El desafío de hacer una reforma que haga sustentable el sistema de seguridad social

La problemática de la seguridad social en nuestro país es abordada actualmente en una primera fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas con vistas a llevar adelante una reforma que permita superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años.
Aunque no fue motivo de énfasis por ninguno de los partidos que comparecieron en las elecciones nacionales, la problemática de la seguridad social y sobre todo su financiación de cara al futuro es un factor omnipresente cuando hablamos de los recursos del Estado.
El que se le haya soslayado en la campaña tiene su explicación por el lado de que lejos de ser un tema captador de votos, tiene muchas espinas que indefectiblemente implican correctivos que no van a resultar simpáticos, desde que de una u otra forma habrá que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro en el que siempre hay damnificados o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Además, no hay ningún partido en el mundo que tenga por sí solo la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que hay consenso en que las respuestas deben responder a un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema.
Por lo pronto, debemos partir de la base de que Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional.
En los últimos días, el trabajo de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) designada por el presidente Luis Lacalle Pou se está concentrando en audiencias con diversos grupos de interés respecto a la situación del sistema previsional.
Uno de los integrantes del grupo, economista Alvaro Forteza, dijo a El Observador que el aspecto que más le preocupa es lo que va a pasar con las personas más vulnerables a la hora de la jubilación en un futuro próximo, dado que ese grupo de población es grande y crecerá en los próximos años.
En este sentido el economista plantea que actualmente hay unos 1.500 millones de dólares transferidos al Banco de Previsión Social para las jubilaciones de estas personas pero que están siendo asignados en parte al pago de jubilaciones de alto nivel de ingreso.
Sostuvo asimismo que “hay todavía mucha gente que se jubila reconociendo a través de testigos y testimonio personal de años de trabajo. Y puede ser que lleguemos a jubilaciones enteras sin capacidad de registrar períodos de aporte o de servicio basadas en estos mecanismos un poco menos formales”.
“Cuando uno mira los aportes de contribución en estos registros, el panorama es bastante preocupante. Hay frecuentes lagunas en la contribución de mucha gente, especialmente en la de menores ingresos”, señaló, en tanto evaluó que “es previsible que ese problema se note en forma creciente en los próximos años. Otra dimensión que importa es que hay gente que tiene ingresos bajos a lo largo de toda la vida y va a llegar a jubilaciones bajísimas financiables con sus aportes, inferiores a la jubilación mínima actual. A esa gente habrá que subsidiarla, como ahora pero a muchos, y habrá que evaluar el costo de eso”.
A esta altura hay que tener en cuenta, que nuestro país pasó de una Tasa Global de Fecundidad de 2,73 nacidos cada mil habitantes en 1950 a una estimación de 1,9 nacidos para 2020, en tanto en la otra punta de la pirámide, la tasa bruta de mortalidad en 1950 era de 10,52 cada mil habitantes y ésta se estima en 9,21 para 2020.
Vienen a cuento en este análisis aportes formulados por Guillermo Tolosa, director ejecutivo del instituto de estudios económicos Ceres, quien considera que el “gran elefante blanco” que tiene el Estado uruguayo es la seguridad social, que implica un 35 por ciento del gasto estatal.
Dijo que este gasto incluso es elevado en la comparativa internacional respecto a países de estructura demográfica semejante, al punto que se duplica en promedio respecto a otros y consideró que “es un esfuerzo que está haciendo la sociedad uruguaya que tiene consecuencias positivas. No es un despilfarro y todos deberíamos estar orgullosos”.
Empero, destacó que desde 2008 el gasto en seguridad social aumentó un 70 por ciento, lo que equivale a un dos por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) mientras que en infraestructura el incremento fue del 0 por ciento.
Forteza, por su lado, al exponer el tema de los subsidios, señaló que “por ahora no hay propuestas porque estamos en la fase de diagnóstico, pero pienso que va a haber voluntad para hacer un sistema de jubilaciones de base no contributiva, es decir con financiamiento importante de Rentas Generales, que ya lo es hoy en día, pero habría que reestructurarlo para tapar huecos e integrarlo mejor a los pilares contributivos que existen y seguirán existiendo”.
Consideró además que podría tomarse como referencia el modelo sueco de pensión garantizada, para complementar pasividades mínimas, salvando las distancias entre la realidad de la nación nórdica y nuestro país.
Es decir, estamos ante la visión de uno de los técnicos dentro de la diversidad de la comisión, que cuenta con participación de todos los partidos políticos, y de ahí la importancia de recoger todos los puntos de vista y comparar números y perspectivas.
Pero por más que se da vueltas en el asunto, reaparece como el eje de la cuestión la sustentabilidad del sistema de seguridad social ante el aumento de la población mayor, los recursos disponibles y las exigencias que se irán acentuando en lo que refiere al apoyo para atender la calidad de vida de este sector de población, que de una forma o de otra siempre recaerá sobre los actores activos del sistema.
Este es un aspecto central en el análisis de la comisión de expertos, al conjugar la diversidad de componentes que inciden en la problemática, las asimetrías, la asignación intergeneracional de recursos y los avatares de la economía en cuanto a la capacidad de captación de recursos, en el marco de la premisa de garantizar la sustentabilidad del sistema.
Ello debe enmarcarse dentro de un entendimiento político interpartidario sin excepciones, ante un desenlace que se desembocará en un futuro más o menos cercano, y que se manifestará de todas formas, cualquiera sea el partido que esté en el poder.