La Federación Ancap convocó a una asamblea en el acceso a la planta de portland de Ancap junto a otros sindicatos asociados, como el Sunca, Alcoholes del Uruguay (ALUR) o la industria química, nucleados en STIQ, que planteó nuevas movilizaciones, “luego de los últimos anuncios realizados por el gobierno”, dijo el presidente Fancap Paysandú, Horacio Depratti.
Explicó que “el gobierno presentó un proyecto al Parlamento, encargado a su equipo de expertos, para eliminar el agregado de biodiesel al gasoil. Eso significaría el cierre de la planta de Capurro, que emplea a unos 40 trabajadores en forma directa y a otros tantos en la empresa Cousa, que elabora el aceite necesario para la mezcla en ALUR. Redistribuirían a los trabajadores, pero se complican las fuentes de empleo en Cousa, así como el trabajo de los productores de oleaginosas”.
La propuesta del Ejecutivo deberá llevarse a la práctica con una nueva ley de biocombustibles, en tanto hasta ahora, “Ancap debe mezclar un mínimo de 5% de etanol en las gasolinas y 5% de biodiesel en el gasoil con biocombustibles de materia prima nacional. En este contexto debe comprarle a ALUR, los biocombustibles producidos, y el precio de estos se establece para cubrir sus costos de producción”, señala el documento.
Con este informe, el gobierno revisa la mezcla por los “sobrecostos” y crea un impuesto a las emisiones. Por otro lado, propone “una nueva regulación” para el supergás, cuyo precio está subsidiado y limita el subsidio al transporte público a “un monto fijo”. Esta “propuesta de revisión del sector de combustibles líquidos” contiene etapas definidas en la Ley de Urgente Consideración (LUC), donde el Poder Ejecutivo resolvió apartar la desmonopolización de Ancap, tomar como referencia la paridad de importación para la venta al público y revisar el mercado.
Licitación
Depratti precisó que se movilizan, además, “por el lanzamiento de una licitación internacional a fines de febrero para asociar a privados a la planta de Paysandú. Nos oponemos firmemente a una asociación y ante estos anuncios, preparamos una gran asamblea de la coordinadora de sindicatos de Ancap. Ya se hicieron asambleas con paros en Bella Unión y Minas. En Paysandú, además, nos sumamos a la movilización del Sunca el 24 de febrero y continuará los primeros días de marzo en Bella Unión”.
La planta local emplea a unos 200 trabajadores y un grupo de trabajo conformado por técnicos del ente y del sindicato, “estudió los costos para la instalación del horno tres y sus posibles resultados en la producción. Es decir, fue un análisis técnico”.
El trabajo del equipo finalizó en diciembre, “pero en el sindicato tenemos nuestra opinión. Realizamos tres documentos y en realidad, el resultado es que con la instalación del horno, se reducen un 60 por ciento los costos de producción. Además, ese resultado también salió del equipo de trabajo, donde el ente y la Federación manejan los mismos números. La inversión se estima entre 100 y 150 millones de dólares, que dependen de la inversión en la molienda de cemento y el mercado es Argentina, por la cercanía”, dijo Depratti.
De acuerdo al dirigente, “los resultados financieros serían equilibrados a 30 años con la inversión del horno tres. Si se hacen con otras energías renovables para consumo propio, se ahorra más. Probablemente un 70 por ciento y los resultados equilibrados se reducen a 20 años”.
LUC
La Federación Ancap acompaña la recolección de firmas contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. “Firmamos contra los artículos que hablan del mercado de petróleo, la fijación de los precios de importación y uno de esos artículos es el que crea el grupo de expertos que se encarga del estudio del mercado de combustibles de Ancap, con la eliminación del biodiesel y del subsidio al supergás”.
Según el dirigente, “son artículos que hablan de la nueva modalidad del precio, porque consideran un precio en la planta y otro precio máximo. Eso provocará que las estaciones de servicio más alejadas, tengan mayores precios que las más cercanas. Se terminaría lo que nosotros, como sindicato, y otros, decimos que el combustible tiene el mismo precio en cada rincón del país. Ese es el fin social de un ente público y es que todos los ciudadanos tengan igual acceso”.
En la LUC, “hay otro artículo que permite vender hasta el 49 por ciento de las acciones de las subsidiarias de las empresas públicas, como ALUR, Ducsa y Cementos del Plata. Es una privatización encubierta de esas subsidiarias y privatiza a una parte del Estado”.