cercana al 18% para lo cual había que hacer un trámite puntual”.
“Esta exoneración no se renovó y este año solo estuvo renovada para los departamentos afectados por la emergencia agropecuaria”.
IMPUESTO CIEGO
El Impuesto al Patrimonio es un impuesto “ciego, muy discutido muchas veces, justamente en sectores como el agro está esa eterna discusión si deben existir más de estos impuestos, que únicamente recaen sobre el suelo, o si debe irse a escenarios de impuestos que midan más la capacidad contributiva y recaigan sobre la producción”.
Recordó que los establecimientos agropecuarios y las empresas rurales, “tienen básicamente tres cargas ciegas sobre la tierra. El Impuesto de Primaria rural, tienen Contribución Inmobiliaria rural y además tienen Impuesto al Patrimonio”.
Retomando la discusión de este tema, dijo que “el actual Impuesto al Patrimonio Agropecuario era el viejo ICIR, que fue declarado inconstitucional, y se cambió mediante lo que se conoció el restablecimiento del Impuesto al Patrimonio”.
Sostuvo que “había quedado en suspenso, para llamarlo de alguna manera, y mediante una ley en el gobierno del expresidente José Mujica, lo que se hizo fue un restablecimiento del Impuesto al Patrimonio, porque el ICIR que había sido creado, fue declarado inconstitucional”.
LEY DE AJUSTE FISCAL
En el 2017 hubo una Ley de ajuste fiscal que incorporó dos novedades importantes, “el no aumentar impuestos teóricamente, pero sí que determinaban un mayor pago de impuestos en la práctica, que fue la creación de un tope para lo que se conoce como pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y para la creación de dividendos fictos. Estos siguen como están, pero hay una novedad importante respecto a lo de las pérdidas fiscales”, acotó Vuille.
Previo a 2017, “quien tenía una empresa de cualquier rubro y venía dando pérdidas, en el ejercicio que comenzaba a dar ganancias y podía descontar automáticamente todas las pérdidas sin ningún tope”.
Como ejemplo, ilustró que “doy 1.000 pesos de ganancias en el año 2020, y venía con 3.000 pesos de pérdidas previo al año 2020. Este año no voy a pagar nada, porque voy a descontar todas las pérdidas que tengo acumuladas”.
En el 2017 con la Ley de ajuste fiscal, “lo que se estableció es que se dejan descontar las pérdidas, pero se le va a obligar a pagar por lo menos el 50% de los impuestos sobre la utilidad”.
“Esa empresa que da 1.000 de ganancia, únicamente podrá reportar 500 de pérdida de años anteriores, y tendrá que pagar por los 500 restantes. Ésto cuando hablamos de Planificación Tributaria es un cambio muy importante, porque fue un cambio de reglas de juego en aquel entonces”, señaló.
El Proyecto de Ley de Presupuesto establece que se elimina ese tope del 50% “y vuelvo a la fijación previo a 2017, en donde voy a poder utilizar el 100 por ciento sin tener que aplicar el tope”.
En un año 2020 de pandemia y en donde hay muchas empresas en situaciones complicadas, “esta normativa viene a atender una inquietud muy importante, porque hay que esperar que muchas empresas tal vez den pérdida. Para el año que viene podrán utilizar toda la pérdida, y no estar topeado a ese 50%. En términos prácticos, para muchas empresas va significar una menor carga tributaria”.
CONTRATISTAS RURALES
Diego Vuille Lafourcade indicó que “para los contratistas rurales se está manejando una baja de los aportes patronales rurales cercano al 12%, aunque habrá que ver luego el número fino de cuánto queda en realidad”.
Señaló que “de prosperar ese artículo, sería un alivio para los contratistas rurales, y verán el cambio aplicado seguramente en el pago del próximo cuatrimestre rural del BPS”.
Para concluir señaló que “si bien algunos actores consideran que son medidas que no afectan a la totalidad de las empresas, son cambios que afectan positivamente en el estado de ánimo de los empresarios, y un empresario con buen ánimo es una buena señal para las inversiones y el Uruguay todo”.
