“Nos llena de sorpresa la controversia que se generó en función de la ocupación por parte de algunas personas en la zona del bajo Curupí”, aseguró el exsecretario general de la Intendencia Federico Álvarez Petraglia.
Para Álvarez Petraglia, “todo el espectro político debe apoyar estas decisiones referidas a no permitir estas ocupaciones, porque de lo contrario estaríamos echando por tierra una política de Estado que debe trascender a quienes gobiernan. Esas políticas de Estado por más duras que puedan parecer hay que defenderlas cuando son las correctas, aun cuando se deba pagar un costo político el cual –creo– con gusto hay que hacerlo”.
Explicó luego que “ha sido una política de Estado definida por el expresidente Tabaré Vázquez la de llevar adelante el realojo de muchas de las personas que estaban viviendo en esa zona, en La Chapita y en otros lugares de departamento”.
Para concretar el plan “se realizó una transferencia muy importante de dineros públicos para expropiar terrenos y construir luego viviendas dignas para cientos de familias que habitaban esas zonas, dando lugar a varios de los realojos que en la anterior Administración se hicieron entrega, en varios barrios de Paysandú”.
Pero, esa política de Estado, va acompañada de una política de policía territorial que determina que en los lugares que son inundables y se ha intervenido no pueden instalarse más personas”. A esto hay que agregar que existen zonas públicas que no pueden ser ocupadas, tal como se denuncia en esta misma edición en Cortocircuitos Ciudadanos.
“De darse esa circunstancia es responsabilidad de la Intendencia controlar que eso o bien no pase, o si pasa actuar diligentemente para su expulsión inmediata del sitio, ya que de permitir que se vuelvan a instalar implicaría tirar por tierra todo el esfuerzo que la sociedad en su conjunto realizó para que nadie más se instale en esos lugares”, subrayó Álvarez Petraglia.
“Mi postura es la de seguir adelante con la política de Estado definida en su momento por Tabaré Vázquez y el gobierno departamental de Guillermo Caraballo, es decir no permitir la instalación en esos sitios de ninguna vivienda”. Y si eso sucediera, “poner en marcha todos aquellos instrumentos que la normativa dispone para llevar adelante los desalojos y derrumbes que se deban hacer, lamentando que exista gente que medre con esta situación como aparentemente se pudo haber dado con algunos de los ocupantes”.
Pero Álvarez Petraglia subrayó que realmente “si hay que criticar a la Intendencia no es por este tema. Se la podrá criticar por no ejecutar los 2.400.000 dólares que tiene destinados en el fideicomiso para cartera de tierras, o los 500.000 dólares en el Presupuesto Departamental, que para algo los tiene y hasta ahora no los ha utilizado sin dar ninguna explicación a la ciudadanía”. “Que quede claro, no son tres personas las que tienen problema de vivienda en Paysandú, son miles. No solucionamos ese problema con estas tres ocupaciones, la solucionamos con políticas públicas de viviendas a nivel nacional y departamental que son las que brillan por su ausencia”, concluyó.
“NO LEVANTARON LOS TELÉFONOS NECESARIOS”
Álvarez Petraglia recordó que “hubo una transferencia muy importante para la expropiación de terrenos con fines a las relocalizaciones durante la administración de Guillermo Caraballo, que yo mismo lo hice como letrado. Esa política estuvo dirigida por el expresidente Vázquez que creó una política de ordenamiento territorial”.
El anterior secretario general de la Intendencia, recordó que “ahí en esa oficina estuvieron Claudia Moroy y Natalia García que hicieron una gestión excelente y crearon algo que no existía. En el gobierno de Caraballo se hizo un protocolo de actuación y se creó un cuerpo inspectivo para sacar a las personas que ocupaban nuevamente esos lugares. Es una política de Estado que salió de nosotros”.
Explicó que “la gente que se mete en esos lugares es de Paysandú y no desconoce la realidad. Pero, como se ubicaron a 150 familias en los realojos, piensan que pueden salir de allí con una vivienda. Pensemos un poquito y no seamos tan ingenuos. Porque si Olivera les suelta la mano se vuelve a llenar de asentamientos, luego del esfuerzo de todos los uruguayos”.
Aseguró que “a esos compañeros de la fuerza política que intervinieron les falta información y tampoco levantaron los teléfonos necesarios. A mí, nadie tuvo la gentileza de consultarme y lamento porque me hubiese gustado dar mi opinión. En mi caso, como en el caso de Moroy o García que estuvieron en la Inspectoría Territorial, incluso se pudo consultar a la ministra de Vivienda del gobierno de Vázquez (arquitecta Eneida de León) para saber lo que ocurría con la ley”, dijo a EL TELEGRAFO.
No obstante, aclaró que “no salgo a cuestionar las acciones de la fuerza política, sino que salgo a defender las políticas de Estado instaladas por el Frente Amplio. ¿O cuando iban a las inauguraciones de las viviendas, no sabían que iban a realojos? Porque no era solamente la entrega de casas”, cuestionó.
Según el abogado, “veo que se hacen muchos homenajes a la figura del expresidente Tabaré Vázquez, cuando la mejor forma de homenajearlo es respetar su legado”.
Finalmente, aseguró que “le den 10 días más de plazo no me interesa, lo que me importa es que no haya fisuras en las decisiones políticas que se tomaron. Hay veces en que la gente tiene razón, pero cuando no la tiene hay que decirle porque se tiene que terminar la joda”.
