(EFE-El observador)
La coalición de gobierno presentó en una conferencia de prensa este lunes la campaña en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que será sometida a referéndum el 27 de marzo para derogar 135 de sus 476 artículos.
Autoridades de los Partidos Nacional y Colorado (PN y PC), De la Gente y Cabildo Abierto (PG y CA) e Independiente (PI) explicaron su estrategia para dejar sin efecto la propuesta de colectivos sociales, la central sindical (el Pit Cnt) y el Frente Amplio.
“Aceptamos que se presente esta discusión. Sentimos que la ciudadanía merece una explicación de cuáles son los temas por los que nosotros hemos hecho la ley y queremos recorrer el país entero explicándola”, dijo el presidente del PN, Pablo Iturralde.
No obstante, indicó que desde la oposición se está “cuestionando el derecho a gobernar”, que fue “concedido legítimamente” por la ciudadanía. En diciembre, la Corte Electoral confirmó la cifra de 671.631 rúbricas válidas, que superaron las 671.544 precisas para la celebración de la consulta.
Frente a la opinión de esas organizaciones, el expresidente Julio María Sanguinetti destacó los avances de esta ley en materia de seguridad y telecomunicaciones y la calificó como “un camino de derechos”. También hizo referencia a la portabilidad numérica y destacó que sus artículos “reconocen el derecho a la propiedad de un número telefónico además de darle “fuerza” a Antel y otras opciones a la ciudadanía. Además habló del derecho a la seguridad “como una forma de interrumpir la escalada de delitos que venía subiendo año a año”.
“No era posible que siguiéramos en la situación que después de un tiroteo entraran a la comisaría en la misma calidad de sospechosos el policía y el delincuente, lo incuestionable es que la población ha visto que se interrumpió una escalada que por año subía un 5 o un 6%”, agregó.
Como presidente del PC, durante su intervención llamó a que la ciudadanía “se involucre, razone y actúe más allá” de banderas políticas.
Por su parte, el senador Guido Manini Ríos, líder de CA, subrayó que desde su agrupación se ha trabajado en defensa de esta ley con el recorrido de unas 170 localidades de los 19 departamentos del país.
“Creemos que tenemos el deber de que el 27 de marzo nadie vote confundido. Aquí claramente esta ley asegura libertades, garantiza derechos. No ha tenido ningún efecto negativo en el año y medio que lleva de vigencia. Lo que se busca es generar cambios en la forma de gobernar”, expresó.
En la comparecencia también estuvieron presentes el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en representación del PI, y Daniel Peña, como parte del PG, único de los cinco partidos sin ministros en el gabinete.
El referéndum es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad.
DETECTARON 6.986 CASOS; 20 FALLECIMIENTOS
(sINAE)
Este lunes se llevaron a cabo 19.772 análisis y se detectaron 6.986 nuevos casos de coronavirus. De ellos, 3.344 son de Montevideo, 984 de Canelones, 379 de Paysandú, 329 de Maldonado, 195 de San José, 188 de Colonia, 174 de Salto, 163 de Río Negro, 159 de Lavalleja, 153 de Rivera, 142 de Rocha, 139 de Soriano, 139 de Tacuarembó, 113 de Artigas, 96 de Treinta y Tres, 85 de Florida, 82 de Durazno, 57 de Cerro Largo y 65 de Flores.
Se registraron 20 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2. Hasta el momento son 6.479 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay. En Canelones murieron tres mujeres (de 67, 81 y 86 años); en Cerro Largo, una mujer (81) y un hombre (82); en Florida, un hombre (85); en Maldonado, una mujer (74); en Montevideo, seis mujeres (70, 74, 76, 80, 94 y 95); en Río Negro, una mujer (74), y en Rivera, otra (85); en Rocha un hombre (75) y en Salto otro (89); en San José, un hombre (71) y una mujer (83); y en Treinta y Tres, una mujer (73).
Actualmente hay 67.119 personas que están cursando la enfermedad, 147 de ellas en centros de cuidados críticos.
“CONTROVERSIA” EN COLEGIOS PRIVADOS POR VACUNACIÓN
(bÚSQUEDA)
Más allá de la actualización de los protocolos sanitarios, las instituciones educativas privadas anticipan situaciones “bastante complejas” por la “controversia” generada en torno a los derechos y libertades en juego ante la vacunación o no por la COVID-19 de los alumnos que asisten a los colegios, frente al elevado número de contagios por la cepa ómicron en las últimas semanas en el país.
“Los alumnos vacunados tienen derecho a ir a una institución donde estén protegidos. Pero a su vez la decisión es voluntaria, depende de la ‘libertad responsable’ de cada familia. Eso genera una controversia a nivel de derechos y libertades, y coloca a las instituciones privadas en una disyuntiva compleja” dijo a Búsqueda Juan Carlos Noya, presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep).
En 2022 dentro de los salones habrá niños vacunados y otros que no, explicó Noya, para quien se impone definir una resolución oficial, “dado que el tiempo apremia” y la situación “seguramente” genere más difcultades.