(presidencia)
El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) publicó el plan de implementación del hidrógeno verde y sus derivados, elaborado en colaboración con el sector privado, la academia y la sociedad civil. La hoja de ruta y los planes de movilidad eléctrica y eficiencia energética son los pilares del Gobierno para la segunda transición energética, dijo el titular de la cartera, Omar Paganini.
El ministro aseguró que las previsiones indican que la producción de hidrógeno y sus derivados represente, hacia el 2040, una facturación aproximada a los 2.000 millones de dólares anuales. Asimismo espera la generación de unos 35.000 puestos de trabajo directos en la construcción de plantas, su operación y mantenimiento, logística y educación técnica.
El secretario de Estado señaló que Uruguay cuenta con fortalezas en la captación de inversiones privadas a largo plazo para el desarrollo de hidrógeno verde, por sus sólidos marcos regulatorios y su estabilidad institucional, política y legal. “Es natural, como estrategia nacional, apostar al hidrógeno verde como la creación de un nuevo sector exportador, un sector que no existe en el país y que tiene un potencial de crecimiento importante”, opinó.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, señaló que en los aspectos climáticos, es importante esta alternativa energética, porque colabora en la reducción de emisiones de anhídrido carbónico (CO2) que, en un 60%, corresponden al transporte. Agregó que la producción de este elemento es una novedad a escala global y que desde la cartera se trabaja para adquirir experiencia sobre los recursos naturales necesarios, las condiciones de producción, almacenamiento y transporte. “Uruguay tiene oportunidades, capacidades y ventajas competitivas en esto”, aseveró.
Según explicaron las autoridades, la base de esta segunda transición energética son las transformaciones concretadas en la última década, que permitieron a Uruguay descarbonizar, casi en su totalidad, su matriz eléctrica y alcanzar un 97% de participación de energías renovables. En ese sentido, la calidad, abundancia y complementariedad de los recursos eólico y solar del país permitirán alcanzar costos competitivos para la producción de hidrógeno a escala.
La estrategia del Gobierno se enmarca en las metas globales de descarbonización para el año 2050 y también la integran el Ministerio de Economía y Finanzas y el de Transporte y Obras Públicas. Además, le brindan apoyo técnico Ancap, UTE y el BID.
RUIZ NO FUE SANCIONADO
(El pais)
En una votación dividida, la Corte Electoral concluyó que el director social (en representación de los trabajadores) en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz, violó la Constitución al realizar campaña para derogar los 135 artículos de la LUC, pero resolvió no sancionarlo al entender que no hubo “dolo”.
El informe en mayoría, aprobado con los votos del Partido Nacional, el Frente Amplio y el presidente de la Corte, José Arocena, sostiene que las conductas denunciadas por el Comité Ejecutivo del Partido Colorado “están prohibidas por el numeral 4° del artículo 77 de la Constitución de la República, y encuadran en la conducta delictiva que dicha norma tipifica”, de acuerdo al texto al que accedió El País. De todos modos, se entendió que “no se configura en el caso la culpabilidad del imputado por ausencia de dolo, y en consecuencia, corresponde eximirlo de aplicación de pena”. Los dos ministros del Partido Colorado en la Corte concluyeron que había que sancionar a Ruiz y quedaron en minoría.
En su informe, los colorados señalan que Ruiz “participó activamente de la campaña proselitista por el Sí” contraviniendo “de manera clara e inequívoca la prohibición establecida por el artículo 77 numeral 4° de la Constitución de la República”. Para pedir una sanción sostienen que: “Que no basta para eximirse de su responsabilidad, con afirmar que su actuación estuvo sustentada en la convicción de no estar contraviniendo la citada disposición constitucional, sino que debe demostrarse que se adoptaron por su parte todas las previsiones destinadas a despejar cualquier duda que pudiera caber al respecto”.
A diferencia de la mayoría de la Corte, argumentaron que hubo “intención de realizar actos de naturaleza proselitista” por parte del jerarca del BPS, por lo que se debe considerar el “dolo”.
NO RENOVARÁ CONTRATOS
(ANCAP)
Ancap informó que en una reunión convocada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) se anunció “a las empresas distribuidoras de supergás Acodike, Ducsa, Megal y Riogas, que entre agosto y noviembre de este año se desarrollará un proceso competitivo para el alquiler de las plantas de envasado en La Tablada”.
El ente dijo que, desde su construcción, las plantas propiedad de Ancap han sido operadas por las distribuidoras de Acodike y Riogas a partir de contratos de alquiler “que también incluyen conceptos que regulan la relación entre los actores de la distribución de supergás”. En esta línea, Ancap consignó que los contratos referidos vencen en febrero de 2023 y “se busca que sean sustituidos por otros que promuevan condiciones sustentables y adaptables a las regulaciones que en el futuro establezca la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea)”.
“La convocatoria a ofertas para un nuevo período de alquiler de las plantas de Ancap, será complementado por otro procedimiento competitivo para asegurar el envasado de garrafas para Dusca”, informó Ancap.
El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, anunció que el objetivo del gobierno es que el mercado del supergás deje de estar en manos de Ancap y pase a ser controlada por la Ursea. Según el jerarca, se busca que la regulación pase a la Ursea para “hacer más eficiente” la cadena de producción de supergás y que Ancap sea solo un suministrador del producto.