Tras conocerse que la Intendencia de Paysandú no renovaría el contrato a los 120 funcionarios de los 8 centros CAIF y el Centro Siempre administrados en convenio con el INAU, porque la directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero, comenzó a recorrer cada CAIF para comunicar en persona la decisión, los afectados se organizaron rápidamente y en un par de horas se concentraron frente a las oficinas de Promoción Social “en busca de una respuesta; esto es inaudito; nos tomó totalmente por sorpresa”, como dijo una maestra referente.
Hay funcionarios con 18 y 16 años de trabajo, que ya ingresaron en la franja etaria de entre 40 y 50 años “a los que les será muy difícil conseguir trabajo; nos parece un atropello”, indicó otra afectada.
No se quedaron ahí, sino que a las 17 se concentraron en plaza Constitución para compartir su situación de desempleo con los transeúntes y a las 19, en la más ruidosa de las tres concentraciones, se reunieron frente al Palacio Municipal, donde permanecieron más de una hora.
Primero hablaron con el presidente de la Junta Departamental, Braulio Álvarez, quien explicó que no podían ingresar a la barra puesto que estaba cerrada al público por razones sanitarias. Luego descendió el intendente Nicolás Olivera, y se acordó que una delegación se reuniera en el Salón Rojo. En el encuentro, Olivera y su secretario general, Fermín Farinha, explicaron su plan, haciendo hincapié en que se trataba de un proyecto que busca ahorrar 15 millones de pesos por mes. En la charla las representantes de los trabajadores pusieron en primer lugar que quieren mantener sus empleos, pero no se opusieron a un cambio de gestión, así como tampoco al cambio en las horas de trabajo. Olivera prometió estudiar el tema, en la medida que quiere establecer el rendimiento de cada trabajador antes de acceder a que sea contratado directamente por la organización que vaya a encargarse de los recursos humanos.
Lo que la Intendencia planea es que una oenegé o fundación se haga cargo de la gestión de los recursos humanos, y en ese sentido se abrió en la víspera una licitación, cuyo resultado se conocerá en los próximos días.
En tanto el Frente Amplio, tanto su bancada en la Junta Departamental como en la fuerza política rechazaron la decisión. La diputada Cecilia Bottino se comunicó con la directora de INAU, Natalia Argenzio, quien “confirmó que no hubo hasta el momento ninguna comunicación de la Intendencia de Paysandú indicando la cogestión, cediendo la administración de recursos humanos”.
“NO SE VERÁ AFECTADO EN LO MÁS MÍNIMO EL SERVICIO”
El intendente Nicolás Olivera explicó que la Intendencia tomó la determinación de cogestionar la administración de recursos humanos con una onegé o fundación porque de esa manera podrá ahorrar quince millones de pesos mensuales. Pero al mismo tiempo dio garantías que el “servicio no se resentirá en modo alguno, concurrirán la misma cantidad de niños, que recibirán cuatro horas diarias de atención, habrá la misma cantidad de personal técnico y no técnico, todo eso se mantendrá”.
Indicó que “salvo el departamento de Rivera, que administra un CAIF, no hay otro departamento –excepto Paysandú– que haga esa tarea en todo el Uruguay. Se administran 8 centros CAIF y un Centro Siempre, desde hace muchos años. Pero eso trae problemas financieros a la Intendencia, y debemos tener en cuenta que administramos dinero que no es nuestro, que es de la gente y que los recursos los debemos utilizar muy responsablemente”.
Expresó que “solamente en Paysandú ocurre algo muy curioso. Semanalmente en todo el país menos acá, se pagan 20 horas semanales, que son las de prestación efectiva. Acá también la atención a los niños es de esa cantidad horaria. Pero se pagan 30 horas semanales. Entonces, no vamos a tocar el laudo horario establecido por el INAU, pero no encontramos sentido a pagar 30 horas semanales cuando se trabajan 20. Ese dinero no va a los niños que son el objetivo principal de los CAIF”.
Entonces, “aprovechando que los contratos culminan (hoy 31 de diciembre), hicimos una licitación para oenegés o fundaciones que puedan gestionar el recurso humano. Obviamente eso deja temporalmente fuera a los 120 trabajadores. Pero habrá un llamado abierto y muy probablemente la mayoría de los que trabajaban vuelvan a ser contratados. No tenemos ninguna intención de perjudicar a esos trabajadores. Pero hay algo que debe comprenderse y es que las Intendencias aportar mucho por aportes patronales, un 16,5%. A eso hay que agregar seguro de salud y más. La situación de las oenegés y fundaciones es muy diferente. Por lo tanto, con esta acción la Intendencia ahorrará mensualmente 15 millones de pesos”.
Subrayó que “no se cerrará ningún centro CAIF, los niños tendrán sus cuatro horas de atención diaria y veinte semanales, no se verá afectada su alimentación, la cantidad de docentes y auxiliares será la misma y el laudo se respetará. No se verá afectado en lo más mínimo el servicio, que es lo que a nosotros nos importa”.
“SE TRABAJAN LAS 30 HORAS”
Sin embargo, una fuente de las funcionarias afectadas aseguró que “las maestras y educadoras en realidad trabajan las 30 horas semanales, de lunes a viernes de 7 a 12 horas o de 13 a 18 horas, y los sábados en la mañana. La diferencia con otros CAIF es que en este, 20 horas las paga el Plan CAIF mientras que la Intendencia venía pagando las otras 10 horas, que se utilizan para planificación; en los demás centros no se dispone de esas 10 hs de planificación por semana. Por otra parte, las funcionarias técnicas y de cocina y limpieza cobran igual que en cualquier otro centro. Por lo tanto, lo que ocurrirá cuando se instrumente el nuevo sistema es que bajarán la carga horaria de las maestras y educadoras a 20 horas semanales”.
