Diputado Juan Rodríguez: “Compromiso de cambiar cosas que estaban funcionando mal o no funcionaban”

Diputado Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional.

“El presidente Lacalle Pou y la coalición de gobierno habían asumido el compromiso de cambiar las cosas que estaban funcionando mal o no funcionaban”, dijo el diputado Juan Martín Rodríguez Da Costa Leites que preside la comisión a efectos de estudiar las denuncias sobre compras y gastos desde marzo de 2020 a julio de 2021; y contratación de medios, realización de eventos y montos pagados desde marzo de 2010 hasta agosto de 2021, en el Ministerio de Turismo. El representante por el Partido Nacional también integra las comisiones de Asuntos Internacionales; Asuntos Internos; Comisión especial sobre el derecho a la alimentación; Constitución y legislación; Especial con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia; Especial de seguridad y convivencia; Industria, energía y minería; y Presupuestos integrada con asuntos internos. Aseguró que “mucho antes” de iniciarse el proceso de referéndum “actores de la oposición del Frente Amplio, del movimiento sindical que anunciaban eventualmente que en caso de aprobarse la Ley de Urgente Consideración iban a iniciar un proceso de recolección de firmas. Luego eso se materializó después que la ley fuera aprobada y promulgada”, destacó el diputado nacionalista.

“SI SE PRETENDÍA UNA AMENAZA  EQUIVOCARON EL CAMINO”

“Si eso pretendía ser una amenaza para que la ley no se aprobase se equivocaron de camino”, agregó. “La coalición de gobierno tenía definido que los artículos que comprenden la Ley de Urgente Consideración, la norma en su conjunto, debía ser votada y respaldada por la coalición de gobierno. Porque la LUC es la materialización de la voluntad de cambio que la ciudadanía expresó en noviembre de 2019”. “En noviembre de 2019 hubo un acuerdo entre cinco partidos que establecieron el compromiso por el país, que incluía la gran mayoría de las propuestas que luego fueron incluidos como norma. No había dos chances, era necesario cumplir con los compromisos de campaña”, subrayó Rodríguez.

“Cuando el Presidente de la República (Luis Lacalle Pou) remite la Ley de Urgente Consideración, lo que hace es proceder a cumplir los compromisos de campaña, actuar de acuerdo a lo que se había comprometido ante la ciudadanía, especialmente en temas como educación y seguridad, los dos fracasos más importantes que tuvo la gestión del Frente Amplio durante sus 15 años”, dijo más adelante.

“LOS RESULTADOS POSITIVOS SE HAN COMENZADO A VER”

Entre el cuerpo legal aprobado, destacó especialmente “la seguridad, desde que en los quince años de gobierno frenteamplistas, los delitos no paraban de aumentar. En la campaña electoral 2014 el Frente Amplio se comprometió a reducir un 30% las rapiñas y al termino del mandato del presidente Vázquez las rapiñas habían aumentado un 50%. Le erraron por un 80%”.
Aseguró que “en materia de seguridad, los resultados positivos se han empezado a ver. La eficiencia por parte de la Policía en momentos de capturar a los delincuentes, obtener mayores medios probatorios que permiten la formalización y la privación de libertad de los mismos. Es producto en gran medida de las nuevas herramientas que hay, establecidas por la LUC”.

“UNA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD”

En lo que refiere a educación “seguramente los cambios sean más lentos porque quienes más saben de esto dicen que recién comienzan a verse a los 5 o 10 años. En 2008, con la aprobación de la ley de Educación se introdujeron cambios en todo el desarrollo de la política educativa. Pero tristemente hemos visto que lejos de mejorar, de ser como éramos la envidia a nivel continental y reconocidos a nivel mundial, hemos pasado a ser comparados con los países que tienen los peores índices en Latinoamérica”.

“Realmente -sostuvo dentro del mismo tema- cuando consideran los cambios que fueron realizados durante las Administraciones del Frente Amplio, queda claro que quienes podían acceder a educación de calidad era quienes la podían pagar. Quienes por no tener los medios económicos, quedaron relegados a una educación clase B, C o D. Eso es imperdonable, injustificable. Eso es, sin dudas, la verdadera mercantilización de la educación”.

“Tenemos un gran desafío para retornar el camino a una educación pública de calidad. Porque a esa educación pública es a la que acceden los que menos recursos tienen, los que no pueden acceder a otra educación”, dijo el diputado Rodríguez y agregó que “tiene que ser igual o inclusive mejor que la privada, motivo de envidia, de excelencia. Porque es la única forma que nuestros estudiantes, que las nuevas generaciones puedan desarrollarse, progresar, encontrar en el conocimiento una herramienta para que su vida sea plena”.