Con la publicación, la semana anterior, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del decreto que limita las ocupaciones de trabajo tanto en lugares públicos como privados, se ha pasado a reglamentar las disposiciones de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y se ha dado marco legal a un planteo que tiende a poner en el mismo plano legal la problemática inherente a medidas de fuerza que el Pit Cnt y sectores radicales de izquierda las sitúan simplemente como una “extensión” del derecho de huelga y no como una afectación del derecho a la propiedad privada, que realmente es.
El decreto referido señala que “ocurrida una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública, cualquiera sea la naturaleza jurídica de ésta, o de una empresa o institución privada, el jerarca o empleador podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social su intervención”.
El texto establece que “el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá convocar a una instancia de conciliación en plazo perentorio, sin perjuicio de intimar en cualquier momento, antes, durante o después de esa instancia, a la desocupación en forma inmediata, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública”.
“De persistir la ocupación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicitará al Ministerio del Interior el desalojo inmediato de los ocupantes”, agrega el documento, en tanto el mismo procedimiento “se aplicará para aquellos casos en que los ocupantes no fueren funcionarios o empleados de la dependencia, empresa, institución o establecimiento ocupado”.
Asimismo “el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar de trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma”, dice el decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y del Interior, Jorge Larrañaga.
Se trata del decreto que instrumenta lo establecido en el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración, que además deroga un decreto del 2010 que hacía referencia a la desocupación de oficinas públicas. “Lo que hacemos es igualar la situación y actuar con todas las normas del Estado de Derecho pero también marcando los limites de las medidas gremiales”, dijo el ministro Pablo Mieres, al aclarar asimismo que “se hará en el entendido de que la Ley de Urgente Consideración garantiza el derecho de huelga, pero también el derecho de trabajo de los no huelguistas y el derecho de ingresar al establecimiento a los dueños de las empresas”.
Pues precisamente de eso se trata, de equilibrar derechos y responsabilidades, que en la óptica particular de los gobiernos de izquierda habían sido marcadamente vulnerados en desmedro de uno de los términos de ecuación, hasta que los gobernantes del Frente Amplio sufrieron en carne propia las consecuencias de este desquicio, cuando en defensa de sus “derechos”, grupos radicales de gremios de trabajadores del Estado se dedicaron a ocupar oficinas públicas y no dejaban entrar incluso a los jerarcas de las respectivas dependencias.
Fue así que se limitó el derecho a las ocupaciones… pero solo cuando se trataba de dependencias del Estado, y se dejó que se siguieran ocupando instalaciones de empresas privadas, como si se tratara de mundos y derechos distintos. Pero claro, como el gobierno estaba en manos del Frente Amplio, al Pit Cnt en cuanto brazo sindical del la coalición de izquierdas, así como a las federaciones e “intersociales” satélites que hoy han aparecido eso no pareció preocuparles demasiado; al menos no tanto como para denunciar con fuerza la “injusticia”.
Pero además con la ocupación como “extensión” del derecho de huelga no solo se han ocupado bienes privados, sino que en muchos casos se dio la impronta de hacer funcionar la empresa total o parcialmente bajo “control obrero”, es decir asumiendo por cuenta propia el derecho del manejo y uso de bienes ajenos, lo que en algún caso incluso acentuó las pérdidas por la paralización de tareas, al utilizarse en forma displicente materia prima y servicios ajenos en defensa de esos derechos, agregando encima perjuicios a los propietarios de la empresa. Incluso hubo casos de ocupaciones por decisión de minorías sindicalizadas llevadas a cabo por sindicalistas de otras empresas, enviados por el sindicato madre con el fin de sostener una medida que no contaba con suficiente respaldo de los trabajadores de la empresa.
De esa forma se evitaba que pudieran ingresar a trabajar aquellos funcionarios que no compartían la medida de fuerza, pero que sin embargo seguían perdiendo jornales y eran parte involuntaria de una maniobra de presión que muchas veces respondía a intereses ajenos a los trabajadores, con un marcado sesgo ideológico.
Bueno, en los hechos, los trabajadores que no adherían a la medida de fuerza se veían impedidos de ejercer su derecho al trabajo porque estaba antes el “derecho” de los que ocupaban las instalaciones de la empresa, y “a llorar al cuartito”. Tamaño desquicio se toleró y apañó en los gobiernos del Frente Amplio, habilitando que una minoría se adueñara de la situación, sin que representara realmente a los empleados de la empresa. Sin embargo, decidía por todos e imponía por la fuerza la medida de extorsión, aún a riesgo de que la empresa acentuara sus dificultades económicas y quedaran más trabajadores sin su fuente de empleo. Y en algún caso, cabe suponer que la intención final no era defender los intereses de los trabajadores sino justamente que la empresa quiebre, como terminó sucediendo en alguna oportunidad en que llevaron la situación al punto de quiebre irreversible.
En suma, con esta norma de lo que se trata es de tender a igualar derechos entre los ámbitos público y privado –por supuesto, en el primer caso la medida de fuerza se aplica sin que corra peligro el empleo dentro del Estado, como todos sabemos– y dejar de lado la particular dicotomía y discriminación a la que es tan apegada la izquierda que divide el mundo entre el capital y el trabajo, entre los buenos y los malos, los explotadores y las víctimas, cuando la realidad se ha encargado de hacer trizas esta visión delirante del mundo.
