Con el intento de hacer sustentable el esquema de seguridad social para los desafíos que implica en los próximos años financiar el sistema con los recursos siempre escasos que se generan en nuestra economía, sigue en funciones el equipo interdisciplinario de técnicos de distintas ideologías en procura de llegar a una propuesta de reforma que concite el mayor respaldo posible.
Se está igualmente en una fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas para llevar adelante una reforma que permita por lo menos superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años.
No solo no es un tema fácil, sino que implica un lastre para todo partido político que se tome la cosas seriamente y no piense en la inmediatez de una contienda electoral; de ahí que se mencione poco y nada en las plataformas electorales. Así, aunque no fue motivo de énfasis por ninguno de los partidos que comparecieron en las elecciones nacionales, la problemática de la seguridad social y sobre todo su financiación futura es un factor omnipresente cuando hablamos de los recursos del Estado.
El que se le haya soslayado en la campaña tiene su explicación por el lado de que lejos de ser un tema que arrime votos, tiene muchas espinas que indefectiblemente implican que deben establecerse correctivos que no van a resultar simpáticos, desde que de una u otra forma habrá que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro en el que siempre hay damnificados, o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Además, no hay ningún partido en el mundo que tenga por sí solo la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que hay consenso en que las respuestas deben responder a un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema.
Hay que tener en cuenta por ejemplo que Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional.
La Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS) designada por el presidente Luis Lacalle Pou ha concretado audiencias con diversos grupos de interés respecto a la situación del sistema previsional, pero a partir de puntos de vista diferentes, es difícil llegar a acuerdos que tengan en cuenta todos los elementos de una vasta problemática, con proyección de futuro. Uno de los integrantes del grupo, el economista Alvaro Forteza, por ejemplo, ha señalado que el aspecto que más le preocupa es lo que va a pasar con las personas más vulnerables a la hora de la jubilación, dado que ese grupo de población es grande y crecerá en los próximos años. En este sentido, el economista plantea que actualmente hay unos 1.500 millones de dólares transferidos al Banco de Previsión Social para las jubilaciones de estas personas pero que están siendo asignados en parte al pago de jubilaciones de alto nivel de ingresos.
Sostuvo asimismo que “hay todavía mucha gente que se jubila reconociendo a través de testigos y testimonio personal de años de trabajo. Y puede ser que lleguemos a jubilaciones enteras sin capacidad de registrar períodos de aporte o de servicio, basadas en estos mecanismos un poco menos formales”.
“Cuando uno mira los aportes de contribución en estos registros, el panorama es bastante preocupante. Hay frecuentes lagunas en la contribución de mucha gente, especialmente en la de menores ingresos”, señaló, en tanto evaluó que “es previsible que ese problema se note en forma creciente en los próximos años. Otra dimensión que importa es que hay gente que tiene ingresos bajos a lo largo de toda la vida y va a llegar a jubilaciones bajísimas financiables con sus aportes, inferiores a la jubilación mínima actual. A esa gente habrá que subsidiarla, como ahora, pero a muchos, y habrá que evaluar el costo de eso”.
Por añadidura, considerando solamente los índices de natalidad y mortalidad, según un estudio del Banco de Previsión Social, nuestro país pasó de una Tasa Global de Fecundidad de 2,73 nacidos cada mil habitantes en 1950 –cuando tampoco estábamos entre los de mayor índice ni mucho menos– a unos 1,9 nacidos para 2020, en tanto en la otra punta de la pirámide, la tasa bruta de mortalidad en 1950 era de 10,52 cada mil habitantes y ésta se sitúa en 9,21 para 2020.
Es decir, que hay cada vez menos aportantes en la relación para sostener un sistema que demanda más recursos por efectos incluso de la mayor expectativa de vida, y esta brecha entre necesidades y realidad debe cubrirse por la vía de los aportes de Rentas Generales, es decir de todos los uruguayos, por la vía de gravámenes.
Guillermo Tolosa, director ejecutivo del instituto de estudios económicos Ceres, evaluó que la seguridad social implica un 35 por ciento del gasto estatal, teniendo en cuenta el elevado gasto en jubilaciones y pensiones, y trajo a colación que este gasto incluso es elevado en la comparativa internacional respecto a países de estructura demográfica semejante, al punto que se duplica en promedio respecto a otros y consideró que “es un esfuerzo que está haciendo la sociedad uruguaya que tiene consecuencias positivas. No es un despilfarro y todos deberíamos estar orgullosos”.
Destacó que desde 2008 el gasto en seguridad social aumentó un 70 por ciento, lo que equivale a un dos por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) mientras que en infraestructura el incremento fue del 0 por ciento.
Es fundamental que en la comisión se cuenta con participación de todos los partidos políticos, y de ahí la importancia de recoger todos los puntos de vista y comparar números y perspectivas, sobre todo a través de sucesivas reuniones con sectores representativos de los sectores involucrados, que es la única forma de ver todo el escenario y discernir en la diversidad de la problemática.
El presidente de la comisión de expertos, Dr. Rodolfo Saldain, había presentado un primer borrador, que fue objeto de cuestionamientos de técnicos del Frente Amplio y la representación de los sindicatos, en tanto ha elaborado un segundo borrador, con documentación que incluye amplia base documental, concluyendo entre otros aspectos que “el proceso de declive demográfico en curso y la consecuente aceleración del envejecimiento, unido al elevado gasto previsional del que se parte, ocuparía sistemáticamente mayor espacio fiscal”.
Un punto clave, sin dudas, porque por más que se da vueltas en el asunto, reaparece como el eje de la cuestión la sustentabilidad del sistema de seguridad social ante el aumento de la población mayor, los recursos disponibles y las exigencias que se irán acentuando en lo que refiere al apoyo para atender la calidad de vida de este sector.
Y es por lo tanto un gran dilema central en el análisis de la comisión de expertos, al conjugar la diversidad de componentes que inciden en la problemática, las asimetrías, la asignación intergeneracional de recursos y los avatares de la economía en cuanto a la capacidad de captación de recursos, en el marco de la premisa de garantizar la sustentabilidad del sistema.
