Trece hombres condenados por explotación sexual de dos adolescentes

El subjefe de Policía, William Pereira, el jefe de Policía, Eduar Alvez, y la fiscal Cecilia Irigoyen en la conferencia de prensa.

Una denuncia realizada en setiembre por la encargada del hogar de amparo del Instituto del Niño y del Adolescente de Uruguay (INAU), permitió la formalización de 13 hombres que se vincularon con dos adolescentes de 15 y 16 años, cometiendo el delito de “retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”.
El Jefe de Policía, Eduar Alvez, destacó el trabajo en equipo realizado con la fiscal Cecilia Irigoyen, que permitió desarrollar la línea de investigación que incluyó a sospechosos de Paysandú y de Young. “Se realizaron allanamientos en nuestra ciudad y en Young, lo que permitió detener a 18 personas, 16 hombres y dos mujeres con edades entre 24 y 62 años”.
De hecho, la investigación demandó más de dos meses, donde al menos tres dependencias policiales estuvieron trabajando, como las unidades de Investigaciones, Delitos complejos, Policía Científica y la Brigada Departamental Antidrogas.
En los procedimientos se incautaron veinte celulares, dos tabletas, un revólver calibre .38 con 20 municiones, poco más de 300 gramos de cocaína y 18.000 pesos.
La fiscal Irigoyen destacó la labor de las autoridades locales y los funcionarios de INAU, “donde estaban estas adolescentes en una situación de amparo porque no tenían familiares como contención”.

La primera etapa de investigación

Aclaró que “esta es la primera etapa de la investigación, que se cumplió con la formalización de 13 personas, de los cuales 10 fueron condenadas mediante proceso abreviado, una persona con tres años y tres meses de prisión efectiva por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a menores para que ejecuten cualquier acto de tipo sexual o eróticos, y reiterados delitos a través de medios informáticos”, detallando que esto es “cuando se contactan con menores a través de redes sociales, WhatsApp o llamadas telefónicas, que si ese contacto tiene el propósito de cometer cualquier acto de connotación sexual, aunque ello no se llegara a realizar, también constituye delito, incorporado en la Ley de género”. Y ellos se contactaban “a través de los perfiles de Facebook y después accedían a los contactos de WhatsApp”.
La persona que recibió la condena más larga, tres años y tres meses, “ya tenía antecedentes por hechos similares en 2010, nueve con condena de dos años de penitenciaría en régimen de libertad a prueba, cada uno con diferentes medidas, algunas comunes como establece la Ley y todos tienen las condenas accesorias que establece la Ley de género, la sanción pecuniaria, que es accesoria, la reparación a las víctimas con doce salarios mínimos, la pérdida de la patria potestad o la tutela o curatela si tienen niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad a su cargo, y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública o privadas, que impliquen trato directo con menores, personas con discapacidad o vulnerabilidad, en el área educativa, de la salud o cultural”, esto por un período de 10 años.
Aclaró que “muchas de las personas condenadas lo fueron por un delito de ‘promesa’ a través de las redes, los encuentros no se llegaron a concretar y el hecho tampoco, pero para el artículo 4º de la Ley alcanza con la promesa de retribución, aunque el acto no se cometa. Por eso las penas en algunos casos fueron diferentes; se analizó cada situación en su contexto”.

Uno es funcionario de Resurgir

Afirmó también que entre los 13 formalizados “hay una persona que es funcionario de la clínica Resurgir, que tiene convenio con INAU para atender situaciones de adolescentes con patologías, problemáticas de trastornos de conducta o personalidad y que tienen una atención especializada. Justamente para esa persona se pidió prisión preventiva”.
Además, hubo otros “dos imputados con prisión preventiva por 180 días por los mismos reiterados delitos mientras se continúa la investigación y hay cuatro personas que aún no fueron formalizadas porque no teníamos suficiente evidencia, y se le impusieron medidas limitativas, como fijar domicilio y prohibición de acercamiento a las adolescentes”.
Dijo que la prisión preventiva para esas dos personas imputadas fue “porque entendíamos que el riesgo para esas víctimas y para la sociedad imponía la prisión preventiva, que fue apelada por la defensa pública en una audiencia que duró tres horas, y la juez mantuvo eso”.
Reiteró que “esta es la primera etapa, donde uno ve las evidencias que tiene, lo presenta y después seguimos con los análisis de los dispositivos electrónicos, sobre todo los incautados a los imputados en los allanamientos, en el correr del día 18, con el trabajo de Investigaciones con Policía Científica que hicieron el análisis primario de los celulares”.

“Un montón de información”

Explicó que “no nos dan los tiempos a veces, entre las 24 y las 48 horas, para analizar todo porque son dispositivos electrónicos que tienen un montón de información”, y que “con lo que teníamos de evidencia de los celulares incautados a las adolescentes sobre estas personas, sí teníamos evidencia suficiente, y la pudimos presentar y defender –en algunos casos– y cuando llegamos a juicios abreviados es porque las personas asistidas por sus defensas entendieron que esa era la mejor forma de solucionar, y para nosotros también. Siempre la pena en esos casos puede parecer poca pero la Ley establece el límite legal para esos delitos de dos años, y en un proceso abreviado uno puede reducir hasta un tercio. Lo que no se puede es bajar del mínimo de la pena”.

Eran casos individuales

Sobre si era una red de personas con esos fines, dijo que “no, cada caso es individual. Ninguna de las personas tenían vinculación entre sí, cada una es de diferentes franjas etarias y estratos (sociales), sobre todo por las redes sociales”.
En cuanto a las jóvenes, “estaban en situación de vulnerabilidad y estaban en ese régimen porque en su hogar no encuentran contención, pero pueden salir del hogar en salidas no acordadas donde pueden visitar a sus familias, y así sucedieron algunos de los encuentros”.
Al saber los hechos denunciados, “para protegerlas fueron derivadas a otros centros, en otros departamentos, pero probablemente puedan volver acá porque es como una revictimización de las menores, e INAU va a seguir trabajando con ellas para poder darles esa contención”.
Al finalizar la conferencia de prensa, la fiscal recordó que “hoy se conmemora un año más de la Convención Interamericana de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

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