En las últimas décadas, Paysandú ha crecido enormemente en lo que respecta a edificaciones, en especial de la mano de la vivienda social, tanto cooperativas como vivienda sindical, ayuda mutua o promovida por el Estado.
Este crecimiento implica un incremento proporcional o aún mayor en servicios públicos para atender los nuevos barrios que se levantan, cada vez más alejados del centro y con mayores dificultades para su instalación, debido a que en muchos casos se encuentran en lugares con problemas crónicos en el territorio; por ejemplo, en manzanas sin la debida canalización de pluviales, con calles en mal estado, o en lugares donde las pendientes impiden utilizar la gravedad para los residuos cloacales o donde los ramales sencillamente no están pensados para tanta población.
Estos problemas no suelen visualizarse mientras la prioridad es atender la urgencia habitacional, donde lo que importa es construir lo antes posible la mayor cantidad de viviendas al menor costo. Sin embargo, una vez establecidos, la mirada cambia de inmediato hacia la exigencia de soluciones, que terminan siendo muy caras para la sociedad y a veces directamente inviables.
Para colmo de males, la dispersión de los barrios genera que se deban atender situaciones puntuales muy distantes entre sí, con relativa poca población entre medio, sobre terrenos subvalorados que aportan poco a las arcas municipales así como suman poco para la instalación de servicios, por lo cual cualquier obra que se lleve a cabo necesariamente será a puro costo y subsidiada, más allá de la importancia y necesidad real que se tenga de ella, que no se pone en duda.
El problema real es que además de tender nuevos servicios, la ciudad debe mantener en condiciones los que estaban y el resto de la urbe; en algunos casos las instalaciones ya cumplieron su vida útil y deben ser reemplazados. Esta tarea es permanente y no debe ser suspendida jamás, aún en tiempos de crisis, por cuanto lo que no se haga hoy se deberá encarar doblemente más adelante, y si en el momento no se puede, mañana –con la sumatoria de los costos– será más difícil aún.
El caso más notorio es la vialidad urbana. A medida que la ciudad se expande, mayor es la demanda por calles asfaltadas, más anchas y seguras, transitables todo el año, que no se inunden en cada lluvia torrencial y bien iluminadas. Es difícil estimar los cientos o más bien miles de kilómetros que se han construido –en las últimas tres o cuatro décadas– en lugares donde antes había zanjones infranqueables los días de lluvia, más parecidos a un camino de tropas que a una calle. Muchas de esas hoy son arterias fundamentales, la mayoría aún con muchos debes pero algunas otras –las menos, ciertamente– en muy buenas condiciones, con cordón cuneta, alcantarillas, carpeta asfáltica e iluminación de primer nivel.
Pero ha sucedido también que para atender esa nueva demanda se dejó de mantener lo que ya estaba, efectuando tareas mínimas de bacheo o reparaciones en lugares donde habría que empezar desde la sub base y rehacer a nuevo, y es así que todos los años se renueva el reclamo popular por el mal estado de las calles.
Pero lo más llamativo del crecimiento de la ciudad, que a su vez genera tantos inconvenientes, es que la población apenas crece, de acuerdo a los resultados de las últimas encuestas de población, lo que indicaría que de alguna manera lo que está sucediendo es que mientras se expande, al mismo tiempo otras zonas se estarían despoblando. Zonas que ya cuentan con todos los servicios y probablemente con todos esos problemas ya resueltos, a costo del erario público o de los entes del Estado.
Este análisis ya se ha hecho a nivel oficial en varias oportunidades, desde lo cual se han generado directivas de ordenamiento territorial que supuestamente apuntan a evitar un crecimiento desordenado de la ciudad, aprovechando de la mejor forma las infraestructuras existentes.
Sin embargo a la vista está que algo no funciona como estaba previsto en los papeles. Y no solo por el auge de los barrios de viviendas de interés social, que también es cierto que aportan mucho desde el punto de vista urbanístico, además de ser una solución accesible para miles de sanduceros que de otra forma jamás podrían lograr su casa propia. Se está dando en estos tiempo un fenómeno mucho más preocupante aún: la proliferación del loteo de terrenos en el área suburbana o incluso rural.
Es que en tiempos de crisis, mientras mucha gente busca resguardar su capital invirtiendo en ladrillos o tierras, otros encuentran un negocio lucrativo en fraccionar en pequeñas parcelas lo hasta ahora que eran chacras del cinturón urbano y venderlos en interminables cuotas accesibles a la clase media. En otros casos, en cambio apuntan a clientes más pudientes, creando barrios privados que prometen una vida distendida lejos de los ruidos del centro. De esta forma se ha generado un boom del fraccionamiento que parece no tener límites, que en cambio debería ser controlado de alguna forma para prevenir inconvenientes graves a largo plazo.
Es que si bien se supone que está vigente la Ley de Ordenamiento Territorial que regula qué y dónde se puede construir, es claro que un crecimiento desmedido de la zona suburbana demandará un incremento sustancial de los recursos municipales para una población dispersa y peor aún, de bajos recursos, que deberá ser atendida de la mejor forma.
De continuar proyectándose de esa manera, demandando cada vez más de la Intendencia –que básicamente mantendrá los mismos ingresos, así como demás servicios públicos–, es de imaginar que en algún momento la ecuación se hará insostenible, por lo cual la única alternativa será descuidar lo que ya tenemos para atender el incremento de la demanda.
Para peor, se están generando casos que además potenciarán problemas que la ciudad ya ha enfrentado y que no tienen solución. Por ejemplo, terrenos bajos que durante lluvias torrenciales naturalmente drenan el agua hacia cañadas, o el absurdo de hacer un barrio a media cuadra de la planta de Ancap que, como industria que es, siempre traerá inconvenientes para la población circundante. Y cuando eso ocurra seguramente –y con razón— se pedirá que la fábrica tome medidas, y capaz que algunos hasta pidan que se traslade, porque el polvillo que emana de la chimenea les afecta la respiración.
La realidad actual de expansión de la ciudad merece entonces una especial atención y quizás poner un poco de pienso antes de autorizar las obras o fraccionamientos, porque a la larga los dolores de cabeza serán mayores y los costos para solucionarlos aún más.
