La situación del Registro Civil y su impacto en el sector inmobiliario

Foto de Archivo.

Los trabajadores del Registro Civil estuvieron en conflicto en reclamo por la acumulación de problemas relativos al funcionamiento diario, demandas salariales y por falta de personal. La semana pasada, la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU), decidió levantar las medidas de paro que venían afectando el funcionamiento del Registro.
Al respecto, Daniel Frattin, secretario general de AFRU, comentó a EL TELEGRAFO que “Había una situación de conflicto en las 21 sedes del Registro Civil en el país. Estuvimos en conflicto hasta el jueves a la tarde. Era básicamente por varias cuestiones, particularmente dos puntos primordiales: uno de ellos tiene que ver con la crítica situación que nos toca atravesar en materia de recursos humanos, porque en 2014 éramos 600 funcionarios y hoy quedan 279 en todo el país y unos 100 se podrían jubilar a fin de año, por lo que se complicaría aún más el panorama. Hoy ya tenemos dos o tres registros que están complicados. Por ejemplo, en Paysandú quedarían solo dos”.
Y agregó que “en departamentos como Treinta y Tres hoy hay dos escribanos nada más. Rivera también está en una situación complicada: para dar una idea de lo que está pasando, una compañera de Tacuarembó va a dar una mano a Rivera. En Salto hay un funcionario que debe atender tanto Salto como Río Negro, y si seguimos mencionando casos la lista es interminable”.

El otro punto sobre el que se reclama es principalmente salarial y sobre todo referido a un monto importante que el Estado adeuda a los funcionarios: “En 2014 iniciamos un proceso judicial después de un gran paro. Le pedimos al gobierno de Mujica que nos contestara por el reclamo de una compensación que nos correspondía y esperamos tres meses para obtener un no; esperaron hasta después de las elecciones de 2014 para decirnos que no. De 2014 a 2021 estuvimos en juicio por este tema de la compensación. En octubre de 2021, el gobierno actual prometió que a partir de enero de 2022 iban a pagar la diferencia, porque el Estado fue obligado a compensar: pagar hacia atrás e incluir en el salario lo que fue mal compensado. En enero y febrero no se cobró, le dimos al gobierno hasta el mes de mayo, pero aun no ha pagado” sentenció Frattin.

“El actual gobierno se comprometió a pagar la condena a futuro: el porcentaje de aumento incluirlo en el salario. Dijeron que a partir de enero empezamos a pagar el salario con ese incremento. Nosotros recaudamos dinero, pero más del 90% se lo lleva rentas generales. La DGR (Dirección General de Registros) en el 2021 recaudó 25 millones de dólares, pero sólo para funcionamiento, la DGR puede gestionar cerca del 4% de esa recaudación”, dijo.
El dirigente recordó que la crisis del Registro Civil tiene larga data: “En el gobierno de Mujica se hicieron dos importantes recortes presupuestales. La situación del registro viene mal desde 2010, se acentuó en 2014 y sobre 2019 y 2020 se empezó a complicar más, porque durante la pandemia muchos compañeros decidieron jubilarse. El ultimo ingreso de funcionarios que tuvimos fue en 2016 e ingresaron 20 personas entre administrativos y escribanos”.
Con respecto al ingreso de funcionarios para paliar la situación, agregó que “El MEC se compromete a los llamados de ascenso, pero como no tenemos posibilidad de incorporar gente, hoy le encontramos la vuelta para adelantar los concursos de ascenso. Al ascender los compañeros esto permite que hacia 2023 se liberen cupos para nuevos ingresos, porque quedan libres los grados más bajos para poder hacer llamados de ingreso. Eso permitiría la contratación de entre 30 y 35 compañeros nuevos para todo el país. El plantel de informática está en caída, porque los sueldos no compiten con el sector privado. Esto es importante no sólo por la situación misma del Registro, sino porque en algunas dependencias hay archivos de compraventa históricos que corren peligro por problemas edilicios, por la humedad y los roedores. Archivos con firmas de figuras políticas históricas. Eso por la falta de recursos está en riesgo”. Y cerró diciendo que “Está solucionado el conflicto, pero vamos a vigilar el cumplimiento de los acuerdos”.

Preocupación del sector inmobiliario

Desde el sector inmobiliario en Paysandú afirmaron que no es la primera vez que tienen este tipo de problemas: “Cada vez que hay un conflicto queda todo trancado, no se puede hacer una operación si no están los funcionarios registrales trabajando. Especialmente cuando hay negociaciones presupuestales es claro que va a haber conflicto. Se crean atrasos largos en todas las operaciones. No se pueden pedir certificados ni nada. La comercialización queda toda trancada, uno va a comprar una casa y no sabe si está endeudada, si es el dueño el que dice ser. No sabés a realmente a quién le estás pagando. La llave de toda esta negociación la tiene el Registro. Es el que te da los datos” comentó un operador del sector.
Y agregó que “es una situación que lamentamos y esperamos que se resuelva de la mejor manera, porque también es cierto que hay un deterioro en el servicio que brinda el Registro Civil desde hace varios años. Quienes trabajamos en esto sabemos de primera mano cómo es la situación”.
Desde algunos estudios jurídicos se afirma que, a pesar de que en Paysandú la situación no ha sido tan grave como en otras partes del país, sí ha generado contratiempos: “por poner un ejemplo, una de las tantas cosas en las que trabaja un estudio es en la reinscripción de embargos. Si queremos saber quién es el deudor de una propiedad tenemos que pedirle al registro. A los que se les complica más el trabajo es a los escribanos, porque ellos tienen que estar pidiendo las escrituras hasta 24 horas antes de llevar a cabo la operación, y si el registro no te puede brindar esa información todo el proceso se atrasa”.