En los últimos días se ha generado una fuerte polémica en nuestro país a raíz del proyecto inmobiliario de construir una isla artificial frente a la ciudad de Montevideo y a la altura del barrio de Punta Gorda bajo la denominación MVD 360. De acuerdo con lo informado por el diario “La Diaria”, el pasado 6 de junio, “la Intendencia de Montevideo (IM) comunicó este lunes su rechazo a la viabilidad del proyecto privado MVD 360 para la construcción de una isla artificial de 36 hectáreas a la altura de la rambla de Punta Gorda. La iniciativa, que comprende también un puerto deportivo y un puente de 450 metros, fue aceptada semanas atrás en una resolución firmada por el presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), José Luis Falero. En una rueda de prensa, el director de Planificación de la IM, Luis Oreggioni, afirmó que “el emprendimiento no es viable” por una “cuestión de equilibrio planificador”.
Por su parte, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), emitió con fecha 8 de junio del presente año un comunicado que se encuentra disponible en la página web de esa organización gremial, basado en que la misma entendió que necesario realizar algunos comentarios como forma de aportar a la discusión colectiva sobre el tema. Entre otros conceptos, la SAU considera que “la propuesta de la isla MVD 360 no representaría una innovación. Más bien refiere a la copia de un modelo que se transfiere desde otros países con realidades muy diferentes, tanto sociales como económicas que lejos de aportar al mejoramiento de los problemas de Montevideo, más bien puede empeorarlos y generar otros. El decreto presidencial, al argumento del beneficio de la inversión privada y la generación de empleo, solo agrega –sin especificar mayores fundamentos o fuentes especializadas– que el emprendimiento será de beneficio para Montevideo y su paseo costero, lo cual resulta al menos dudoso”. Asimismo, la gremial de los arquitectos destaca que “la población de Montevideo no solo no crece, como sucede en todo el país, sino que particularmente puede registrar en un futuro inmediato tasas negativas. Salvo que se piense en importar población, un emprendimiento radicado en un solo punto de la ciudad determinaría un corrimiento de población que hoy habita en otros lugares, con el consiguiente perjuicio en la calidad de vida y sostenibilidad económica para las zonas que se abandonan”. Dos breves reflexiones se imponen en relación con las conclusiones de los arquitectos. La primera es que el invocado “corrimiento de población que hoy habita en otros lugares” es un fenómeno multicausal (seguridad, vida saludable, espacios verdes) y que se aplica a varias de las obras realizadas por la Intendencia de Montevideo desde el año 1990 por el gobierno nacional en el período 2005-2020. Además es absurdo: con esa lógica hace rato se tendría que haber terminado con el “déficit habitacional” que hace 30 años se mantiene en el “número mágico” de unos 80.000 hogares, como indican las organizaciones sociales, desde que en este lapso se han superado con creces esa cantidad de viviendas para atender esa demanda. La segunda es que resulta llamativa el reclamo de “mayores fundamentos o fuentes especializadas” sobre la creación de empleos en una gremial que se relaciona con la construcción. ¿Quién mejor que los arquitectos para evaluar ese tipo de impacto? ¿Los escribanos? ¿Los ingenieros químicos?
De acuerdo con sus estatutos, la SAU (fundada el 22 de mayo de 1914) tiene por fin, entre otros, los siguientes: “propiciar el mejoramiento y desarrollo de la arquitectura en el Uruguay” y “manifestarse en cuestiones sociales de relevancia”. El comunicado antes mencionado podría entenderse como una acción cumplida de acuerdo con los fines gremiales de la institución, tal como sucede con otros gremios de distinta naturaleza (sindicales, empresariales, profesionales, etcétera). En ese contexto, los arquitectos hacen referencia a una iniciativa impulsada por el gobierno nacional (a quienes se oponen), coincidiendo con la postura adoptada por el gobierno departamental de Montevideo. En realidad, no es la primera vez que la SAU se opone a iniciativas impulsadas por gobiernos del Partido Nacional y en eso los sanduceros tenemos experiencia, ya que como lo informó en su momento el diario “La República” el pasado 15 de febrero, “La Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) manifiesta su ‘preocupación’ ante el anuncio de la Intendencia de Paysandú de contratar en forma directa al estudio internacional de arquitectura Office for Metropolitan Architecture (OMA)”, por un monto de un millón de dólares, para la confección de un “Masterplan y proyecto edilicio emblemático para el borde costero de la Ciudad”, como resultado de una convocatoria privada, limitada a estudios preseleccionados directamente por el gobierno sanducero. En ese mismo comunicado la SAU cuestionó la transparencia de la Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) al reivindicar “la necesidad de la convocatoria pública en los llamados a contratación de profesionales, sean ellos abiertos o por invitación, como un imperativo inexcusable en estas escalas de intervención en el territorio, siendo además para la administración pública un resguardo de transparencia que fortalece su gestión”. Una acusación tan grave como infundada que finalmente no fue respaldada con documentos o acciones posteriores por parte de ese gremio profesional. Doce días después, el 27 de febrero del presente año, nuestro diario publicó un comunicado de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay Delegada Paysandú en la cual se hace mención a las reuniones mantenidas ente la gremial de arquitectos sanduceros y la IDP, echando por tierra las sospechas y acusaciones veladas de los arquitectos montevideanos contra las autoridades de nuestro departamento. Concretamente se menciona que “la S.A.U. Delegada Paysandú fue invitada por parte de la I.D. de Paysandú a participar como actor local relacionado con la temática, para aportar sugerencias inherentes al Master Plan” y que se comunicó desde el comienzo el intercambio de comunicaciones con la I.D. de Paysandú a directivos de la SAU nacional, de lo que ocurría en Paysandú en relación a este tema”. Como se dice actualmente, “dato mata relato”.
La oposición de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay en relación con la iniciativa MVD 360 tampoco resulta una actitud nueva frente a obras que han marcado históricamente el paisaje ciudadano de nuestro país pero que en su momento generaron fuertes polémicas y enfrentamientos por parte de aquellos que siempre tienen un problema para cada solución. El ejemplo del edificio del Palacio Legislativo (hoy reconocido y admirado en forma unánime) o la Torre de las Comunicaciones de Antel (cuya necesidad y derrame urbanístico en la zona ya nadie discute) son claros ejemplos que deberían ser tenidos en cuenta por quienes viven en con el palo en la mano esperando que se les cruce alguna rueda por delante. Hijos de la educación pública en su gran mayoría y con ingresos y jubilaciones que superan la media de los trabajadores uruguayos, los arquitectos montevideanos parecen olvidarse de los cientos o miles de puestos de trabajo que genera la industria de la construcción de nuestro país.
En esta ocasión, como sucedió en el caso de OMA y el Master Plan de Paysandú, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay “le erró al biscochazo”. Al fin y al cabo, a pesar de ser profesionales universitarios, los arquitectos montevideanos también se equivocan.