“¿Se puede hacer fracking en Uruguay?”, esa pregunta figura a modo de título en una publicación a la que se puede acceder desde la página web del Ministerio de Industria Energía y Minería, (www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria), fechada el 17 de marzo de este año. En base a esa publicación la respuesta más rápida sería que “hoy no”, pero que deja muchas dudas hacia el futuro. Y esto se debe a que, hace cuatro años, cuando el tema del fracking estuvo en el centro del debate lo que se resolvió fue “patear” la discusión cuatro años hacia el futuro. Ese futuro es hoy, dado que la moratoria que se aprobó entonces para limitar la aplicación de la técnica está próxima a caer y, como es fácilmente comprobable, hoy no se está dando más que por parte de las organizaciones ambientalistas que hace cuatro años, promoviendo la prohibición de la técnica, lograron esa limitación.
En concreto, la publicación en la web ministerial indica que “El Decreto 111/019 aprobó la presentación de ofertas para la adjudicación de contratos para que las empresas realicen actividades de exploración y una eventual explotación de hidrocarburos en el Uruguay. La normativa establece que las empresas únicamente pueden explorar en reservorios convencionales”. Y agrega que “se encuentra vigente la Ley 19.585 promulgada en 2017 que establece la prohibición del uso de la técnica del fracking en todo el país por 4 años”.
La publicación recuerda también que esta Ley creó la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (Cnect) “con el objetivo de reunir y analizar el conocimiento existente sobre las posibles reservas de hidrocarburos no convencionales en el territorio nacional y estudiar la técnica del fracking”.
No obstante, señala que “más allá de la normativa existente hasta el momento, en Uruguay no se han descubierto reservorios no convencionales en los que se pueda aplicar la técnica de fracking. Es por esto que, aunque la Ley 19.585 no estuviera vigente, el fracking no podría aplicarse en nuestro país dado que no existen reservorios no convencionales a los que se le pueda aplicar la técnica” y menciona que la Cnect, a fines de este año, “presentará un informe técnico y científico que contendrá un análisis y estudio exhaustivo de la técnica de fracking y su posible implementación en Uruguay. Este documento asesorará al Poder Ejecutivo para decidir si se continúa con la prohibición de la aplicación de la técnica o si se habilita bajo ciertas condiciones a partir de 2022”.
La publicación refiere en realidad a dos cosas diferentes: por un lado está el hecho de que al día de hoy no se haya descubierto un yacimiento de hidrocarburos no convencionales, y si bien es cierto que al día de hoy esto es una limitante para la aplicación de la técnica, de forma alguna implica que si el día de mañana un yacimiento de este tipo es descubierto, la técnica de la fractura hidráulica no pueda ser usada. Otra cosa distinta es que el Estado uruguayo determine que esa forma de extracción de hidrocarburos no es conveniente para su utilización en el territorio nacional, en vistas de los problemas que podría ocasionar, como se han registrado en otros lugares, especialmente en los Estados Unidos, donde tuvo su momento de auge.
De allí que esta discusión no tenga todavía un punto final y que, en la medida que no lo tenga, puede dejarnos expuestos a que eventualmente sea utilizada, incluso por empresas que lleguen al país amparándose en las políticas de beneficios fiscales que buscan atraer inversiones que favorezcan el empleo y el crecimiento económico.
Esta puerta que se encuentra abierta ha provocado que, como ocurriera años atrás, hoy nuevamente las organizaciones dedicadas a la preservación ambiental hayan salido a pronunciarse, en busca de mantener esta limitación.
En una declaración que dieron a conocer en los últimos días del mes pasado recordaron que hay proyectos de ley que procuran terminar con esta amenaza y que además en varios departamentos la técnica ha sido prohibida por decretos de sus juntas departamentales: Artigas, Paysandú, Rocha, Salto y Tacuarembó están en esta situación.
En la nota, dirigida a los ministros de Ambiente y de Industria, energía y Minería, los grupos expresan su “profunda preocupación ante la cercanía de la finalización de la moratoria nacional del fracking dispuesta en la Ley 19.585” y citan que en la exposición de motivos de esa norma “quedaron claros los graves inconvenientes de esa técnica, que de ponerse en práctica en nuestro territorio pondría en riesgo los recursos hídricos, especialmente los subterráneos, del Uruguay y de la región, cómo el Acuífero Guaraní”.
Agregan además que la comisión prevista en la ley, la Cnect, tuvo una tardía conformación, y no ha cumplido con su función más relevante que “era relevar la evidencia científica existente a nivel internacional, que a esta altura es muy amplia y sólida, sobre los impactos económicos, sociales y ambientales del fracking, en especial en la salud humana de las poblaciones vecinas a las perforaciones”.
Las organizaciones entienden necesario que, “más allá del trabajo de la comisión, se tomen medidas urgentes para asegurar la continuidad de prohibición dispuesta en el Artículo 1º de la Ley 19.585 a la espera de culminar el trámite que se dispuso para el informe de esa comisión”.
