La Junta Departamental de Salto sesionó de forma extraordinaria para el tratamiento de asuntos reglamentarios respecto a sepelios y cementerios. Según fuentes consultadas por Cambio la sesión fue extremadamente larga. No iba a prolongarse mucho en el tiempo, sin embargo, así fue debido a las múltiples diferencias ideológicas de las bancadas y de una confusión respecto a las responsabilidades y competencias del gobierno departamental y el nacional.
Cambio dialogó con el director de la Unidad de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto, Juan Pablo Cesio, quien explicó detalles de la modificación del tratado decreto municipal.
Era un decreto de 1893
Cesio dijo que en esta nueva normativa se modifican tres artículos de un decreto que proviene del año 1893, basados en la evidencia científica y en las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública en marzo del año 2021, sobre el manejo de los cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, en donde aseguran que no hay riesgos para quienes manipulan durante el entierro o inhumación, porque esos cadáveres ya están previamente tratados, es decir, no pueden salir del lugar donde fallecieron si no tienen determinados cuidados mortuorios, el cajón tiene que tener determinadas características. Los empleados de las empresas fúnebres ya aplican este protocolo. “Basados en esto modificamos, para que en este caso los fallecidos por COVID-19 no tuvieran que necesariamente ser sepultados en tierra. Se habilitan los nichos, tanto municipales o de las sociedades e instituciones, como los panteones particulares, para que se produzca allí la inhumación”. Finalizó señalando la expectativa sobre que “esperemos que esto nos retorne a las situaciones previas que teníamos en la que solamente algunas personas iban a tierra del Cementerio de Barrio Artigas. Esto ahora permitirá que la familia pueda optar por ir a barrio Artigas a tierra, al cementerio privado, proceder a la cremación que también está habilitada, o ir a los nichos y panteones particulares o municipales.
