El martes 16 de febrero arrestaron al rapero español Pablo Hasél luego de que la policía pudiera romper un cordón humano que se había cerrado en torno a él. O sea que tanto Hasél como sus seguidores sabían que el asunto en el que se había metido iba a terminar mal. Pero el quid de la cuestión es la razón por la que el rapero fue arrestado y luego condenado a nueve meses de prisión: “injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo”.
Con respecto al primer cargo nuestra mentalidad republicana no lo puede comprender ahora ni lo comprenderá nunca. Que un cantante popular como es Hasél no pueda decir en una canción lo que piensa de la institución monárquica de su país, es algo que parece llevar a España al medioevo en un abrir y cerrar de ojos.
Lo del segundo cargo es, por supuesto, harina de otro costal. Enaltecer al terrorismo es un asunto mucho más complicado. Aunque de todas maneras, ligado al tema de la libertad de expresión. Pero el asunto es que, en uno de sus raps, Hasél se pronuncia a favor de ETA, una organización efectivamente terrorista pero que no existe desde el 2017. Y si bien causó mucho daño en España, no está prohibido hablar o escribir o cantar sobre ella como si del movimiento nazi se tratara. Pero ahora Hasél está preso, mientras en España se levantan protestas que terminan con la ine vitable violencia de parte tanto de la policía como de los manifestantes.
No hace mucho, durante las elecciones estadounidenses y también cuando el conteo de votos sucedía, las plataformas de YouTube y Twitter suspendieron la cuenta del entonces aún presidente y candidato Donald Trump. La “toma” del congreso en el edificio del Capitolio y la arenga del mismo Trump que, en vez de calmar los ánimos, los encendía, llevó a los responsables de las redes a impedir que el mandatario siguiera enviando mensajes.
La pésima imagen que ha dejado Trump en su país y en el mundo entero sirvió para que tal censura se viera como un acto de justicia. ¿Lo era? Por supuesto que para sus seguidores no, pero no se los puede tomar en cuenta ya que todo lo que hacía o decía Trump estaba muy bien para ellos, pero indudablemente fue también un hecho ligado al tema de la libertad de expresión. YouTube y Twitter son empresas privadas y sus dueños tienen el derecho de no dejar que aparezca en ellas quien no les agrade, o quien les parezca peligroso. Y, en el caso de Trump, no se trataba de un ciudadano común, sino de quien más poder tenía en el país más poderoso del mundo.
Entonces es ahí donde, de alguna manera, se justifica que quisieran detener los mensajes del presidente norteamericano. Pero aún así esa censura no deja de ser, precisamente, una censura. Desde que las redes sociales se convirtieron en la principal vía de comunicación mundial muchas veces han bloqueado ciertos mensajes “de odio”, como se les llama, para que no cualquiera diga y escriba cualquier cosa. Lo que hace surgir el dilema de si tales redes son tan democráticas como se supone que son. Obviamente no, desde el momento en que sus responsables máximos tienen el poder de decidir quién escribe en ellas y quién no. Por más justificado que esté el no querer que un mensaje que diga que hay que exterminar a tal o cual raza, se propague.
Obviamente, la llegada de la pandemia de coronavirus también ha acarreado consigo el tema de las libertades. Cuando el asunto de los contagios se empezó a complicar, hubo muchas voces que se alzaron pidiendo la cuarentena obligatoria como ya se había tomado en otros países. El Gobierno uruguayo, como sabemos, decidió no seguir ese camino y apostó a la famosa “libertad responsable”. Una jugada arriesgada que sin embargo la mayoría de la población aceptó de buen grado. Cuando llegaron las vacunas el tema de la obligatoriedad regresó. Ahora que el remedio contra la pandemia que tantos perjuicios había traído al mundo estaba en nuestras manos ¿por qué no decretar la obligatoriedad de vacunarse?
Pero el Gobierno no cedió y el asunto sigue estando en las manos de la población y su buen uso de la libertad de la que goza. Mientras el avance de la vacunación es bastante más lento de lo que se supuso, la inquietud sobre si, al menos para ciertos sectores, la vacuna debió ser obligatoria, permanece.
Obviamente que la prohibición de hacer ciertas cosas o viajar a algún lugar empuja, de alguna forma, a la población a vacunarse, pero no son pocos los que opinan que, de decretarse la obligatoriedad, todos esos engorros no tendrían que vivirse.
Y ahí está de nuevo el tema de la libertad. De expresión, de cuidarse o no, de inmunizarse o preferir el riesgo de enfermarse y contagiar.
Evidentemente, la mentalidad de los anteriores gobiernos no era la misma. Al menos no la de Tabaré Vázquez, que prohibió que se fumara en lugares públicos y cerrados o que se tome alcohol para manejar. Ni en un caso ni en el otro hubo algún atisbo de apostar a la “libertad responsable”.
Podría haber sucedido pero no fue así. Separar por ejemplo en un lugar público, las secciones de los fumadores de los no fumadores o, en el caso del alcohol al conducir, dejar que el porcentaje en sangre fuese hasta cierto grado, como había sido durante muchos años. Pero no, el gobierno de entonces decidió que se cortara por lo sano y, también hay que decirlo, la mayoría de la población estuvo de total acuerdo.
No es difícil imaginar entonces lo que hubiese sucedido si no se hubiera dado el cambio de gobierno. Evidentemente, las prohibiciones hubiesen estado mucho más a la orden del día. ¿Hubiese sido peor? Para muchas cosas sí, para detener la pandemia quizás no. Es, de todas maneras, un quizás muy grande, ya que la pandemia tampoco se detuvo en los países que decretaron una cuarentena total.
Es el gran dilema entre la realidad pura y dura y la libertad. Libertad que todos defendemos, más en un país como el nuestro, acostumbrado a una tolerancia que no existe en otros lugares. Nadie se atrevería hoy a decir, y mucho menos desde un cargo público, que está en contra de la libertad. A no ser que no quisiera que lo vote nadie. Porque la libertad es la base de nuestro sistema democrático. Lo que es decir, de nuestra vida, ya que es casi imposible considerar hoy por hoy un sistema que no sea el que tenemos para la vida política del país, que es, en suma, la vida política de todos nosotros.
De ahí que, cuando se piden restricciones, controles y prohibiciones, siempre habría primero que pensar en las consecuencias de seguir ese camino. La libertad es un gran don, pero no hay que olvidar que, por más grande que sea, también es frágil.