“Al otro día del referéndum, no cambiará el gobierno. El presidente seguirá siendo Lacalle, la vice Argimón, los legisladores los mismos, los mismos ministros. Lo que se decidirá es si estas normas quedan o no vigentes. No otra es la discusión”. Dijo a EL TELEGRAFO el senador Óscar Andrade (Frente Amplio). Acompañado por Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) –actualmente integrando el triunvirato que sustituye al presidente del Pit Cnt Marcelo Abdala, de licencia– estuvo en Paysandú en una gira de promoción del voto por el Sí en el referéndum del 27 de marzo.
Andrade destacó la necesidad de “alcanzar un nivel de sinceridad en el debate, para permitir que la ciudadanía pueda resolver por encima de su mirada político partidaria, al menos eso es lo deseable. Sería hasta deshonesto partidizar el referéndum porque no surgió como una iniciativa partidaria. Fue de la mano de los trabajadores organizados, de las cooperativas de viviendas, de colectivos de derechos humanos, de las ollas. Fueron los primeros que dijeron que la LUC tiene elementos muy graves y que era importante buscar que no se apliquen, aun cuando podían pasar desapercibidos en la pandemia”.
Abogó además por un “voto consciente” en cualquiera de las dos opciones. “Si un gurí salta un alambrado por unas manzanas y el dueño lo mata, quien esté de acuerdo que lo diga con claridad. La LUC lo está habilitando. Al establecimiento agrícola lo pone en mayor jerarquía que la vivienda y pone que si no hay agresión física igual aplica legítima defensa. Está claro y quien esté de acuerdo que sepa que es eso lo que está votando”, aseguró.
En ese sentido destacó Andrade que “la cátedra de Derecho Penal y Criminología dice que no se cambie la anterior legislación. Eso da pánico, que se genere un cambio con la LUC en un tema de tanta sensibilidad, con todos los expertos en contra. No hay un criminalista que diga que este cambio es positivo, ni uno solo”.
“si está bien que se lo desaloje, que apoye la luc”
“En la vivienda lo mismo, si hay quienes creen que si una persona tiene contrato por seis meses y a los seis meses y un día dejó de pagar, está bien que se lo desaloje, está bien que apoye la LUC. Si se considera la vivienda como una mercancía igual a cualquier otra, si no tiene ponderación especial, si esa es la mentalidad, es lógico que se vote para mantener la LUC. Pero que sea claro, que no se confunda diciendo que no afecta en nada la ley anteriormente vigente. Aunque realmente eso no será así, porque si mañana el 80% del mercado inmobiliario quiere usar esa parte de la ley, por la vía de los hechos, se afectará a los inquilinos, que van a tener que bailar al compás de esa música”, dijo más adelante.
El senador frenteamplista se refirió luego al “incremento de la mano dura, del efecto punitivo como solución a la violencia delictiva. Pero no hay país en el mundo que haya resuelto los problemas de la violencia desde ese lugar. Ni uno solo. Los países con menores niveles de criminalidad –justamente– son los países que tienen menor población carcelaria, entre 60 y 70 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. No son los que tienen más penas los que resuelven el problema, es al revés. No es la cárcel la solución”.
“COLECTIVOS DE TRABAJADORES SON UN PROBLEMA”
Además explicó que en el texto de la LUC “otra idea fuerza es asumir que los colectivos de trabajadores son un problema. Esto es muy curioso por los problemas que enfrenta el Uruguay. Hay 60.000 niños que trabajan, casi una cuarta parte de los uruguayos no está registrado en la seguridad social, hay problemas en la asistencia de salud. Pero todos esos problemas no están donde hay sindicatos fuertes, sino donde no hay sindicatos”.
“Si se debe buscar una garantía para el cumplimiento de los derechos es que haya sindicatos fuertes. La LUC tiene asociado a los sindicatos como problema y restringe los derechos de huelga. No los prohíbe como en el articulado original que indicaba que no estaba permitida la huelga que perturba, así, con esa frase tan brutal. Pero si se restringe el derecho a huelga. Porque cuando se instala una, la empresa contrata empleados ajenos a la plantilla. Eso es restringir la huelga”, dijo también.
Y agregó: “La huelga es muchas veces parte de la solución. Muchos de los derechos que hoy existen, antes fueron conflictivos. Hay que saber comprender lo que ocurre cuando la parte que tiene más fuerza sabe que el trabajador está impedido de defender sus derechos. Es una invitación a la discrecionalidad”.
LA SITUACIÓN EN LA EDUCACIÓN
Por su parte, Elbia Pereira hizo hincapié en “los 34 artículos que se refieren al magisterio y la educación”.
“Históricamente teníamos en el país –orgullosamente– consejos con participación de docentes. Ahora se pretende sintetizar en una sola persona, lo que es imposible. Porque más allá de lo funcional o las dificultades que se tenga para llevarlo adelante, claramente es una señal de quienes quieren que tomen las decisiones. Hay que recordar que los docentes democráticamente electos estábamos integrando los Consejos lo que implicaba el enriquecimiento a través de intercambios claros y concretos. Ahora quedó el Codicen con dos docentes. Pero no ocurre lo mismo en los Consejos de Primaria, Secundaria y UTU. Eso es lo que señalamos, la falta de participación”, dijo.
“No poder participar, contrariamente a lo que se ha dicho, a lo que lleva es una posición que no corresponde con la defensa de la educación. Claramente lo que se establece es el rumbo que se pretende imponer y el rol que se pretende quitar a las organizaciones sindicales”.
Explicó que “en Primaria lo que ocurre es paradigmático. El camino que las decisiones tienen que llevar es engorroso. De las comunidades a los centros educativos, a la Dirección General de Primaria, al Codicen. Y la resolución el camino inverso. Es exactamente lo contrario a la justificación que se puso para imponer este nuevo sistema, es decir agilizar la burocracia que tiene el sistema. Todo lo que hace es profundizarla”.
