Históricamente, y aceptado tácitamente como un hecho natural, la Intendencia Departamental de Montevideo está cobrando la denominada Tasa de Inflamables. Es así que en 2017 se había denunciado que la Intendencia de Montevideo cobraba casi 20 millones de dólares al año por “Tasa de Inflamables” que se carga a los productos que comercializa Ancap.
En este sentido el portal Surtidores.uy señalaba que esta tasa es recaudada y vertida por Ancap a la Intendencia de Montevideo por un concepto denominado “inflamables”, que se rige por lo establecido en la normativa departamental “Título VI”. Establece en su artículo 295 una “tasa creada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 del Decreto 13.490 ratificado por Decreto 13.501 de 2 de diciembre de 1965 y modificativos, se calculará a partir del 1º de julio de 1985, a razón del uno por ciento sobre el precio de venta de los transportados en el mes correspondiente”.
De acuerdo con fuentes del sector, la tasa de marras que grava el precio de los combustibles solo es vertido a la intendencia capitalina, ya que ningún otro departamento del país la cobra. La excusa histórica para este impuesto es que Montevideo “sufre” el deterioro de sus calle por tener las plantas de combustible que abastecen a todo el país en el área urbana. La dicotomía es que, aunque los camiones transportan el combustible a todas las localidades del Uruguay, Paysandú por ejemplo es distribuidor para todo el norte del país, –abastecido por Montevideo a través de barcazas–, pero por algún motivo esa tasa no nos corresponde. Y no solo se distribuyen combustibles desde Nuevo Paysandú, también buena parte del portland de Ancap, una empresa que ni siquiera ha aportado para hacer las calles alrededor de sus propias plantas con buen material, cuando se encuentran en estado calamitoso por el tráfico de camiones. Una verdadera vergüenza nacional para una empresa que factura miles de millones de dólares al año.
Las mismas fuentes aseguraron al portal que “en realidad se trata de un gravamen por un servicio del que poco se sabe y que no se brinda” y que si por ejemplo el resto de los 18 departamentos exigieran el pago de este gravamen sobre el combustible, entonces correspondería aumentar el litro de Nafta Súper 95, unos 9 pesos por litro. Aunque este escenario se arrastra desde hace décadas, en claro perjuicio del Interior o más precisamente privilegiando a Montevideo, que es lo mismo, el actual Directorio de Ancap ordenó a Ducsa, su empresa distribuidora de combustibles, que presente en estos días un recurso de inconstitucionalidad contra la Tasa de Inflamables que cobra la Intendencia de Montevideo, según señaló a El País el presidente del ente, Alejandro Stipanicic. Esa tasa representa actualmente unos U$S 12 millones anuales y según el jerarca, dicho gravamen impacta en los precios al público, e implica un recargo de 34 centésimos de peso por cada kilo de supergás y de 0,25 pesos por litro de nafta o de gasoil vendido al minoreo.
“La IMM puede cobrar una tasa por alumbrado o de saneamiento porque realiza una contraprestación a la población mediante tareas. Pero la Tasa de Inflamables no tiene una contraprestación efectiva porque las regulaciones nacionales la pasaron por arriba”, dijo el titular de Ancap. Y agregó: “Al no haber contraprestación por parte de la Intendencia, la Tasa de Inflamables se transforma en un impuesto”, lo que efectivamente es cierto, solo que este extremo lo aplica solo la Intendencia Departamental de Montevideo, y las otras 18 intendencias están al margen.
La Constitución de la República establece que el Estado nacional es el único que puede fijar tributos, y evidentemente esta “tasa” luego se transformó en una nueva fuente de recursos para la intendencia capitalina.
El 16 de abril de este año, el Directorio de Ancap mandató a Ducsa que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la Tasa de Inflamables que cobra la IMM. Para adoptar dicha decisión, el Directorio de Ancap se basó en un informe jurídico elaborado por el estudio Brum & Costa sobre la supuesta inconstitucionalidad de dicha tasa municipal. “Cuando uno busca fuentes de reducción de costos para que los valores de los combustibles sean más bajos, identificamos que esta tasa era uno de los aspectos que encarecía los precios del gasoil, nafta y del gas”, explicó Stipanicic.
Es decir, es uno más de los privilegios del centralismo que se han concedido por todos los partidos –con matices– y que en este caso el actual Directorio, seguramente con la anuencia del gobierno nacional, pretende corregir, porque no se trata de poco dinero y por ejemplo, equivale a lo que pierde anualmente el área de cemento portland de Ancap, nada menos. Podría por ejemplo buscarse la forma en que si quieren mantener esta “tasa”, los recursos puedan utilizarse para mantener los empleos en las plantas de cemento, si es que nadie quiere pagar los costos políticos de una solución definitiva.
El punto es que no estamos ante un hecho excepcional, sino que lamentablemente pauta la regla centralista que se ha dado con gobiernos de todos los partidos. El más notorio de los últimos caso es el del Antel Arena, construido por el ente nacional Antel durante la administración de Carolina Cosse, solo para favorecer a Montevideo. Con un costo de 120 millones de dólares, que duplicó la estimación inicial, y con una serie de cuestionamientos sobre “irregularidades” administrativas para utilizar dispendiosamente los dineros públicos, se incorporó un estadio de eventos para disfrute netamente capitalino, en lugar del siniestrado Cilindro Municipal, solo que este último fue financiado –y seguirá pagándose– con dinero de todos los uruguayos, aún de aquellos residentes en el Interior profundo que nunca van a pisar el estadio capitalino, cuando debió ser financiado exclusivamente por la Intendencia de Montevideo.
Pero esta discriminación contra el Interior no preocupa a la dirigencia política capitalina ni mucho menos, como lo puso de manifiesto en su momento la exintendente del Frente Amplio Ana Olivera, quien en un extremo de enajenación política, con el horizonte y el límite puesto en el cemento montevideano, pidió que se le aprobara por el gobierno nacional lo que llamó Ley de Capitalidad –una fuente de recursos más, por supuesto, para sus arcas– ante los “perjuicios” que le causaba a Montevideo ser capital del Uruguay.
El sumun del delirio y de la negación de la realidad a través de un proyecto que felizmente solo quedó en una idea sin plasmar en una ley, pero cuya frustración no ha impedido que por acción o por omisión, se hayan perpetuado medidas centralistas discriminatorias contra el Interior, como es otro claro ejemplo el fideicomiso para el gasoil, volcado prácticamente en su totalidad hacia el subsidio del transporte capitalino, pero pagado en los combustibles por todos los uruguayos.
