(EFE-SUBRAYADO)
El número de personas en las calles de la ciudad de Rivera empezó a bajar este sábado luego de que el Gobierno aumentara los controles por el incremento de los casos de COVID-19 en esa localidad, que le ha perdido “el respeto” a la pandemia. Así lo indicó durante una conferencia de prensa el ministro de Defensa , Javier García, quien aseguró que en las últimas semanas Uruguay vivió una baja en la percepción del riesgo que tiene la enfermedad.
“Cuando se le pierde el respeto a un enemigo biológico como el que estamos enfrentando, las consecuencias pueden ser muy graves. Estamos en una realidad geográfica y epidemiológica muy particular, ubicados entre el tercer y el quinto país con mayor cantidad de contagios en el mundo”, apuntó el titular de la cartera, haciendo referencia a Brasil y Argentina.
Según explicó García, en las últimas horas se instalaron cinco nuevos puestos de control, tres de ellos en la zona comercial de la ciudad, donde los militares se encargan de llevar a cabo controles sanitarios. Allí se toma la temperatura de las personas y se insiste para que usen tapabocas y mantengan la distancia correspondiente para evitar los contagios, algo que –según puntualizó el ministro– fue aceptado de forma “unánime” por la población de la ciudad fronteriza.
García también informó que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le anunció que funcionarios de Migraciones colocarán un adhesivo en los vehículos que ingresen del exterior a Uruguay por los pasos fronterizos. Ese adhesivo indicará que las personas en los vehículos cumplieron con los controles sanitarios y por eso pudieron seguir hacia el interior del país.
El ministro de Defensa aseguró que si algún vehículo con matrícula del exterior es detenido en la ruta y no tiene ese adhesivo, entonces será conducido nuevamente a Migraciones.
A su vez, el ministro se reunió con la fiscal de Rivera Alejandra Domínguez, quien aseguró que las personas que ingresen al país o los uruguayos que no cumplan con las medidas sanitarias podrán ser imputados por un delito de desacato, que tiene una pena mínima (excarcelable) de tres meses de prisión.
CUARENTA Y OCHO CASOS NUEVOS
(SINAE)
Este sábado 24 sumaron 453 las personas con COVID-19 en el país. A partir de 3.621 análisis realizados en la jornada, se confirmaron 48 nuevos casos. Desde que comenzó la pandemia, se registraron 2.807 positivos y 53 personas fallecieron. De los 48 casos nuevos de este sábado, 33 son de Montevideo, 10 de Rivera, dos de Maldonado, uno de Artigas, uno de Río Negro y uno de Tacuarembó; 9 de estas personas se encuentran en cuidados intensivos y una en cuidados intermedios. Los departamentos con casos activos actualmente son 15: Artigas, Canelones, Colonia, Flores, Florida, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.
MARCHA ATRÁS A PEAJES EN MONTEVIDEO
(RADIO URUGUAY)
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ordenó dar marcha atrás al proyecto que proponía instalar nuevos peajes en el entorno metropolitano. La iniciativa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) buscaba financiar con esto las obras viales del anillo perimetral, que ahora deberán solventarse con otros mecanismos, según explicó el titular de la cartera, Luis Alberto Heber. “El presidente no está de acuerdo en poner, aunque sean de bajo costo, tantos peajes en la perimetral. Lo que implica cambiar el proyecto”, indicó.
CUATRO CONDENADOS Y CINCO IMPUTADOS EN SALTO
(MONTEVIDEO PORTAL)
Este sábado se llevó a cabo la audiencia de formalización en la que declararon los nueve detenidos tras la incautación de 460 kilos de cocaína que fueron arrojados desde una avioneta a un campo ubicado al límite de Salto y Tacuarembó.
Fiscalía de estupefacientes de primer turno, a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, imputó a 5 personas por importación y posesión de estupefacientes. Se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta abril mientras continúa la investigación. Comunicó Fiscalía que también se logró la condena mediante proceso abreviado de cuatro personas por asistencia al narcotráfico con penas de prisión en algunos casos, arresto domiciliario en otros y libertad a prueba. Estas últimas son personas colaterales en la operativa denominada “Operación Gallego”.
