Los trabajadores de Alcoholes del Uruguay (ALUR) S.A., se declararon en alerta “ante las disposiciones del gobierno actual, enmarcadas en la Ley N° 19.889, de Urgente Consideración, y en lo referido en los Artículos 235 y 236”, así como en “el decreto presidencial 241-2020”, por los cuales se “fija como base para los combustibles los precios de paridad de importación (PPI), los que resultarán de un cálculo realizado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), y también decreta que se pueda bajar el porcentaje de un 9% de mezcla actual con las naftas a un 5% en la mezcla (proporción mínima prevista en la Ley de Biocombustibles). Entienden que eso “derivaría en el cierre de una de las plantas agroindustriales de ALUR, Paysandú o Bella Unión, y significaría la pérdida de puestos de trabajo y aumento de desempleo, con todas las contras que ello conlleva y repercute de manera negativa en la sociedad”.
Declaran que “continuamos en lucha, abiertos al diálogo para encontrar apoyo en la opinión pública y exhortar a los actores políticos en su totalidad compromiso y responsabilidad, para evitar el cese de actividades de una de las dos plantas agroindustriales”.