(El observador)
La calificadora de riesgo Fitch Ratings ratificó este miércoles el grado inversor para la deuda soberana de Uruguay al mantener la nota crediticia en BBB- (mínimo escalón del investment grade) como emisor a largo plazo en moneda extranjera y doméstica, al tiempo que dejó estable su perspectiva. Esta agencia había elevado la perspectiva de negativa a estable en diciembre pasado.
De acuerdo al comunicado de Fitch, la calificación BBB- de Uruguay está respaldada por un PBI per capita relativamente alto, sólidos indicadores de gobernabilidad y fortaleza institucional evidenciada por una respuesta exitosa a la pandemia y sólidas finanzas externas.
La calificación está restringida por perspectivas de crecimiento económico a mediano plazo afectadas por desafíos de competitividad, una carga de deuda pública por encima de sus pares calificados y sensible a los movimientos del tipo de cambio, persistentemente alta inflación y flexibilidad política acotada por la dolarización, la indexación y la poca profundidad financiera. Según Fitch, el gobierno “está comprometido con las políticas para mejorar estas debilidades crediticias pero enfrenta desafíos para mejorarlas”.
Fitch proyecta que el déficit fiscal caerá al 3,1% en 2022 a medida que el gasto por la pandemia y los ingresos extraordinarios garantizados para financiarlo se eliminen en su mayoría. Además, espera que el rojo de las cuentas públicas baje al 2,7% para 2023, en línea con los objetivos del presupuesto quinquenal, aunque el margen para “un desempeño superior podría verse limitado debido a la presión política preelectoral para recortes de impuestos y mayor gasto social”, advierte la agencia. Fitch destacó el “progreso fiscal” que logró el país son la implementación de una regla fiscal y su cumplimiento durante los últimos dos años.
La calificadora proyecta un crecimiento del PBI de 4,7% para 2002, en línea con el 4,8% que proyectó esta semana la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche. Asimismo, Fitch espera que el crecimiento se desacelere a 3,1% en 2023 y converja gradualmente a un ritmo de tendencia de 2% a partir de entonces. Según la agencia, el crecimiento potencial sigue limitado por las tendencias demográficas adversas y los problemas de competitividad, incluido un marco salarial rígido, los crecientes desafíos educativos y los altos precios de la energía.
“El gobierno tiene la intención de aprobar reformas que aborden estos temas, pero queda por ver cuánto progreso puede lograr antes de las elecciones de 2024”, alerta el comunicado. En ese sentido, sostiene que si bien el gobierno logró triunfar en el referéndum por la LUC en marzo pasado, “no queda claro si la administración podrá generar consenso dentro de su coalición para avanzar en sus reformas pendientes, que podrían ser políticamente impopulares”. En ese aspecto, menciona la reforma educativa, la del sistema de jubilaciones y la del mercado de combustibles. A juicio de Fitch, la ventana de oportunidad para avanzar en esas reformas antes que comience el próximo ciclo electoral se achica.
PRESIDENTE DE ANP DEFENDIÓ ACUERDO
(LA DIARIA)
El presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, declaró este miércoles ante la Fiscalía Especializada de Delitos Complejos por la causa que investiga la extensión de la concesión a la Terminal Cuenca del Plata de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081.
Antes de ingresar, el jerarca manifestó en rueda de prensa que fue “un muy buen acuerdo”, que “se ve reflejado a partir de un aumento de actividad”, y que él actuó ajustado “a derecho y a lo que se nos pidió”.
Según dijo, “la realidad indica que este reordenamiento de la actividad portuaria a partir del acuerdo celebrado va en la línea correcta de lo que pretendemos para que se desarrolle el puerto un hub logístico y centro de cargas de la región y que desde Montevideo salgan al mundo en barcos de mayor porte y calado”.
Recalcó que “Katoen Natie tiene una prioridad establecida en el Decreto 183 del año 1994. Nosotros simplemente lo que hicimos fue operacionalizar esa prioridad en el atraque que no significa ni exclusividad ni monopolio”.
Por otra parte, señaló que el gobierno “utilizó un instrumento del gobierno anterior que ampliaba las concesiones de un plazo de 30 a 50 años” y, en esa línea, consideró que se está “en el camino correcto porque en el mundo las inversiones portuarias son muy cuantiosas y por tanto requieren un período muy largo contractual”.
Más temprano declaró el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola, que se retiró sin hacer comentarios.
GOBIERNO ANALIZA SUBA EN COMBUSTIBLES
(MONTEVIDEO PORTAL)
Tras recibir el último informe de la Unidad de Servicios de Energía y Agua (Ursea) sobre el precio de los combustibles refinados en la Costa del Golfo, que volvieron a mostrar un incremento, el gobierno analiza la información recibida para tomar una decisión sobre el ajuste en las tarifas de los combustibles.
Considerando el último informe sobre los Precios de Paridad de Importación (PPI) cerrado al 25 de junio que todavía no ha sido publicado, la proyección para el precio de venta al público estipula una suba de $ 8,34 para la nafta Súper y de $ 11,01 para el gasoil, un aumento del 10,3% y del 16,9%, respectivamente.
De esta forma, el precio máximo para para la nafta Súper 95 que fija el Poder Ejecutivo pasaría de $ 80,88 a $ 89,22, mientras que el del gasoil pasaría de $ 64,99 a $ 76.
Los cálculos realizados por Ursea y remitidos al MIEM consideran el desfasaje existente entre el precio a la venta al público de los combustibles que ha fijado el Poder Ejecutivo en los últimos meses, que ha estado por debajo de lo que indicaba el Precio de Paridad de Importación.
