No ha tenido mayor repercusión, posiblemente ante el fragor de la información inherente a la situación por el COVID-19 e incluso por cobertura al lanzamiento de la cruzada para la obtención de firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) por las organizaciones sindicales y afines de grupos radicales de izquierda –Frente Amplio incluido–, la información respecto al resultado de una auditoría sobre el costo final que tuvo la construcción del Antel Arena, que insumió la friolera de 118 millones de dólares, cuando la inversión anunciada era de unos 40 millones de dólares.
Quiere decir que la obra terminó triplicando la inversión inicial, una diferencia que hubiera sido imposible de aceptar en el ámbito privado, pero al tratarse del Estado simplemente se cerraron filas desde el oficialismo frenteamplista sobre números y rendición de cuentas y se deberá pagar con el aporte de todos los uruguayos.
Tenemos que al asumir el nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou, mediante una licitación pública, la empresa Antel realizó una auditoría de gestión para establecer el costo total de la construcción del estadio multipropósito Antel Arena. El estudio también se efectuó con el objetivo de evaluar y revisar el proceso de gerenciamiento del proyecto y conocer las obligaciones financieras o comerciales de la compañía.
El actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y el vicepresidente de la empresa, Robert Bouvier, dieron cuenta de que, de acuerdo a los datos de la firma auditora presentados, hasta el 30 de junio de 2020, el costo de construcción del Antel Arena fue de unos 118 millones de dólares. “Es una cifra mayor a las que se venían manejando hasta el momento en términos de la discusión pública o del manejo de números que se había hecho; equivale a casi un año entero de las inversiones de Antel”, afirmó Gurméndez.
Asimismo, la auditoría reveló obligaciones financieras pendientes de pago por 48 millones de dólares, correspondientes al fideicomiso y deudas comerciales con contratistas. “Estamos trabajando en la posible refinanciación de las posibles deudas financieras”, añadió.
Cerca de la valoración del gerenciamiento del proyecto, los planes de contratación y el control de los presupuestos, las autoridades informaron que cuando se aprobó la iniciativa existía un plan de negocios incompleto, en tanto la construcción se inició sin un cronograma, ni plan de calidad, ni de presupuesto financiero.
El informe indica que hubo debilidades en la gestión del proyecto, falta de definiciones en controles y procesos, una matriz de responsabilidades incompletas, dificultades en la gestión de riesgos, falta de cronograma maestro completo e indefinición del alcance. Todo parece indicar que se fue gastando a medida que fue necesario. “La idea se lanzó sin un claro rumbo de cuánto iba a costar, adónde se quería ir y cuánto tiempo eso iba a determinar”, señaló el titular del ente.
El jerarca señaló que durante el primer año de funcionamiento del Antel Arena hubo pérdidas de más de un millón de dólares y que ahora el destino es incierto por causa de la pandemia de COVID-19.
A su vez la segunda parte de la auditoría se conocerá dentro de un par de meses con el objetivo de ahondar en los procesos de contratación de los diversos insumos, obras o equipamientos y servicios asociados a la obra promovida y llevada adelante por la exministra de Industria y Energía y hoy intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien habló de un costo estimativo de U$S 40 millones.
La investigación a cargo de la firma independiente Ecovis determinó, además, que el procedimiento elegido por Antel para contratar con los proveedores para la edificación del estadio multipropósito, fue por compra directa y compra directa por excepción. Esto llevó a la auditoría a concluir que no hubo una intención de aportar a la transparencia.
Hay empero una serie de consideraciones que es fundamental traer a cuento respecto a este emprendimiento: la primera de las cuales es que se confirma a través de la auditoría que la idea era hacer la obra al costo que fuera, y que el presunto presupuesto de escritorio estimativo de la construcción no eran más que números para tapar el ojo a la ciudadanía, mintiéndole en la cara a la por entonces oposición política, pero también a todos los uruguayos, para que la presidente de Antel saliente se diera el gusto de dejar para la posteridad su suerte de “pirámide de Giza” personal.
Este monolito de 118 millones de dólares es además el mayor monumento al centralismo desde la construcción de la Torre de las Comunicaciones en 2002, de triste recuerdo para el Uruguay de tierra adentro, casualmente –o no tanto– también llevada a cabo por Antel y que curiosamente –o no tanto– guarda otra similitud con el Antel Arena: el costo inicial de la construcción estimado en 65 millones de dólares se elevó finalmente a 102 millones.
El punto es que Antel dispuso esta obra en favor de Montevideo con el aporte de sus clientes de hasta el último rincón del país, cuando siendo una empresa del Estado no tiene por qué dar ganancias y de generarlas lo que corresponde es o reinvertirlas en servicios, o en todo caso volcarlas al Estado para beneficio de todos los uruguayos, que son los dueños de la empresa. Al fin y al cabo no hubiesen venido nada mal esos casi 120 millones de dólares para abatir en algo el déficit fiscal que dejaba el Frente Amplio en el gobierno, o se podrían haber gastado mejor en equipar hospitales, a la Policía o a las Fuerzas Armadas, que dejaron al borde de la inoperancia.
Pero la gran “idea” de la expresidente de Antel fue el “lo hacemos nosotros”, y así la Intendencia –cuya titularidad ahora ocupa– se salva del gasto que debería hacer recaer sobre sus contribuyentes y en cambio el Antel Arena, con su fachada de obra nacional que es solo capitalina, por cierto, va a ser pagada por los clientes del organismo dispersos en todo el país.
En suma, una obra eminentemente capitalina que es un eslabón más del macrocefalismo que padece históricamente el Uruguay, en la misma línea que ha sido la creación e instrumentación de los servicios del Sodre, el 95 por ciento de cuyos servicios e infraestructura –incluyendo el auditorio– se encuentran en Montevideo pero lo financiamos todos los uruguayos. O como iba a ser el faraónico puente Colonia-Buenos Aires, entre otros emprendimientos del mismo tenor, obras supuestamente para todos los “uruguayos”, pero que en los hechos son para engalanar y servir a la “bella tacita del Plata”, que fagocita al país desde el origen mismo del Uruguay.