Uruguay ha definido una política pública de promoción de la movilidad eléctrica estipulando una serie de beneficios hacia la adquisición de vehículos con esa motorización, tanto para transporte público, logística (última milla), como para uso familiar. Los resultados están a la vista: en los últimos meses los automóviles eléctricos por primera vez superaron en ventas de cero kilómetro a los de combustión interna. Ahora bien, ¿son tan ecológicos los vehículos eléctricos como para justificar el esfuerzo fiscal que se está haciendo? Entre quienes creen que no es tan así está el ingeniero sanducero Enrique Olivera, autor de un estudio que tituló “Greenwashing a la uruguaya”, en el que sostiene que aun en Uruguay, donde la electricidad se obtiene de fuentes renovables, no es tan evidente la diferencia en la huella de carbono entre un eléctrico y un auto con motorización tradicional, sobre los que, además, pesa una carga impositiva excepcionalmente alta.
Autor
Ingeniero industrial mecánico de profesión, Olivera se reconoce como un apasionado por todo lo relacionado al mundo del automóvil y el automovilismo y confiesa su molestia con respecto a la alta carga impositiva que tienen los autos en Uruguay. “A mí me molesta bastante que los vehículos en Uruguay están en la única parte del mundo donde están tan cargados de impuestos”, una política que, entiende, “hasta afecta temas de seguridad”, porque es una limitante para que la población pueda acceder a vehículos más modernos y, por lo tanto, seguros. “Mucha parte del valor del vehículo va en Imesi en los vehículos a combustión”, indicó. Basta con ir a otros países en la región para comprobar que los valores son muy diferentes. “En Chile un auto cuesta la mitad del valor, el mismo vehículo, el mismo modelo”, por la carga de Imesi y otros impuestos. “Un vehículo a combustión termina costando el doble del precio CIF, por decirlo de una manera”. Y lo mismo ocurre con el combustible.
Pero parte de esta política cambió con los vehículos eléctricos. El boom que han tenido en las ventas, para Olivera, se debe a los beneficios impositivos.
“Lo catalogo en el informe como quizás un poco injusto respecto al vehículo a combustión, porque entiendo que se beneficia al vehículo eléctrico con el argumento de que es ambientalmente más amigable”, planteó. De allí el título del informe. Greenwashing es, literalmente, lavado verde, y se aplica a las empresas que con algunas prácticas ambientalmente amigables esconden una realidad diferente.
Emisiones
Olivera considera que el Estado está dejando de recaudar, con los 14.000 autos que se vendieron el año pasado, en el entorno de los 100 millones de dólares al año, bajo el argumento de que es una movilidad de cero emisiones. “Pero no es cero emisiones, y tiene atrás un problema muy fuerte, que es el de las baterías de los vehículos”. Comencemos por allí, por el corazón de esta tecnología, que no es el motor, que es mucho más sencillo que el de un auto tradicional. El desarrollo clave fue el de las baterías capaces de almacenar mucha energía.
“Las primeras baterías, de la tecnología que llevaba cobalto-litio, cobalto-níquel, son más reciclables, porque el cobalto y el níquel son metales más preciados, entonces sí se puede recuperar parte de esos metales del cátodo, y la batería podría llegar a empatar, o a tratar de hacer que funcione”. Sin embargo la nueva generación es de litio-fosfato, y en lo que tiene que ver con el fosfato son prácticamente irrecuperables.
Allí hay un obstáculo que, para Olivera, hace que esta tecnología no sea lo ecológica que se promociona. “Incluso el vehículo eléctrico yo menciono que —por sus componentes— es el auto más ‘descartable’ de todos, porque todo depende de una pantalla que obviamente, cuando quede vieja o se rompa dentro de 10 años, alguna de las marcas quizás ya no existe. Entonces eso hace que el vehículo quede como un pisapapeles de dos toneladas”.
Carga
Estima Olivera que el Estado actualmente recarga 1.000 millones de dólares anuales en Imesi a través de la nafta, algo que va a ir disminuyendo. La propia presidenta de Ancap, Cecilia San Román, anunció que este año, o el que viene, será el año de mayor venta de nafta, que luego comenzará un declive que pretende compensar con un proyecto de exportación a la región de gasolinas refinadas. Las gasolinas se obtendrán de todos modos porque surgen en el proceso de refinación del petróleo, que no disminuirá porque la demanda de gasoil se sostendrá un tiempo más, de acuerdo a las proyecciones de la petrolera estatal.
Comparación
Ahora bien, otra de las claves de la comparación propuesta por Olivera es la huella de carbono a lo largo de toda la vida de los vehículos, desde que se obtienen las materias primas hasta la disposición final.
“El vehículo eléctrico nace con una deuda de carbono, porque al fabricar un vehículo eléctrico todo lo que hubo previo a él emitió muchísimo CO2”, desde la minería con la que se obtuvieron los minerales. Por ejemplo el litio, “que para sacarlo se perfora un salar, se saca el agua debajo de tierra del desierto. Sacan de cada 750 toneladas de salmuera una de litio, una relación así”. Lo mismo ocurre con los demás metales que llevan las baterías. “Todo eso se hace en minas gigantes a cielo abierto, con equipos gigantes, que tienen consumos enormes de combustible para mover todo ese material y extraerlo de la tierra”, lo que supone consumo de combustible tradicional.
Olivera señaló que hay simuladores donde se pueden comparar los datos de emisiones de un vehículo. “Y cambia muchísimo también con el origen del auto”, en función del cuidado que el fabricante ponga en el proceso. La normativa europea es en general más exigente que la asiática en este punto.
Margen
Los vehículos eléctricos empiezan su vida con esa deuda de carbono. “Es carbono ya emitido; ciertos fabricantes dicen que, en el mejor de los casos, a los 30.000 km y dependiendo de la matriz energética del país, se compensa”, refirió. “O sea, el auto eléctrico es más contaminante, ha emitido más CO2 hasta ese punto y a partir de ahí empieza a tener una mejora respecto a la combustión”. Pero el punto de equilibrio, por llamarlo de alguna manera, en el que la electricidad compensa ese carbono ya emitido, “puede desplazarse hasta los 700.000 km”, agregó. Y si al llegar a ese punto ya se ha tenido que realizar el cambio de batería, la relación es inversa: “ahí estás emitiendo más CO2 con el vehículo eléctrico”.
Para Olivera es probable que el vehículo eléctrico, a lo largo de su vida útil, con la matriz energética uruguaya, “compense el CO2, y probablemente en su gran mayoría, si promediamos, capaz que haya algún ahorro de CO2. Pero es mínimo. ¿Por qué el Estado uruguayo decide beneficiar eso?”, se preguntó.
Acceso
Otro de los planteos del informe de Olivera es a qué parte de la población se está dirigiendo este beneficio. “Viéndolo desde otro punto de vista político, ¿quién se puede comprar un vehículo cero kilómetro?”, sugirió. Y la inversión no se agota solo en el vehículo, porque también hay que instalar el punto de carga. “No son solo los $45.000 o $20.000 que vale un cargador, sino la instalación eléctrica, reforzar la línea de ducto, reforzar los transformadores. Hay mucho atrás de todo, que hace que uno termine preguntándose si vale la pena esto”.

