La aprobación de la Ley Nacional de Vivienda 13.728, promulgada y publicada en diciembre de 1968, influyó en la situación de la vivienda en Uruguay y estableció una mirada a largo plazo.
Dos años antes de esa legislación, surgieron las tres primeras experiencias de cooperativas, bajo la supervisión del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU). Cosvam en Salto, Éxodo de Artigas en Río Negro y 25 de Mayo, en la localidad de Isla Mala, en Florida, se transformaban en el puntapié inicial para un sistema de construcción social, anclado en la clase trabajadora que no encontraba planes posibles de acceso a la vivienda.
“El sistema cooperativo instalado a partir de la ley de 1968 es el único programa sobre política de vivienda social que ha perdurado desde aquel momento a la fecha. Es decir, se han creado otros y algunos se han bajado de los gobiernos”, dijo el presidente de la Dirección Nacional de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam), Enrique Cal.
En este sentido, ejemplificó que “la construcción de los Núcleos Básicos Evolutivos (NBE) se cayó, pero han sobrevivido las cooperativas de viviendas y Mevir en todos los gobiernos y a pesar de todas las crisis”.
Fucvam tiene afiliadas a unas 640 cooperativas en todo el país –30 en construcción–, erigidas bajo el sistema de ayuda mutua que reduce el costo total de la obra y las cuotas de pago de cada familia.
“Es un programa con un cien por ciento de efectividad y es el más económico para el Estado porque construimos a menos de U$S 1.000 el metro cuadrado. Además, es efectivo porque no hay cooperativas de Fucvam abandonadas o a medio construir y todas terminan sus obras y los propietarios ingresan a vivir. Es una solución efectiva para el acceso a la vivienda”, aclaró.
Recordó también que “en un principio era una política orientada a un sector de la población con ingresos fijos, pero sin capacidad de ahorro. Eran básicamente trabajadores del mercado formal. Cuando se liberaron las franjas –con la Reglamentación 2008– se amplió el universo al que llegan las cooperativas. Eso ha hecho cambiar el nivel socioeconómico y, de hecho, el subsidio responde a la liberación de esas franjas”.
El subsidio “antes estaba pensado para situaciones de excepción, por ejemplo, cuando uno de los integrantes de la familia perdía su ingreso o cuando una persona se jubilaba. Eso afectaba a los ingresos familiares. Al abrir la puerta del sistema al ingreso de trabajadores no formalizados, el subsidio viene a cubrir esa emergencia y pasa a ser una situación cotidiana. Porque hay familias que, si no se subsidian, no pueden estar en el sistema. Aún si pagaran el interés al 2%”, explicó.
Hábitat
El sistema cooperativo aporta a la transformación social del barrio donde construye su complejo habitacional. “Aporta para el mejoramiento del hábitat con la extensión de los servicios que han llegado hasta los cinturones de la ciudad”.
Desde el punto de vista de los modelos constructivos, las viviendas federadas “mayormente se levantan con el sistema tradicional que está arraigado en la identidad uruguaya”. Cal resaltó que “si a un uruguayo le dan a elegir entre construir con madera o ladrillo y portland, elige el tradicional. Los sistemas alternativos se construyen bajo parámetros técnicos manejados por la Facultad de Arquitectura, pero la ecuación termina cerrando a favor del tradicional por la salubridad de la vivienda”.
Explicó que “ahora se presenta la experiencia de construir con madera, pero en Uruguay es absolutamente inviable desde el punto de vista económico. No tenemos madera que aguante el clima uruguayo y aunque pueda importarse, hay que agregar el costo del mantenimiento”.
Sin embargo, las construcciones de algunos complejos de la federación incorporan metodologías sustentables. “Se han agregado paneles solares y sistemas de aprovechamiento del agua, pero el sistema de construcción sigue siendo tradicional”.
Mantenimiento
Las primeras viviendas cooperativas han cumplido 50 años de construcción. “Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento se hace en forma autogestionaria porque el Estado no previó un fondo para el mantenimiento de las viviendas de interés social. Ya hemos planteado al BROU la necesidad de pensar en un préstamo blando para mantener los techos de los grandes complejos, además de cañerías del saneamiento. Pero, por ahora, la autogestión es plata que sale de los bolsillos de los trabajadores”.
Actualmente el sistema permite la construcción de hasta 50 casas por cada complejo. “No siempre fue así. Tenemos en Montevideo a una cooperativa con más de cien asociados como Covimt 9 o el más grande de América de Sur que está ubicado en Zona 3, con 830 viviendas. O en la zona 6 con 290 viviendas. En esa zona los complejos andan en torno a las 400, o el barrio ‘26 de Octubre’ con más de 600 viviendas. Ese era el sueño de los primeros institutos técnicos de crear pequeñas ciudades cooperativas”.
Cal agregó que “la normativa vigente no permite más de 50 viviendas por cooperativa y no se piensa en un barrio coordinado sino que son varias cooperativas en una misma zona, sin proyectos en común. Cada una tiene su salón comunal pequeño, en vez de pensar en uno grande y que le brinde otros servicios al barrio”.
