La planta de ALUR en Paysandú fue inaugurada en octubre de 2014 a medio terminar, con la presencia de entonces presidente de la República, José Mujica. Si bien se estimaba un costo de unos 100 millones de dólares, terminó costando unos 150 millones de dólares con las “obras complementarias”.
Pero a pesar de los abultados sobrecostos, las obras no incluyeron los caminos de acceso –que también sirven a la UTEC y la planta de combustibles de Ancap– que continúan siendo de balastro, un material que no soporta el tránsito pesado de una de las principales fábricas del país.
Fue así que para evitar circular sobre el ripio en mal estado y terminar así deteriorando la carrocería y la suspensión del vehículo, los usuarios comenzaron a transitar por ambos lados de la calle, sobre la faja natural, al punto que actualmente hay tres caminos bien definidos: dos paralelos a la calle sobre tierra –uno al Este con circulación al norte, y otro al oeste en dirección sur– aparte de la calzada original, donde predomina la piedra suelta y filosa.
Por otra parte, la propietaria del 90% de ALUR, la estatal Ancap, tiene a 400 metros de allí su principal planta de portland, que en los últimos tres períodos de gobierno recibió millonarias inversiones, entre ellas 50 millones de dólares en 2014, y el malogrado tercer horno que permanece deteriorándose dentro de contenedores esparcidos por el predio de Nuevo Paysandú. Pero en este caso la calle de acceso a la planta tampoco fue readecuada al tránsito de camiones que debe soportar, por lo cual el escaso bitumen que la cubre suele verse en pésimo estado, con profundos baches y hundimientos.
Ciertamente, las calles circundantes son responsabilidad municipal, por lo cual de acuerdo a la normativa corresponde a la Intendencia de Paysandú mantenerlas en buen estado. Sin embargo, cuando se da el caso de una gran empresa cuyo funcionamiento producirá un fuerte impacto en las arterias más próximas, suele negociarse el mantenimiento y obra de las mismas. A modo de ejemplo, UPM no solo construyó en hormigón las calles de acceso a su planta de Fray Bentos sino que además hizo desde la base la ruta 24 en su totalidad en igual material, así como muchas otras mejoras en la vialidad nacional, que se vería afectada por el transporte de la madera.
Por lo tanto resulta bastante paradójico que Ancap, empresa del Estado que produce buena parte del portland que se consume en el país, que tiene su planta en Paysandú y es además propietaria de ALUR, no haya reconstruido por su cuenta y en hormigón –cuyo principal material es precisamente el portland– al menos las calles de acceso a las dos plantas de su propiedad.
Sería una obra necesaria para el funcionamiento de las fábricas, pero además una mínima devolución para Paysandú por el daño ambiental que producen, con emisiones de polvo a la atmósfera, olores y efluentes líquidos al río, y el impacto que genera en las arterias de la ciudad y nacionales. Que no es menor, y tanto es así que Montevideo cobra a Ancap una tasa en el tráfico de combustibles –que pagamos los consumidores de todo el país– por entender que genera un gran deterioro en la infraestructura de la capital; mientras que Paysandú, donde también hay un depósito de combustible para abastecer el norte del país, no cuenta con esa compensación.
