Resultado de auditoría encargada por UTE deja en claro que proyecto Gas Sayago era inviable desde su comienzo

Emaldi aseguró que este informe será puesto en conocimiento del Ministerio Público y se procederá a contratar a un profesional experto en la materia penal para actuar a tales efectos.

(Presidencia)
El Directorio de UTE anunció que elevará a la Fiscalía los detalles de auditoría que encargó a la firma PwC sobre la gestión de Gas Sayago. Según la documentación que presentó la empresa estatal, este negocio implicó una pérdida de U$S 213 millones, los cuales se financiaron con aportes por U$S 113 millones por sus accionistas UTE y ANCAP. Los restante U$S 100 millones los puso el privado que dejó el proyecto inconcluso y debió pagar una multa por ese monto.
“El proyecto de la regasificadora no era viable desde su inicio”, dijo la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, quien, junto con el vicepresidente de la empresa, Julio Luis Sanguinetti, y los directores Felipe Algorta y Enrique Pées Boz informaron sobre el resultado de la consultora.

En octubre de 2020, UTE contrató a la empresa Pricewaterhousecoopers para realizar una auditoría de gestión sobre el proyecto de la planta regasificadora de Gas Sayago, sociedad anónima cuyos accionistas son la empresa de energía eléctrica y Ancap. Emaldi subrayó la pérdida de 213 millones de dólares al presente y enfatizó en que “se hace difícil comprender las razones por las cuales se siguió adelante, incluso cuando en el año 2015 se cobró una garantía de 100 millones de dólares por la rescisión por incumplimiento del contrato principal”. De esa garantía por 100 millones de dólares, 20 millones fueron destinados a gastos de administración, 36 millones al pago de préstamos, 23 millones al pago de impuesto a la renta y 21 millones al pago de activo fijo, describió.
El informe también detalla los beneficios de los funcionarios: gastos por viajes al exterior (290.000 dólares), capacitación que incluía maestrías y posgrados (247.000 dólares), gastos de alimentación (212.000 dólares), pago de aguinaldos dobles, indemnizaciones especiales por despido, entre otros gastos.
Además, Gas Sayago ha sido demandada por 37 millones de dólares, el costo de 8 millones de dólares por el desmantelamiento de los pilotes ubicados en el Río de la Plata, y los 3 millones de dólares anuales de gastos de funcionamiento mientras dure su liquidación, así como los gastos directos de UTE y Ancap que no figuran en la contabilidad. Emaldi dijo que la consultora no detectó la existencia de un plan de negocios por parte de UTE o Ancap ni un modelo financiero de factibilidad del proyecto para la adjudicación de los principales contratos.

DIAGNOSTICARON 4.208 NUEVOS CASOS; 57 MUERTES

(SINAE)
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó ayer martes que se detectaron 4.208 nuevos casos de COVID-19 en 23.566 análisis. La tasa de positividad fue de 18%. De los casos nuevos, 1.758 son de Montevideo, 682 de Canelones, 286 de Salto, 206 de Maldonado, 178 de Paysandú, 152 de Colonia, 145 de Artigas, 144 de San José, 93 de Florida, 91 de Soriano, 87 de Tacuarembó, 78 de Rocha, 67 de Cerro Largo, 66 de Durazno, 48 de Flores, 39 de Rivera, 34 de Río Negro, 32 de Lavalleja y 22 de Treinta y Tres. Ayer hubo 57 muertes de personas diagnosticadas con COVID-19 y hasta el momento se suman 4.749 fallecimientos en estas circunstancias.
Actualmente hay 34.832 personas cursando la enfermedad y 500 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020 se han procesado 2.439.191 tests y se han registrado 322.978 casos positivos de coronavirus en todo el territorio nacional. De ese total, 283.397 ya se recuperaron.
Del total de casos positivos confirmados, 8.046 corresponden a personal de la salud. 7.690 de ellos ya se recuperaron, 331 están cursando la enfermedad y 25 fallecieron.

IMPUTARON A OCUPANTES DE FRIOPAN

(Telenoche)
La Justicia imputó ayer martes a ocho de los nueve funcionarios de la empresa Friopan que habían ocupado la planta entre el 24 y el 28 de mayo de 2019 por un delito de daño agravado. Según el abogado de la empresa, Andrés Ojeda, “el noveno no fue formalizado directamente porque no vino, habrá que ver si fue correctamente citado y si así fue deberá ser conducido policialmente a ser formalizado efectivamente”.

Ojeda destacó que con este fallo se “marca un precedente histórico en materia de imputación penal por delitos ocurridos dentro de una ocupación de un lugar de trabajo”.
No obstante, indicó que “nadie está atacando el derecho de huelga ni el legítimo derecho sindical, todo eso está fuera de discusión, lo que aquí sí discutimos es que la ocupación no da margen a hacer cualquier cosa y que lo que es delito es delito en todos lados”. Rubén Fernández, propietario de la empresa, explicó a Telenoche que “con esto estamos dando a la industria uruguaya una herramienta que podrá utilizar el día de mañana si vuelven a ocurrir este tipo de hechos lamentables”.
“También creo que estamos dando una señal para el exterior, para los empresarios que quieran venir a Uruguay, que si pasan este tipo de cosas hay responsables y la Justicia los castiga”, sentenció.

La ocupación comenzó en 2019 a causa del rumor de que la empresa despediría a veinte trabajadores, además de la compra de nueva maquinaria, que los sindicalizados entendieron como una amenaza a sus puestos de empleo.
Durante cuatro días un grupo de 38 trabajadores sindicalizados de Friopan ocuparon la empresa y el 28 de mayo la planta donde se procesa la masa fue registrada en mal estado. La empresa perdió más de dos mil kilos de masa.

ALERTA ROJA PARA EXASESOR DE MACRI

(TELEMUNDO)
Interpol emitió ayer martes una alerta roja para la captura Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, abogado y asesor del expresidente Mauricio Macri, quien es investigado en Argentina por asociación ilícita y extorsión en el marco de una causa que está a cargo de la jueza María Servini.
Según informa Interpol en su página web, “se emiten notificaciones rojas sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena. Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar”.
La jueza de Crimen Organizado de Uruguay, Adriana Chamsarian, resolvió suspender el proceso de extradición del argentino, días atrás, hasta que se resuelva si se le otorga o no la calidad de refugiado. Mientras tanto al argentino se le exigió constituir domicilio y se le prohibió la salida del país. Según Telemundo, la notificación roja de Interpol no cambia la situación con respecto al pedido de asilo político que hizo “Pepín” Rodríguez a Uruguay, luego de haber revelado que se encuentra aquí desde el 8 de diciembre y que no volverá a Argentina por temor a ser detenido. Para eso renunció a la residencia en el país.

En una carta que hizo pública en medios argentinos semanas atrás, Rodríguez Simón dijo: “Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañandas como pretexto para encarcelarme”. Rodríguez Simón, quien fue director de la petrolera estatal YPF, es señalado como un importante “operador judicial” del gobierno de Macri, por sus vínculos con jueces e integrantes de la Corte Suprema, revelados por el análisis de su teléfono por orden judicial. Está acusado de presionar y amenazar a empresarios en Argentina.

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