Respecto a las seguridades laborales, dijo que “Olivera no nos aseguró nada, más allá que seguramente la mayoría será retomada, pero eso no nos da certezas. No hay ninguna cláusula que asegure la continuidad laboral, algo que podría haberse instrumentado”.
“genera incertidumbre en trabajadores y familias”
La bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental expuso su postura en conferencia de prensa realizada antes del comienzo de la sesión extraordinaria, en la que abandonaría la sala. El coordinador de bancada, Marco García, aseguró que “no es ni el momento ni la forma en la cual se viene llevando adelante esta política de recursos humanos de la Intendencia de Paysandú. Literalmente a partir de hoy más de 120 trabajadores han quedado sin su lugar de trabajo. En una situación compleja del país y del departamento, en una fecha más que sentida por toda la ciudadanía y en una situación de pandemia, la Intendencia toma esta decisión, cuando precisamente uno de los temas importantes es la situación del trabajo y el empleo”.
La decisión adoptada por la Intendencia, en la óptica del Frente Amplio, “genera incertidumbre en trabajadores, pero también –y esto no es para nada menor– en las familias vinculadas a los distintos centros de atención a la infancia y a la familia. Porque los CAIF atienden en Paysandú a más de 1.300 niños y sus entornos familiares”.
Por eso, “más allá de los cambios de gestión que puedan producirse, desde hoy hay 120 trabajadores que no tienen su trabajo y más de 1.300 familias que no saben quién va a estar gestionando los distintos CAIF a partir de febrero. Nos parece que es una pésima manera de culminar el año desde el gobierno, y esto abre preocupación e incertidumbre por las próximas acciones de gobierno”.
“ESTE GOBIERNO NO PARECE PREPARADO”
El presidente del Frente Amplio en Paysandú, Álvaro Guigou, también presente en el encuentro con la prensa, recordó que “para el Frente Amplio la preocupación central es el trabajo y el sustento familiar, máxime en tiempo de pandemia. Por eso, generar una grieta, una confrontación política entre quienes apoyaron los 15 años del Frente Amplio y quienes apoyan hoy a esta coalición, es una muy mala maniobra del gobierno departamental”.
“La verdad es que este gobierno no parece estar preparado para asumir esa responsabilidad. Porque toma una medida unilateral, con todo lo que significa la atención a la primera infancia. Sin ir muy lejos, hay una terrible contradicción entre lo que hizo el Partido Nacional en el período 2010-2015 y lo que hace en este 2020 en un tema tan difícil como complejo”, agregó Guigou.
“Claramente no están mirando la situación por la que atraviesan las familias, a las que se les genera incertidumbre, al no saber quién se va a hacer cargo de la gestión de los CAIF, lo que hoy no está claro. Eso implica que tampoco se conoce el modelo de gestión. No es lo mismo que se encargue un gobierno departamental en coordinación con organismos nacionales, a que la gestión esté a cargo de una organización que no se conoce sus credenciales, que será incorporada sin que nadie pueda opinar ni interponer opciones”.
“NADIE DE LA INTENDENCIA SE COMUNICÓ CON EL INAU”
Juan Gorosterrazú, del equipo de la diputada Cecilia Bottino, informó que se comunicó “con la directora del INAU por el Frente Amplio, la licenciada Natalia Argenzio, quien informó que nadie de la Intendencia de Paysandú se comunicó con el INAU. Dijo que ni siquiera el presidente del Directorio Pablo Abdala estaba enterado. Se mostró realmente muy sorprendida por lo que está sucediendo en Paysandú”.
Agregó Gorosterrazú que “hay un convenio vigente entre el INAU y la Intendencia de Paysandú, que requiere de una gestión previa para el caso de ceder la gestión de los CAIF, ya que eso implicaría un cambio de los convenios vigentes para la gestión de los mismos, lo que no se puede hacer unilateralmente como se propone la Intendencia”.
“Respecto a la consulta que le hicimos sobre la situación de los trabajadores –indicó el integrante del equipo de la diputada por el Frente Amplio Cecilia Bottino–, informó que es un tema que lo debe manejar la Intendencia, siempre y cuando no modifique la continuidad de la atención y lo que implica normativa del derecho laboral. Eso en parte nos tranquiliza, ya que si hay voluntad de la Intendencia, se podría asegurar la continuidad de los trabajadores actualmente contratados, que culminan su contrato”.
Natalia Argenzio comentó al equipo de Bottino que “una propuesta sería que la Intendencia renueve durante 6 meses los contratos y en ese lapso tenga una negociación con INAU para dar continuidad a los proyectos, transfiriendo toda relación contractual de la Intendencia a otra organización. Para eso la Intendencia debería hacerse cargo de la antigüedad de los trabajadores y pagar los despidos. Desde INAU comenzaríamos negociaciones con organizaciones civiles que se quieran hacer cargo de los proyectos tomando los recursos humanos hasta hacer un nuevo llamado”.
“Consideramos que lo correcto es postergar cualquier tipo de decisión hasta tanto se tenga una reunión con el Directorio del INAU. Porque con la crisis de empleo que hay en Paysandú, que se contribuya aún más en este sentido, en este contexto de pandemia y sus impactos, con un escenario de incertidumbre tan grande es poco sensible, no es el momento de hacerlo”, aseguró Gorosterrazú
