Luego de conformado el Frente en Defensa de la Seguridad Social en rechazo a la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo y ante el próximo informe técnico que presentará el equipo de expertos, la formación realiza una gira por el Interior del país, encabezada por trabajadores del Banco de Previsión Social nucleados en ATSS, entre otras organizaciones.
Karina Sosa, secretaria de prensa y propaganda del sindicato, recordó que los trabajadores elaboran desde hace dos años un proyecto alternativo que presentarán a la comisión de expertos, a raíz de lo establecido en la Ley de Urgente Consideración (LUC).
“Entendemos que la reforma va en detrimento de derechos fundamentales de los trabajadores y quienes están jubilados –un aspecto que no se dijo en campaña– es un elemento negativo, por lo tanto hicimos un proyecto alternativo. Para nosotros la seguridad social es un derecho humano fundamental y la comisión lo enfoca desde el punto de vista del déficit del BPS”, dijo a EL TELEGRAFO.
Explicó que la Constitución de la República enmarca el derecho y regula su forma de financiamiento. Sosa enumeró “los puntos más negativos del documento que tendía que entregarse el 20 de marzo” y destacó la extensión de la vida laboral. “Los trabajadores deben tener su edad de retiro a los 60 años. Es suficiente el tiempo que trabajan y por otro lado, no son suficientes las prestaciones como mínimas y consideramos que no tienen que seguir existiendo las AFAP. Es una mercantilización del aporte de los trabajadores”.
Desde 1996 existe el sistema mixto de aportes a la seguridad social, “pero hemos sostenido y seguimos sosteniendo que la seguridad social no debe tener el lucro por medio. El aporte de los trabajadores debe administrarse y regularse por el ámbito público y el BPS debe encargarse de esta tarea, como antes de la reforma”.
calificadora
Marita Rodríguez, integrante de la comisión de seguridad social de ATSS, alertó que hace unos días el presidente de la comisión de expertos, Rodolfo Saldain, en un tuit compartió una opinión de la calificadora Fitch. “Decía que la calificación de Fitch se iba a sostener, dependiendo de la aprobación o no de la reforma de la seguridad social. Es un acto absolutamente deliberado de presión al sistema político. Vemos que esa arremetida –que es internacional– hace de esta reforma una contrarreforma, porque pretende que la paguen los trabajadores”.
La dirigente señaló que “no hay tiempo, por eso salimos a los barrios de Montevideo y al Interior del país para dialogar con varios colectivos. En Paysandú lo hicimos con el Instituto Cuesta Duarte y con la Intersocial, donde encontramos ámbitos muy receptivos. Consideramos que hay un debe en la información y los trabajadores de la seguridad social debemos bajar a tierra los conceptos técnicos”.
Cálculo
El vicepresidente de ATSS, Rodrigo Núñez, resaltó que “la seguridad social debe ser pública, integral y solidaria. Tomamos contacto con el primer borrador del documento de los expertos y nos sorprenden algunos elementos de recortes y achiques que repercutirán en una inferior calidad de vida para la población”.
El informe que se presentará en las próximas semanas, “habla del Índice Medio de Salarios, que es el coeficiente que determinará las jubilaciones futuras y el coeficiente que determina los ajustes de los jubilados actuales. Modifica el cálculo a la baja y por eso, entendemos que debemos comunicar esa situación a la población por los perjuicios que generará”, agregó.
Según Núñez, el documento “cuestiona los requisitos y por eso, los trabajadores pueden verse tentados de ir por una jubilación de discapacidad porque genera un porcentaje mayor, en vez de ir por una jubilación común. Allí ponemos la mira y decimos que están las garantías para que una persona no pueda optar porque antes debe pasar por un equipo médico que realiza las evaluaciones”. Por otro lado, opinó que se afectarán las bonificaciones “con las cuales por cada año de trabajo se computan más años para aquellas actividades que van en detrimento de las condiciones físicas y sicológicas. Por eso cuestionamos a quién le bajan las bonificaciones, si lo hacen a los trabajadores de la educación, de la salud o en ambientes nocivos”.
