En Uruguay se venden al año unos 900 mil metros cúbicos (m³) de gas oil, de los que 45 mil m³ corresponden a biodiesel. El gasoil 50S, el de mayor demanda, tiene un precio al público de $ 40,40, y en caso de quitarse el biodiesel de la mezcla, el litro de gasoil pasaría a costar 39 pesos con 14 centésimos, con un ahorro de $1,26 por litro.
La página especializada Surtidores publicó que “de acuerdo con fuentes parlamentarias, este arranque de año tiene dos ‘cambios’ en el mercado de los combustibles considerados prioritarios”.
Detalla que el primero de ellos tiene que ver con la eliminación de la mezcla de biodiesel en el gasoil, mientras que el segundo tema sobre el que se pondrá énfasis, es en el de quitar las potestades otorgadas a la Ursea por la LUC, en materia de competencia, a fin de que el organismo se enfoque en la regulación de la cadena del sector. Se informó que se espera poder “devolverlas al área de Defensa de la Competencia”.
BIODIESEL DE ALUR
En el documento de ANCAP “Actividades en tierra, desde muelle hasta salida de plantas de distribución primaria” en respuesta a la consulta pública de Ursea, se considera el costo de mezcla (etanol y biodisel) a precios de compra a la empresa Alcoholes del Uruguay (ALUR) de los agrocombustibles nacionales, reportados por ANCAP en forma trimestral.
La eliminación del biodiesel sobre el gasoil, si bien impactaría sobre costo de producción, permitiendo que este combustible bajara su precio al público en un peso con 26 por litro, ha recibido fuertes críticas por parte de Fancap, que ha expresado sus discrepancias con la proposición de la Ursea de “revisar la Ley de Biocombustibles a los efectos de eliminar la exigencia relativa a la mezcla de biodiesel en el gasoil, o sustituirla por importado” lo que implicaría –según la agrupación– “cerrar la planta Capurro y redistribuir su personal”.
DESMANTELAMIENTO DE ALUR
La Federación de Trabajadores de Ancap, manifestó en un documento que “sustituir en forma progresiva el sobrecosto implícito en la actual mezcla de etanol, significa desmantelar progresivamente el proyecto agroindustrial de ALUR”, situación que ha sido denunciada y rechazada enfáticamente por su presidente Gerardo Rodríguez.
Por su parte, el director de la OPP Isaac Alfie había revelado a Surtidores que en el último año (referencia 2020), Uruguay pagó por los biocombustibles entre 80 y 120 millones de dólares de exceso, tomando en cuenta los precios internacionales. “Dejando de lado la planta de ALUR de Bella Unión, en la que existe un compromiso político, en el resto pasa por bajar los porcentajes de la mezcla de biocombustibles, con medidas alternativas, como autorizar la importación”, sostuvo el jerarca.
