América Latina ratificó su posición de región más desigual del mundo, en tiempos de pandemia. Por otra parte, en comparación con las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los ricos pagan menos impuestos que en Latinoamérica.
Oxfam, la confederación internacional que nuclea a 19 oenegés que realizan labores humanitarias alrededor del mundo, calculó que los 69 milmillonarios latinoamericanos aumentaron sus fortunas en más de cien millones de dólares desde marzo del año pasado. En forma paralela, se registraron unos 50 millones más de pobres, otras 40 millones de personas perdieron sus empleos y, si antes la brecha era materia de polémicas ideológicas, ahora el debate es aún más intenso.
Este escenario llevará a una recuperación más lenta y las posibilidades de reducir la pobreza –al menos hasta niveles previos a la pandemia– tardará más de lo estimado para otras regiones. Discriminado por género, la pobreza golpea con más fuerza a las mujeres, quienes representan un alto porcentaje de los recursos afectados a los cuidados y la atención social. Es la población que ha sufrido mayor cantidad de despidos y, por ende, tardarán más tiempo en recuperar su espacio en el mercado laboral.
Los confinamientos, que en algunos países fueron obligatorios, reveló la vulnerabilidad de los servicios y sus economías. Terminó con ahorros, fuentes de trabajo y quitó oportunidades a los sectores con menores recursos educativos y sociales. Y si la educación es la palanca de desarrollo individual y social, también en este sentido, América Latina verá los efectos de la pandemia en el corto plazo.
Las brechas de acceso a la conectividad son el común denominador en países que no incorporaron la tecnología en sus sistemas educativos y la virtualidad demostró que no era una herramienta al alcance de todos. Es posible que, una vez que finalice la contingencia sanitaria, pueda comprenderse que la tecnología es tan relevante en la educación, con presencialidad o sin ella.
De hecho las cifras aseguran que la COVID-19 impulsó a que más de 7,5 millones de escolares resultaran “pobres de aprendizaje”, de acuerdo al Banco Mundial y más de 120 millones, sufrirán graves impactos educativos. La etapa inicial, caracterizada por los juegos, la exploración y la estrecha interrelación entre pares –todo lo que se ha visto truncado por el distanciamiento social–, sufrirá serios efectos directos e indirectos. Porque no es un tramo que pasará así nomás, en tanto confluyen los desarrollos físicos, afectivo e intelectual bajo una misma aula.
Tampoco ha sido un descubrimiento de estos tiempos en pandemia, que los mejores logros académicos se encuentran ligados a niveles socioeconómicos superiores. Porque esa realidad, al menos en Uruguay, ya se encontraba presente y lo confirmaban diversos estudios. Uno de ellos es el informe Aristas que presenta el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), donde evalúa el desempeño en Lengua y Matemática en 3º y 6º. A estas alturas, el gran cuello de botella se encuentra en la reiteración de resultados preocupantes, sin otras posibilidad de incidir de ello.
El año pasado, el 2,8 por ciento de los alumnos dejó de concurrir pero entre los estudiantes de contexto muy desfavorable se elevó al 5,8 por ciento. Mientras que en el otro extremo, el de los más pudientes, no asistió sólo el 0,7 por ciento de los alumnos.
Si bien existe el Plan Ceibal, el informe constató dificultades para conectarse, falta de recursos informáticos y de acceso a los dispositivos, además de un escaso conocimiento de las familias a las plataformas virtuales. Y, claramente, no es una cuestión de costumbre sino de un desempeño que mejora su calidad, la presencialidad en las clases ante el trato cotidiano con los docentes.
Las mayores inequidades se aprecian en las escuelas urbanas y allí, también, se mantienen las diferencias en aspectos relacionados al género. Sin embargo, el documento no se apura en presentar conclusiones basadas en los resultados. Prefiere asegurar que, ante la ausencia de un currículo específico “sobre el logro esperado para culminar cada grado”, tampoco “puede afirmar si se están alcanzando o no los logros que el sistema plantea”.
En ese aspecto, el Ineed apunta a las autoridades de la educación: “Es necesario que la ANEP establezca qué es lo que espera que los alumnos sean capaces de hacer para aprobar cada grado o ciclo escolar y que lo haga en términos operacionalizables tanto para la enseñanza como para la evaluación. Este elemento puede jugar como un factor que contribuya a una mejora tanto del nivel de logro como de la equidad”.
Es que en otras partes del mundo, existen mínimos de referencia desde donde parten las mediciones del conocimiento, por lo tanto, refiere estrictamente a un problema del sistema educativo. Y la educación es una decisión del gobierno, desde donde se miran las comunidades para corregirse.
En cualquier caso, el Ineed reclama una definición política, con el objetivo de contribuir a mitigar los efectos de la pandemia, en tanto reconoce los esfuerzos de los entornos familiares y los cuerpos docentes.
No obstante, el estancamiento ya lleva décadas y se arrastra desde varias administraciones, por eso las inequidades en el sistema educativo solo confirman una tendencia que va a empeorar.
Como sea, son familias que resultaron mucho más golpeadas por las consecuencias económicas y sociales de una crisis sanitaria, cuyas derivaciones ulteriores se medirán a largo plazo.
