Diversas razones hacen de la función pública una tarea fundamental para el desarrollo de los países y la felicidad y bienestar de sus habitantes. No se trata únicamente de la importancia de los fondos públicos que son administrados por los diversos jerarcas de un gobierno, sino también del hecho que los fines a los cuales deben aplicarse los mismos son ni más ni menos que los fines del Estado, el cual debe velar por el interés general con especial sensibilidad en áreas como la salud, la educación y la seguridad. Teniendo en cuenta estas consideraciones, resulta de vital importancia poner especial cuidado a la hora de designar a las personas que ocuparán tales cargos.
Sobre dichas designaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha expresado que “Cuando un nuevo gobierno asume el poder, es habitual que parte importante de los directivos y quienes ejercen cargos de alta relevancia estratégica en organizaciones públicas cesan en sus funciones –voluntaria o involuntariamente– y son reemplazados por otros profesionales nombrados de manera discrecional. Son los también llamados “cargos de confianza. Las designaciones discrecionales no siempre se explican por nepotismo o amiguismo, sino que se deben a la necesidad del gobernante de contar rápidamente con alguien fiable para ejercer un rol específico. Sin embargo, la realidad es que el nombramiento directo de funcionarios trae consigo consecuencias que deben considerarse”, especialmente porque “la selección de directivos públicos bajo sistemas de mérito conduce a un mejor desempeño por parte de las instituciones públicas”, incluyendo “una serie de mejoras en la gestión interna de las organizaciones y en sus prácticas de trabajo, más que en los resultados. Otros beneficios intangibles percibidos son la mayor legitimidad y un mayor compromiso del directivo con la institución”.
Como ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Una función pública cualificada y profesional es un elemento básico de la eficacia gubernamental. Contar con leyes, normativas y estructuras adecuadas para atraer, contratar, formar y conservar a funcionarios públicos cualificados es esencial para garantizar que el gobierno pueda cumplir sus prioridades, ser receptivo y brindar servicios a los ciudadanos. Ello implica ante todo y en primer lugar la existencia de un sistema en el que se contrate a los mejores candidatos por sus méritos. Un sistema de contratación transparente y meritocrático es el primer paso hacia la constitución de una plantilla cualificada y la garantía de que los recursos asignados a la planificación y gestión del personal se han invertido correctamente. Los sistemas de contratación transparentes y meritocráticos también fomentan la confianza de la sociedad civil en la función pública y en la administración pública en general. (…) Una función pública profesional comienza con la contratación meritocrática para obtener las competencias adecuadas. (…) Cuando el clientelismo o la influencia política afectan al sistema de contratación, deja de haber profesionalidad, puesto que la lealtad ya no se centra en el servicio al ciudadano. La contratación bajo influencia política menoscaba la confianza del ciudadano en el servicio público y, más ampliamente, en la administración pública. Al mismo tiempo, esta influencia afecta la capacidad de la función pública para contratar talentos por canales regulares, dado que los candidatos potenciales no se deciden a iniciar un proceso de selección que carece de credibilidad”.
Lamentablemente Uruguay se encuentra muy lejos de poder alcanzar los parámetros señalados por los referidos organismos internacionales, ya que muchas veces las designaciones son efectuadas sin tener en cuenta la falta de experiencia o capacitación de la persona señalada para la tarea, fruto de priorizar la pertenencia a un sector político determinado (o un vínculo familiar) antes que la capacidad del candidato y los aportes reales que el mismo puede realizar para la oficina pública para la cual se le designe. Una variable de esta forma de actuación son los denominados “premios consuelo” reservados para aquellos candidatos a senadores, diputados, intendentes, alcaldes o ediles que no han logrado los votos necesarios para acceder a los cargos a los cuales se han candidateado pero a los cuales se les quiere “premiar” por su esfuerzo electoral y la mejor manera que se encuentra es designarlo para un cargo público, para el cual la mayoría de las veces no está preparado y cuyo salario digno de Sha de Persia es abonado por el dinero que pagan los contribuyentes. A diferencia de los simples mortales que tienen que trabajar ocho horas o tratar de mantener a flote una micro, pequeña o mediana empresa, estos jerarcas sólo tienen que esperar la llamada que les indique en que organismo público cobran su jugoso sueldo los próximos cinco años.
Esta política de designaciones causa un especial efecto negativo en los ciudadanos, ya que favorece la actividad política como una “oficina de colocaciones de empleo” donde más tarde o más temprano se logra vivir del Estado en lugar de acceder a dichos cargos para cumplir cabalmente con las funciones asignadas. No se trata de “vivir del Estado” sino de “trabajar para el Estado”, a pesar de que muchos parecen no entenderlo. Iniciado este camino de escepticismo, el ciudadano opta por involucrarse en los temas de la administración pública “lo que tarde o temprano termina en una actitud de indiferencia que corroe las bases del sistema democrático”. Como ha señalado el dramaturgo alemán Bertolt Brecht (1898-1956) “el peor analfabeto es el analfabeto político. El que no ve, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. El que no sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pescado, la harina, del alquiler o de sus medicamentos, dependen de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política”. Si el sector público es concebido como un espacio para obtener trabajo gracias a los padrinos de turno, no nos puede extrañar que tarde o temprano la actividad política termine siendo rebajada en su consideración y valoración pública por parte de la ciudadanía en general. Y ese es un camino peligroso que socava la democracia, porque roza la corrupción y puede llevarnos a situaciones como las que vemos en otros países de Latinoamérica, que en lugar de avanzar hacia estados más transparentes y republicanos terminan hundiéndose cada vez más en la corrupción y el amiguismo.
Por eso es que sin desconocer el elemento confianza que pesa en tales designaciones (y a las cuales hace mención el BID), aún cuando se trate de cargos de confianza, deben ser sometidos a criterios objetivos que permitan elegir a las personas más calificadas para la función. Es importante para todos los uruguayos –y especialmente para la salud de nuestra democracia– terminar con las designaciones a modo de “premios consuelo” donde poco importa que los jóvenes pasen años de su vida capacitándose o adquiriendo experiencia si al final lo que pesa más es tener “padrino”. El mensaje que le estamos enviando a los jóvenes no es para nada alentador: “en lugar de estudiar, empezá a militar en el club político o en el comité de base porque tarde o temprano te darán un cargo”. Después a no quejarse cuando la gente diga que “los políticos son todos iguales”, una frase que demuestra el descreimiento en el cual han caído algunos representantes de esa actividad.
