UTE aprobó aumento de 3,5%, OSE de 6% y Antel mantendrá sus tarifas; Ursea recomienda bajar precio de combustibles

(subrayado)
El Poder Ejecutivo definirá en las próximas horas los ajustes en las tarifas públicas que regirán a partir del 1º de enero de 2022. El directorio de UTE aprobó por mayoría un ajuste promedio en las tarifas de 3,5%. El porcentaje se ubica en el entorno del 50% de la inflación proyectada.
“Para tomar esta decisión se analizaron diferentes escenarios de Programa Financiero para el 2022 con hipótesis de incremento de la demanda interna del 2,5% y un nivel de exportaciones de energía más moderado que el 2021”, afirmó la empresa.
Por su parte, OSE aprobó un aumento de 6% en las tarifas desde enero. La propuesta no contó con voto del representante del Frente Amplio en el directorio, Edgardo Ortuño. “Sin mi voto OSE resolvió un aumento del 6%. Propuse mantener el valor de la tarifa en atención a la situación social de emergencia por la pandemia que requiere no aumentar, retomar los apoyos a los sectores afectados, no cortar el servicio de agua por atrasos y en julio evaluar”, indicó Ortuño.
En el caso de Antel, su presidente Gabriel Gurméndez, anunció la semana que no habrá ajuste de tarifas en enero, debido a los buenos resultados que registra la empresa de telecomunicaciones. “El directorio de Antel, la empresa, no va a tocar ni hacer modificaciones tarifarias ahora, en este momento”, afirmó Gurméndez.
Destacó el actual contexto de la empresa, con un fuerte crecimiento en todos los mercados. “Venimos realizando un esfuerzo de gestión muy importante en el manejo austero y profesional de los gastos de la compañía. Entendemos que esta mayor eficiencia debe ser trasladada para el beneficio de nuestros clientes”, subrayó el jerarca. Gurméndez analizó la realidad del mercado de las telecomunicaciones, e indicó que Antel enfrenta un contexto de creciente competencia en algunos de sus mercados, lo que determina que por una lógica comercial no se realicen incrementos en los precios.
El informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) que se conoció este martes recomienda reducciones en los precios de los combustibles. De acuerdo a la evolución anual de los precios, entre noviembre y diciembre, se marca que la nafta Premium 97 pasó de $62,89 a $60,40; la nafta Súper 95 de $60,93 a $58,49; el gasoil 50s de $44,34 a $41,48; el gasoil 10s de $44,38 a $41,53; y el supergás de 37,54 a $ 33,29.
Si se analizan los valores de referencia ex planta con impuestos incluidos, la mayor reducción porcentual es en el supergás (11,32%), seguida por el gasoil 50s (6,45%), gasoil 10s (6,4%), mientras que las naftas la Súper 95 (4%) y la Premium 97 (3,96%), según el informe con datos del 26 de noviembre al 25 de diciembre.

DETECTARON 913 CASOS, DOS FALLECIMIENTOS

(SINAE)
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que se llevaron a cabo 13.047 análisis y se detectaron 913 nuevos casos de la COVID-19. De ese total, 416 son de Montevideo, 121 de Salto, 81 de Canelones, 68 de Rocha, 45 de Maldonado, 27 de Flores, 26 de Tacuarembó, 21 de Treinta y Tres, 20 de Florida, 18 de Colonia, 16 de Soriano, 12 de Cerro Largo, 11 de Paysandú, 8 de Lavalleja, 6 de Artigas, 6 de Durazno, 5 de Rivera, 3 de Río Negro y 3 de San José.
Ayer se registraron dos fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país: un hombre de 77 años y una mujer de 78, ambos de Montevideo. Hasta el momento son 6.167 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay. Actualmente hay 4.820 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad, 23 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos. Al día de hoy todos los departamentos registran casos activos.

FALTA FORMACIÓN

(MONTEVIDEO PORTAL)
El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, aseguró que una de las razones por las que en el Estado no se cumple con los cupos laborales para minorías se da porque “en las bases del llamado se exigen diferentes condiciones en la formación y muchas personas no tuvieron la oportunidad de terminar el bachillerato porque les quedó alguna materia pendiente”.
Agregó que “directamente no aplican al llamado. Quisimos ir a la raíz y monitorear no solo porque se dan algunos incumplimientos, sino también detectar cuales son los motivos por los que en determinados llamados una cantidad de personas no se presentan, cuando tienen un cupo determinado por ley”.
En esta línea, el Ministerio de Desarrollo Social firmó un acuerdo ayer martes con la Sociedad de Amigos de la Educación Popular para otorgar 20 becas (por materia) en el Bachillerato Extra Edad de la Escuela y Liceo Elbio Fernández. Las becas estarán orientadas a participantes de programas de la cartera que hayan culminado ciclo básico, sean mayores de 20 años o, en caso de ser menores de 20, acrediten trabajos formales.
La ley 18.094 (2007) estableció que el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados están obligados a ocupar a personas con discapacidad en una proporción mínima no inferior al 4% de las vacantes. Por su parte, en 2013 se determinó que el 8% de los puestos en los organismos públicos deben ser llenados en el año por personas afrodescendientes, siempre y cuando cumplan los requisitos legales requeridos. En 2018, la ley Integral para Personas Trans estableció a su vez que el Estado debe destinar 1% de los puestos de trabajo para personas trans que “cumplan con los requisitos normativos para acceder a los mismos”.